Hoy se cumplen dos años de la jornada de desobediencia civil que marcó un antes y un después en la historia contemporánea venezolana, donde pasó mucho y a la vez todo sigue siendo igual.
Han pasado dos años desde la jornada que fue un ejemplo de civismo, organización y desobediencia civil. El proceso electoral daba esperanzas en un momento en el que ya se señalaba abiertamente que Venezuela vivía una dictadura y un quiebre institucional.
El 16 de julio fue un evento modélico en la historia venezolana y ¿por qué no? latinoamericana, fue civil, pacífico, ampliamente democrático y dejó en claro que no era necesaria que la institución castrense vigilase los centros electorales como lo venía haciendo desde 1960 cuando la guerrilla comunista amenazaba a la democracia venezolana.
Fue así como se llevó a cabo una jornada histórica que llenaba de esperanzas a los venezolanos y recordaba que el poder civil está por encima de la represión y cualquier intento de control militar. Ese 16 de julio de 2017 se desconoció al Poder Electoral y Judicial pues ya se hablaba de ruptura de hilo constitucional. Y a pesar de ataques, sobre todo en sectores populares de la capital, el proceso se llevó a cabo con normalidad, en Venezuela y el exterior.
La fecha tuvo el aval de garantes y pudo ser observada por expresidentes del continente, monitoreada por medios de comunicación, aunque el chavismo no lo tomó como una consulta constitucional, legal, pues no era vinculante, aunque sí era legítima porque expresaba la voluntad de la ciudadanía y le daba voz al soberano.
El 16 de julio se fundamentó en la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana.
El artículo 333 reza: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Mientras que el artículo 350 señala: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
En la noche en un tiempo récord se conocían los resultados. Venezuela sabía que de una población de 30.825.782 y de una población electoral de aproximadamente 19 millones de personas, 7.676.894 habían ido a la consulta popular y 7.535.259 habían apoyado la consulta. Apenas 192.766 menos que en las elecciones que le dieron el triunfo parlamentario a la oposición en 2015.
Las preguntas planteadas eran un clamor popular en el segundo gran año de protestas generalizadas que vivía Venezuela-2017 después de 2014-. Las tres interrogantes de la consulta eran:
1- ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
98,64% votos a favor y 0,12% en contra. La constituyente sigue siendo rechazada pero sesiona en el mismo Palacio Federal Legislativo e intenta socavar el poder de la Asamblea Nacional.
2- ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
98,82% votos a favor y 0,13% en contra. Los funcionarios públicos civiles o militares siguieron plegados al chavismo y solo pocos –la más significativa la Fiscal Luisa Ortega Díaz en 2017 y ahora Manuel Cristopher Figuera en 2019- se han desmarcado.
3- ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?
98,93% votos a favor y 0,15% en contra. Los poderes públicos no fueron reestablecidos ni hubo elecciones libres, de hecho es una de las solicitudes que sigue haciendo el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, presidente interino de la República reconocido por 56 países.
Dos días después, el 18 de julio de 2017, la Asamblea Nacional de la República publicó un acuerdo sobre los resultados de la histórica fecha en rescate de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos.
El Parlamento aprobó un informe final sobre los resultados. Se fundamentó en los artículos 5, 62, 70 y 187 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El texto ratificó el desconocimiento de la constituyente a la que calificó como ilegítima.
“La fraudulenta constituyente no es resultado de la consulta popular al pueblo venezolano, único y exclusivo titular de la soberanía popular y depositario del poder constituyente. Todos los actos de ese fraudulento proceso, al ser resultado de la usurpación de la soberanía popular, deben reputarse como inexistentes de conformidad con el artículo 138 constitucional”, señala el texto.
Exigía que todos los funcionarios públicos y la Fuerza Armada desconocieran toda orden contraria a los derechos humanos y colaboraran en el restablecimiento de la Constitución. Se basa en los artículos 7, 25, 136 y 333 de la Constitución de 1999. El texto señala que la Fuerza Armada estaba obligada a no colaborar con el Poder Electoral en la elección constituyente, algo que finalmente no pasó.
Indica que se tomarían todas las medidas constitucionales necesarias para restablecer la Constitución como ordena el artículo 333. Se renovarían los Poderes Públicos y se generarían condiciones que permitieran elecciones libres y transparentes, para conformar un gobierno de Unión Nacional. Esto tampoco ocurrió.
Además afirmó: “Esta Asamblea Nacional atenderá a los principios enumerados en el artículo 5 del Acuerdo aprobado el 5 de julio de 2017, esto es, la supremacía de la Constitución, el imperio de la Ley, el pluralismo político, las garantías para la convivencia pacífica, la preeminencia de los derechos humanos y la justicia social”.
El acuerdo estuvo firmado por Julio Borges y Freddy Guevara, ambos perseguidos por el chavismo, el primero embajador ante el Grupo de Lima y el segundo asilado en la embajada de Chile.
El 16 J es una fecha que para muchos queda en el olvido en un país donde es difícil recordar qué pasó hace una semana. Sin embargo, y a pesar de que se considere que no tuvo un efecto importante, atrajo la atención mundial hacia Venezuela. La jornada fue un cambio respecto a las sangrientas protestas en las que el régimen chavista lanzó su furia y provocó más de 125 fallecimientos confirmados, miles de heridos y poco más de 3.000 detenidos.
Sin duda, a lo externo, sin el 16 J la coalición internacional que apoya al hoy presidente interino Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional que se opone al régimen de Nicolás Maduro, no se hubiese amalgamado de una forma tan determinante como con una cifra tan contundente como la mitad del electorado venezolano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que impondría sanciones económicas si se atacaba la democracia con la Constituyente, como finalmente sucedió. La Organización de Naciones Unidas hizo un llamado de respetar a la ciudadanía y sus deseos. La Unión Europea también expresó que se debían hacer gestos políticos para evitar la polarización del país.
Las naciones del continente también expresaron su satisfacción por la jornada e instaron a negociar con la oposición. La negativa del Ejecutivo de Maduro dio paso a la creación del Grupo de Lima y a las acciones internacionales, como los apoyos en la Organización de Estados Americanos que llevaron a la exclusión del régimen de Maduro y al ingreso del gobierno venezolano reconocido internacionalmente, el de Juan Guaidó.
La fecha fue uno de los orígenes para crear una coalición de países que apoyaron los esfuerzos de los venezolanos. Asimismo, desmitificó la antigua propaganda chavista de que los venezolanos estaban de acuerdo con el chavismo. Solo evidenciado en el descalabro parlamentario de 2015 y la frustrada llamada a referéndum revocatorio de 2016. También reafirmaba que el país deseaba un modelo alterno al del socialismo del siglo XXI.
Sectores dispares de oposición fueron capaces de solventar sus diferencias. Ciertamente 14 días más tarde el chavismo daría un golpe de gracia a las aspiraciones democráticas en Venezuela. Con la gestación del «poder constituyente» y la «democracia directa» chavista. Así socavó al Parlamento y mantuvo al país por 17 meses en un proceso de anomia y destrucción acelerado en lo político, económico y social.
Sin embargo, la jornada de julio impulsó el desarrollo de una plataforma unitaria que se asemejara a la de 2015 (derruida tras el diálogo de 2016). Esa plataforma sirvió para de reunir esfuerzos y que, en enero de 2019, apoyó el interinato de Juan Guaidó como respuesta a la usurpación de Maduro.
Muchos grupos muy vocales señalan que nada cambió y de nuevo se está en una negociación que permite oxigenar al régimen de Maduro. Sin embargo, es notorio, no solo la presión internacional. También el deterioro institucional, económico y político del país, pone en peligro la estabilidad de la región. La posibilidad de un Estado fallido tan cerca de Estados Unidos deja en claro la necesidad de una solución pacífica y democrática para Venezuela.
Probablemente no haya humo blanco, o como Moisés no se bajen con las tablas de la ley de Noruega o Barbados. Pero sin duda el movimiento civilista se unió esa fecha, se constituyó y aún demanda un cambio. Asimismo, la rebeldía persiste.
La desobediencia está, lo civil está. Falta saber quien la canaliza, si se impone la dictadura o la añorada democracia institucional, representativa y liberal.
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