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Abogado Berro denunció aislamiento durante detención por FAES

El abogado Jesús Alberto Berro es el noveno profesional del derecho en el Táchira que es llevado a prisión, convirtiendo el ejercicio laboral en una actividad de extremo riesgo

Abogado Berro denunció aislamiento durante detención por FAES

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) liberaron al abogado Jesús Berro luego de una semana en procedimiento en su bufete ubicado en San Cristóbal, estado Táchira.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a Berro mientras asistía profesionalmente a Luis Sulbarán y Jesica Zambrano, en un caso de apropiación indebida calificada, contra Mario Alcedo y su esposa Sandra Ortiz de Alcedo, en donde las victimas reclaman la suma de 300 millones de bolívares.

Al salir en libertad, el jurista relató que cuando los funcionarios de las FAES ingresaron al bufete fueron conminados a deponer la actitud y se les dio a conocer el precedente y la utilización que hizo del Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS), Mario Alcedo Sánchez, acusado de apropiación indebida calificada.

«Mario Alcedo extrae un sobre amarillo de un bolso, lo pone encima de mi escritorio. Todo lo tenían programado. Hacen uso de funcionarios desde un primer  momento. Alardea de tener afinidad con el protector del Táchira, con el jefe de las FAES, e incluso dice ser coronel retirado de la promoción del General, Padrino López», señaló Berro.

Agregó: «No sé si esto lo hace con la finalidad de protegerse y no quiero pensar que estas personas estén ligadas a este ciudadano para hacer atrocidades».

Órdenes del Ministerio Público

Al momento de ingresar la comisión policial a la oficina del abogado, se notificó que la actuación la cumplían por estrictas órdenes del Fiscalía 33 del Ministerio Público con sede en San Antonio del Táchira, a cargo del abogado Carlos Morales Diques, quien pidió autorización a un Tribunal de Control Penal y a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Táchira, para allanar el inmueble y para que se le detuviese.

Después, desmintieron la información, tanto por la presidencia del circuito judicial como por el tribunal de control, detalló Berro.

Se conoció, -dijo el abogado-  de la destitución del representante del Ministerio Público Carlos Morales Diques, a raíz del procedimiento.

De acuerdo al abogado Berro, el ex fiscal 33, fungió en su caso como “un autor intelectual, determinador” y realizó toda la maniobra de generar una especie de entrega controlada con una especie de paquete chileno para simular una extorsión.

Libertad Plena

La jurisdicción penal mantuvo sindéresis, sostuvieron estricto apego al derecho, desestimaron absolutamente la imputación por no tratarse de un hecho que revistiera carácter penal, decretaron la libertad plena y la nulidad absoluta de todas las acciones por conculcar derechos humanos y fundamentales, informó el abogado.

Remitieron las actuaciones a la fiscalía 20 del Ministerio Público, encargada de investigar a los funcionarios que desvían su conducta.

Ante esta situación, el jurista precisó que ejercerá una querella penal en contra del ex fiscal Carlos Morales Diques, por privación ilegitima de libertad, violación de domicilio, simulación de hecho punible, acto calumnioso, valimento, difamación e injuria.

Jesús Berro es el noveno profesional del derecho en el Táchira detenido.

“Estamos en un estado de sospecha generalizada. Hacer actividades de tipo jurídico representa la cercanía con actividad delictivo, de acuerdo a estos personeros. Esta situación no solo se padece, también se psicosomatiza porque se trata de la negación de nuestros derechos que a diario en la profesión se invocan, aplican y exigen”, indicó.

Incomunicado

Berro estuvo incomunicado, inmovilizado, aislado y no tuvo acceso a la llamada telefónica que es obligatoria en toda regla de actuación policial. No tuvo comunicación con sus abogados, lo que de alguna manera reporta un tipo de maltrato, dijo el jurista.

La detención del profesional del derecho estuvo rodeada de ilegalidades. Las FAES le incautó teléfonos celulares, computadoras y llevaron a sus dos hijos y las dos nueras, también abogados, a la sede del FAES en San Cristóbal.

“Les hice saber que los bufetes de abogados no se pueden allanar; y que en caso de que se hiciera debían presentar una orden de visita domiciliaria ordenada por un tribunal y no la presentaron. Cuando pregunté en que condición me encontraba, responde que estaba detenido pero tampoco me entregaron la orden detención”, señaló.