Venezuela

Abogado cumple 9 meses preso en Yare III por defender a estudiantes

El caso de Marcelo Crovato mantiene preocupado a todo el gremio, pues fue arrestado mientras prestaba sus servicios durante un allanamiento a unos manifestantes, en el municipio Chacao. 

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Una soga amarrada a los barrotes de una ventana en la cárcel. El revuelo de los presos. Carreras, empujones. Entran a la celda y logran evitar que una persona se afane esa bendita cuerda al cuello y se ahorque.

Se trataba de Marcelo Crovato, un abogado que está detenido en la cárcel Yare III, en el estado Miranda. El caso de este jurista mantiene preocupado a todo el gremio, pues fue arrestado mientras prestaba sus servicios durante un allanamiento a unos manifestantes, en el municipio Chacao.

Sin orden de aprehensión la fiscal Francis Ávila, presente en dicho procedimiento, ordenó su detención el 22 de abril de 2014. Los cargos que le imputaron al abogado fueron asociación para delinquir, instigación a la desobediencia de las leyes y obstrucción de la vía pública.

Por otra parte, las personas a las que estaba asistiendo Crovato, fueron denunciadas por los llamados «patriotas coorperantes», los cuales son denunciantes anónimos, procedimiento que no está permitido por el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Cabe destacar que, nuestro ordenamiento jurídico, no permite la denuncia anónima. El artículo 268 del COPP deja claro que el denunciante debe quedar identificado, con dirección de domicilio o residencia y, además, debe firmar la denuncia.

El 22 de enero de 2015, Marcelo Crovato cumplió nueve meses privado de libertad. Fue detenido sin orden judicial y sin haber sido aprehendido en flagrancia, sin denuncia ni investigación por parte del Cicpc o la Fiscalía.

En los tribunales se continúa con la transgresión de sus derechos, pues en estos nueve meses no se ha realizado la audiencia preliminar, en el juzgado 9no de control de Caracas.

Nuestras leyes indican que, pasados los 45 días que debe durar la investigación fiscal, luego de la audiencia de presentación, el juez de control convocará a una audiencia oral, la cual debe realizarse en un plazo no menor a quince días ni mayor a veinte.

La audiencia preliminar sólo podrá ser diferida en una oportunidad y, de ser así, la próxima citación al tribunal no podrá exceder de veinte días.
Sin embargo, Marcelo Crovato ha acudido ocho veces a tribunales para su audiencia preliminar y se ha encontrado con un tribunal sin despacho o la falta de asistencia de las otras partes que están siendo procesadas (estudiantes detenidos en el Rodeo). Nunca ha tenido acceso a su expediente.

Según el artículo 127, numeral 7 del COPP, donde se esgrimen los derechos del imputado, éste puede conocer el contenido de la investigación realizada (expediente) por el Ministerio Público, salvo que alguna parte haya sido declarada en reserva. De otra manera, cómo podría defenderse.

«Es impresionante la violación al debido proceso, al derecho a la defensa”, manifestó Alfredo Romero, abogado del Foro Penal Venezolano.
Romero indicó que se requirió medida humanitaria porque Crovato tiene cáncer de piel, problemas traumatológicos y deben operarlo, se intentó suicidar y bajó 25 kilogramos.

Además, tiene problemas psicológicos y eso está sustentado en un informe de medicina forense de la Fiscalía, que dice que debe ser llevado a un centro asistencial y eso no ha ocurrido.

Durante su permanencia en Yare III, Crovato solo en su celda amarró una soga en la ventana e intentó ahorcarse. Otros reclusos se percataron de lo que estaba ocurriendo y lograron detenerlo.

Esta posibilidad de intentar quitarse la vida era conocida por el Ministerio Público, en virtud de un examen médico forense realizado por un psiquiatra adjunto a esa dependencia, el 22 de octubre de 2014, y remitido el 5 de noviembre de 2014 a la Juez 9na de control Denisse Bocanegra.

En dicho informe, se recomendó expresamente que se iniciara un tratamiento con psicofármacos de tipo antidepresivos y ansiolíticos en un centro hospitalario.

«El Estado está obligado y así está establecido en los protocolos, a llevarte a un centro de asistencia para al menos sedarte, para que no intentes nuevamente el suicidio», dijo Romero.

El 5 de agosto de 2014, la defensa de Crovato solicitó a las sala cuatro de la Corte de Apelaciones de Caracas, que exigiera al tribunal se pronunciara sobre la petición de una medida humanitaria para el imputado. Esta acción fue ratificada el 19 de noviembre de 2014. Ni la corte ni el tribunal han dado respuesta y Crovato sigue preso.

En esta causa el retardo procesal no cesa, el 15 de diciembre los abogados de Crovato introdujeron un amparo en dicha Corte, debido al silencio del tribunal 9no de control y su omisión en cuanto a la decisión.

Para Romero es un esquema sistemático de utilización del retardo procesal para castigar a personas. Agregó que Amnistía Internacional pidió su liberación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado venezolano información sobre este caso y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas conoce lo que está sucediendo con Crovato.

El miembro del Foro Penal manifestó que lo que está sucediendo con los dictámenes de la ONU, es lo que ocurrió con las decisiones de la CIDH. El Estado venezolano no cumplió con las sentencias de dicha corte.

Para Romero el gobierno está encaminado a apearse de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Se preguntó: «cómo lo harán? Eso implicaría convertirse en una isla alejados de todo el sistema mundial y declararse en un estado contumaz».
Paradójicamente, Marcelo Crovato fue director de la cárcel de Yare I, en el estado Miranda.

Elky Arellano es la esposa de Crovato. Manifestó su dolor por la situación que atraviesa su familia. Para el momento de la entrevista con Elestimulo.com, Elky llegaba de buscar a sus dos hijos en la escuela: uno de ocho y otro de cuatro años de edad.

«Lo que siento es un profundo dolor porque ya ha pasado tanto tiempo y mis hijos no han podido ver a su papá. Teníamos la esperanza de tal vez poder estar juntos el domingo que cumple años mi hijo mayor y lamentablemente no se va a poder porque este 27 de enero volvieron a diferir la audiencia por octava vez».

Arellano contó que su esposo trabajaba de forma independiente. «Por su puesto ya no hay el ingreso y perdió los clientes».
Al preguntársele cómo ha hecho para subsistir, Arellano afirmó: «Imagínese, yo estoy aquí viviendo de la ayuda que me puedan prestar mis familiares y amigos, así estoy viviendo«.

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