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ACNUDH, OEA, CDH-Ucab y AI: 5 informes sobre más violaciones a los derechos humanos de los venezolanos

Todos los informes evidencian los daños a la dignidad que se siguen perpetrando en Venezuela y que, por inadvertidos o poco visibilizados, se vuelven normalidad en la nueva realidad. 41 recomendaciones es el total de estas publicaciones. Seguirlas es el reto

ACNUDH, OEA, CDH-Ucab y AI: 5 informes sobre más violaciones a los derechos humanos de los venezolanos

No solo el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas reflejó la persistencia y la impunidad de violaciones de los derechos humanos a los venezolanos.

Un informe previo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya advertía los primeros hallazgos. Dos informes de la Organización de Estados Americanos reflejaron la situación precaria de los migrantes y retornados venezolanos. Otro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello” advirtió la situación de los Puntos de Atención Social Integral y, recientemente, el informe de Amnistía Internacional precisó las violaciones en los centros de cuarentena en Venezuela.

Todos los informes evidencian los daños a la dignidad que se siguen perpetrando y que, por inadvertidos o poco visibilizados, se vuelven normalidad en la nueva realidad.

Cuarenta y una recomendaciones es el total de estas publicaciones. Seguirlas es el reto que, aunque crítico, debe tener todos los esfuerzos para garantizar el libre goce y ejercicio de los derechos humanos de cada uno de los venezolanos.

1. Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el 15 de julio de 2020 describe la situación general de los derechos humanos en Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020.

En cuanto a la independencia del sistema judicial, el informe señaló la identificación de “varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial”: inseguridad en la titularidad de los jueces, inexistencia de un proceso transparente para su designación, destitución sin debido proceso, presión e interferencia política ejercida sobre ellos, así como restricciones a la libertad sindical y precarias condiciones de trabajo.

acusaciones

Foto de archivo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, con Nicolás Maduro / AFP

El texto, además, advirtió la violación de los derechos humanos a los familiares de las víctimas de la represión ante los obstáculos para el acceso a la justicia.

En cuanto a las violaciones de los derechos económicos y sociales, la publicación precisó la falta de respuestas oportunas y adecuadas, ausencia de acceso a información pública esencial, así como de procesos judiciales y medidas de protección efectivas centradas en la defensa de las víctimas. El mismo escenario fue encontrado en las investigaciones de casos relativos a violencia sexual y de género.

Paralelamente, el ACNUDH halló insuficiente la organización y regularización de la actividad minera en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

Además de vulnerar el derecho fundamental de los pueblos indígenas, la expansión de la minería, evidenció un patrón de explotación laboral de los mineros, trabajo infantil, control de actividades mineras por grupos criminales y armados, y participación de las fuerzas de seguridad en algunos incidentes violentos. Las denuncias por trata de personas y prostitución forzada se encuentran en verificación.

Mina de El Callao. Foto: El Carabobeño

Mina de El Callao. Foto: Cortesía El Carabobeño

Veintiún recomendaciones bajo un enfoque basado en los derechos humanos son los llamamientos al gobierno venezolano.

2. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos

El informe de la Oficina de la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos publicado en julio de 2020 arrojó la cifra actual: 17% de la población venezolana ha huido del país, es decir, 5.2 millones de venezolanos, a razón de 5.000 diarios. Esto por cinco factores: crisis humanitaria, colapso económico, violación de derechos humanos, colapso de los servicios públicos y violencia generalizada.

El dato fue puesto en el contexto global y resulta aún más alarmante: el flujo de migrantes y refugiados venezolanos solo es superado por Siria tras sus ocho años de guerra. Sin embargo, en los países receptores de venezolanos, las ayudas recibidas son menores a $300 per cápita, lo cual refleja que un venezolano vale veinte veces menos que un sirio.

La publicación mostró, además, la ruta terrestre emprendida por los caminantes a lo largo del continente suramericano con referencias comparativas en distancias europeas y estadounidenses.

Crisis venezolana recibió más de 656 millones de dólares carabobo

Los migrantes avanzan a pie por varios países andinos / Foto de archivo AP

El pronóstico advertido: “De no haber una solución política, económica y social al corto plazo, se estima que en 2020 habrá más refugiados venezolanos que sirios”.

3. El espejismo del retorno. Violaciones a los derechos humanos de los retornados a Venezuela durante la pandemia de covid-19

El segundo informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello” publicado en agosto de 2020 fue uno de los primeros en advertir el drama de los retornados en medio de la crisis humanitaria compleja de Venezuela de la cual huyeron.

El texto es un seguimiento de campo minucioso concentrado en las experiencias y en la deficiencia de los Puntos de Atención Social Integral (Pasi). Dicho seguimiento fue realizado en alianza con el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Así mismo, la publicación presentó un análisis de las razones y expectativas de los retornados frente a los procesos sin medidas que garanticen el disfrute de sus derechos en el marco de la emergencia sanitaria y de los tratados de derechos humanos, civiles y políticos.

frontera

Migrantes venezolanos esperan un bus que los llevará hasta la frontera en Cúcuta o Arauca para retornar a Venezuela. Foto de archivo

Entre las reflexiones finales destaca la perspectiva del flujo de venezolanos: “no solo volverán a salir los retornados, y quizás con compañía, sino que hay otra cantidad considerable de personas cuyos planes de salir se vieron temporalmente suspendidos por la emergencia ocasionada por la pandemia”.

4. Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto de la covid-19

El informe publicado por la Comisión coordinada por David Smolansky en septiembre de 2020 contiene un seguimiento de las violaciones al ordenamiento jurídico de Venezuela, al derecho internacional de los derechos humanos.

En el texto se advirtieron las arbitrariedades del gobierno de Nicolás Maduro hacia los venezolanos que buscan retornar al país en el contexto de la pandemia como los impedimentos fronterizos y la negación de los vuelos humanitarios y de repatriación, lo cual constituye la violación del retorno y el libre tránsito en el país de origen, según lo establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

96 nuevos contagios de COVID-19 derechos humanos

Los refugios para que los migrantes retornados cumplan su cuarentena han sido criticados por las condiciones de hacinamiento. Foto de archivo

Así mismo, la publicación alertó sobre las acciones “para estigmatizar, discriminar y criminalizar a las personas que retornan, violando el derecho a la honra, al reconocimiento de la dignidad humana y al respeto de su vida privada, de su familia y de su domicilio”. Con esto, también señaló el sometimiento de los venezolanos a situaciones de precariedad sanitaria que aumentan las posibilidades de contagio.

Seis recomendaciones al gobierno para garantizar el retorno seguro a casa de los connacionales en vulnerabilidad manifiesta esperan a ser cumplidas.

5. Cuando la protección se vuelve represión. Cuarentena obligatoria durante covid-19 en las Américas

El informe publicado por Amnistía Internacional en septiembre del 2020 es el resultado de una investigación inicial que evidencia la necesidad de evitar que las autoridades recurran a “métodos coercitivos, punitivos y discriminatorios en la implementación de medidas de salud pública”. La publicación es, además, una petición a las autoridades de medidas preventivas sobre la base del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y las directrices vigentes de la Organización Mundial de la Salud.

Si bien la publicación no está dedicada a Venezuela, se mencionaron los 105 centros de cuarentena en los estados fronterizos, bajo la custodia de las fuerzas armadas, la policía y, en algunos casos, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ―todos implicados en políticas de represión y posibles responsables de crímenes de lesa humanidad―.

Estos centros, pese a haber recibido a 90.000 venezolanos para finales de agosto, según las cifras del gobierno, no cuentan con las adecuadas (agua, comida, artículos de higiene personal y bioprotección, y atención médica) para prevenir el riesgo de contagio.

Amnistía Internacional insistió en el texto que la “cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado representa en la práctica la privación de la libertad de una persona… Además, los gobiernos tienen la obligación clara de garantizar que las personas sometidas a cuarentena están recluidas en condiciones humanas con salvaguardias frente a los malos tratos y que no se las discrimine, pues, de lo contrario, su detención podría ser ilegal”.

Maduro derechos humanos

Venezuela es uno de los tres países estudiados para el informe en donde las cuarentenas obligatorias se han implementado bajo la dirección del Ministerio de Salud, pero aplicadas por las fuerzas armadas o policiales, lo cual “posiblemente hace que las detenciones sean arbitrarias”.

Quince recomendaciones al gobierno se resumen en: cuarentenas obligatorias claras y previstas en la ley, de duración limitada, con medidas humanas y empleadas como último recurso cuando otras medidas no hayan resultado exitosas o cuando el objetivo sanitario no pueda ser alcanzado con otras medidas.

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