Voceras del Centro para los Defensores y la Justicia y de la ONG Cofavic señalaron la desinformación y falta de transparencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro ante la amenaza del coronavirus, que se cierne sobre Venezuela
La opacidad y la falta de acceso a la información pública caracterizan en Venezuela el actual periodo de crisis sanitaria internacional por la propagación del coronavirus (covid-19), denunciaron en Ginebra activistas de derechos humanos.
«La ONU definió a Venezuela y Haití como países prioritarios en caso de que el coronavirus llegue, pero la opacidad y falta de acceso a la información pública dificulta conocer la realidad, si hay casos o no», dijo la directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero.
«La información de lo que podría ocurrir es muy opaca y, por eso, hay que entender las razones estructurales de la salida masiva de venezolanos, relacionadas con los problemas de acceso a la salud, a la educación, así como a los medicamentos», añadió Liliana Ortega, coordinadora de la ONG Cofavic, que mantiene un registro de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 1989.
Ambas representantes rindieron un informe en el que se analiza la situación de los defensores de los derechos humanos en ese país, elaborado en colaboración con la Organización Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra, y la Federación Internacional de Derechos Humanos, que funciona en París.
Ortega indicó que, ante la amenaza del coronavirus que se cierne sobre Venezuela, es hoy más importante que nunca «permitir que las organizaciones humanitarias trabajen sin interferencias para brindar auxilio a los venezolanos».
La crisis humanitaria en el país, recordó, incluye una serie de graves deficiencias en el sistema hospitalario y escasez de medicinas.
De acuerdo con el informe sobre la situación de los activistas venezolanos, cuya presentación coincidió con la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, durante 2018 y 2019 se documentaron más de cien ataques en su contra. De ellos, 60 fueron casos de intimidación, 32 de acoso, 12 de intimidación y 8 de detenciones arbitrarias.
«Todas las personas que tienen una voz crítica en defensa de los derechos humanos son consideradas enemigos internos del Estado», explicó Romero. Agregó que los activistas son catalogados de terroristas, traidores o agentes desestabilizadores de paz.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que también participó en la eleboración del informe, documentó más de 66.000 protestas ciudadanas entre 2011 y 2019 en Venezuela, reprimidas de manera sistemática.
El director del Organización Mundial contra la Tortura, Gerald Staberock, mencionó el caso de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, objeto de amenazas por denunciar la situación crítica del sistema de salud.
Staberock consideró que su caso es un ejemplo de la criminalización y del riesgo que corren todos aquellos que se atreven a criticar en voz alta al gobierno y a sus políticas.
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