Las autoridades de Curazao, territorio perteneciente al Reino de los Países Bajos, deben proteger a las personas que huyen de la crisis de derechos humanos de la vecina Venezuela y poner fin a las "espantosas condiciones" que sufren cuando llegan a la isla caribeña, afirma Amnistía Internacional (AI) en un informe que publica este lunes.
La organización de derecho humanos acusa a Curazao de cometer presuntas violaciones de derechos humanos contra personas procedentes de Venezuela, que corren el riesgo de ser detenidas y devueltas en infracción del derecho internacional. La ONG estima que hay entre 5.000 y 15.000 venezolanos que se encuentran en esa isla en situación migratoria irregular.
“Es una vergüenza que el gobierno de Curazao no haya establecido un procedimiento efectivo para solicitar asilo. En lugar de volver la espalda a quienes huyen de la grave crisis de Venezuela, las autoridades de Curazao deben garantizar los derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas que necesitan protección internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En lugar de proteger a quienes llegan desde Venezuela, el gobierno de Curazao ha elaborado una “estrategia de expulsión activa” con el fin de deportar a las personas en situación migratoria irregular. En 2017, las autoridades de Curazao expulsaron a 1.203 personas venezolanas de la isla, mientras que en los primeros cuatro meses de 2018 deportaron a otras 386.
Las condiciones de detención para los migrantes son «injustificables», añade AI que además denuncia hacinamiento, falta de intimidad, higiene deficiente en las zonas de ducha y aseo, y falta de ropa de cama adecuada en esos lugares. Varias personas dijeron a la organización que habían sufrido malos tratos en el momento de la detención o bajo custodia, incluida la proposición de hacer favores sexuales a cambio de compresas y jabón.
“Algunos guardias nos tratan como a animales”, dijo a Amnistía Internacional un hombre recluido en los calabozos policiales de Río Canario.
El informe destaca un caso en el que las autoridades pusieron a menores de edad al cuidado de un hogar de niños estatal mientras su madre estaba detenida.
“Estamos consternados ante las denuncias de malos tratos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos que se cometen durante las detenciones o bajo custodia. Las autoridades de Curazao deben poner fin de inmediato a estas prácticas y abrir investigaciones sin demora, imparciales, independientes y efectivas sobre cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos”, aseguró Guevara Rosas.
La ONG, además, cuestiona a las autoridades curazoleñas de ignorar una exhortación de la ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) de apoyar a los venezolanos que salieron de su país, necesitando protección internacional. Acusó a la isla caribeña de no conceder el derecho al asilo a muchos venezolanos.
“Llamé a la comisaría de policía para preguntar dónde podía pedir protección. El policía se rió y me dijo que no existía ese procedimiento”, dijo una mujer venezolana perteneciente a una organización humanitaria.
AI instó a las autoridades curazoleñas de establecer un procedimiento de concesión de asilo imparcial y efectivo. La organización instó realizar investigaciones sin demora, exhaustivas, independientes e imparciales de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante la detención de personas involucradas en delitos migratorios.
“El Reino de los Países Bajos debe investigar lo que está sucediendo en Curazao y ofrecer su apoyo y orientación para garantizar que las personas que lleguen por primera vez a la isla reciben la protección que necesitan. Países Bajos no puede mirar hacia otro lado mientras se violan los derechos humanos de las personas”, concluyó Erika Guevara Rosas.
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