José Manuel Pinto Monteiro, abogado del colombiano Alex Saab, explicó a EFE que hay indicios de irregularidad en el proceso contra su cliente: al parecer, la alerta roja de la Interpol se emitió después de su arresto el pasado día 12. De no existir una solicitud previa, podría pedir la anulación de la detención. Pero en Colombia el juicio por lavado seguirá su curso
La defensa del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ve indicios de irregularidad procesal en su detención en Cabo Verde, dijo hoy a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
En conversación telefónica desde Praia, capital de este país insular de África occidental, Pinto señaló que la alerta roja cursada por la Interpol, a petición de Estados Unidos, para detener a Saab se emitió después de su arresto el pasado día 12.
«La detención tuvo lugar el 12 de junio y la alerta roja (orden de arresto internacional) fue emitida por la Interpol el 13 de junio, lo que revela una incongruencia temporal para la que estamos tratando de encontrar una explicación», señaló a Efe el abogado.
La defensa intenta averiguar si existe «otro mandato anterior al momento del arresto» del empresario, antes de emprender acciones ante los tribunales, como la presentación de un recurso de apelación contra la prisión preventiva impuesta a Alex Saab el pasado domingo.
«Nuestra apelación aún no se ha presentado porque estamos esperando a aclarar la situación con respecto al mandato», indicó el letrado, quien cree que, si no existiera otra orden de arresto, se trataría de un error procesal que podría anular la detención.
Este recurso debería interponerse ante el Tribunal de Apelaciones en la isla de San Vicente, en el norte del archipiélago, adonde Alex Saab fue trasladado hoy en avión para comparecer, presumiblemente, este miércoles ante esa corte.
Saab fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la septentrional isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de una alerta roja de la Interpol por delitos de blanqueo de dinero.
El empresario, de 48 años, viajaba en un avión privado que solicitó autorización para poder aterrizar en la isla de Sal, con el fin de repostar combustible.
Según la ley de Cabo Verde, Estados Unidos tiene dieciocho días (a partir del pasado domingo) para presentar una solicitud de extradición, detalló este lunes a Efe el procurador general de la República, José Landim.
«Cabo Verde -añadió Landim- no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud, si se hace».
El fiscal remarcó que, respecto a una eventual extradición, «nada está garantizado», pues la solicitud puede ser denegada por los tribunales de Cabo Verde, que ya han actuado así en el pasado en respuesta a demandas de otros países, especialmente europeos.
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Alex Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.
Su detención ocurrió después de que el pasado día 9 la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles que «harían parte del patrimonio ilícito» de Saab.
De acuerdo con la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
La Fiscalía colombiana llamó este martes a juicio al empresario Alex Saab por lavado de activos, delito por el que fue capturado el pasado viernes en Cabo Verde en respuesta a una petición de Estados Unidos.
El organismo anunció que seguirá con los procesos penales y las investigaciones que tiene contra Saab, aunque él no se encuentre en el país.
«La Fiscalía continúa con las acciones tanto de extinción de derecho de dominio como de las investigaciones en etapa de indagación. Para nosotros la actividad judicial continuaría a pesar de que él no se encuentre en territorio colombiano», explicó la vicefiscal colombiana, Martha Mancera, en una rueda de prensa.
Según el ente investigador, en 2016 y a través de la empresa Promotora Dubera SAS, Saab y otras cuatro personas cometieron varias actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.
«Esta persona continuará vinculada dentro del juicio que se le va a adelantar ante el juez especializado de Barranquilla», detalló Mancera, quien aseguró que la audiencia de acusación contra Alex Saab, programada para marzo de este año, no se pudo hacer por la pandemia del coronavirus.
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