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Alex Saab seguirá preso en Cabo Verde: el Supremo rechazó recurso de la defensa

El llamado "testaferro de Nicolás Maduro" según la justicia estadounidense, permanecerá en prisión mientras se decide sobre su extradición. Un recurso que exponía supuestos argumentos para su salida de la cárcel fue rechazado por el Supremo Tribunal de ese país

Alex Saab seguirá preso en Cabo Verde: el Supremo rechazó recurso de la defensa

El empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vio hoy rechazado un recurso interpuesto ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde (STJ) para obtener la libertad en ese país africano, confirmaron a Efe fuentes próximas a la defensa.

Los abogados de Saab, detenido a petición de Estados Unidos, que le reclama por supuesto blanqueo de dinero, presentaron la semana pasada ante el STJ un recurso de «habeas corpus» (derecho de un detenido a comparecer ante el juez para que resuelva si su arresto fue o no legal y determinar su puesta en libertad).

El recurso se interpuso por haberse «excedido el periodo máximo permitido para permanecer en prisión», por lo que «Saab se encuentra detenido ilegalmente», según alegó el equipo legal del empresario colombiano, detenido el pasado 12 de junio.

El exjuez español Baltasar Garzón, que lidera el equipo defensor de Saab, aseveró este mes que «el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición, bajo la legislación caboverdiana, es de ochenta días».

Por ese motivo, los abogados requerían su excarcelación para que «permanezca en libertad, bajo vigilancia, hasta que la decisión sobre su proceso de extradición se resuelva».

Sin embargo, el STJ, con sede en Praia, capital caboverdiana, dictaminó hoy que el Ministerio Público tiene derecho a solicitar una prórroga de la detención, explicaron a Efe las citadas fuentes de la defensa.

Otro motivo esgrimido por los letrados para cambiar el régimen de prisión preventiva tiene que ver con el frágil estado de salud de Saab, pero este supuesto también fue rechazado por el tribunal, que aún debe pronunciarse sobre su extradición a EEUU.

Este octubre, el supuesto testaferro de Maduro presentó su caso de extradición ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque regional al que pertenece Cabo Verde.

Ese tribunal se mostró favorable la semana pasada a que Cabo Verde permita una atención médica externa al empresario colombiano.

El empresario del blanqueo

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de EEUU cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.

Tanto el Gobierno como un tribunal del país insular africano han aprobado la extradición del empresario, si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el STJ.

Tras mantener un perfil bajo en Colombia, el nombre de Saab apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense aseguró en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron con «cientos de millones de dólares».

Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.