Alí Daniels: Ministerio Público demuestra que la impunidad es total (+ Audio)

El cambio en el trato a los casos de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete es una estrategia del gobierno para que la Corte Penal Internacional no termine su examen preliminar. Se quiere crear una matriz de que se está haciendo algo, pero siguen sin sentencia condenatoria

Alí Daniels: Ministerio Público demuestra que la impunidad es total (+ Audio)

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció recientemente nuevos datos sobre las investigaciones a funcionarios por los asesinatos de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete. Estos tres casos emblemáticos presentaron cambios con respecto al trato que se le venía dando desde el Ministerio Público.

El pronunciamiento se da luego del envío de un tercer informe a la Fiscalía de la Corte Penal internacional. La misma lleva abierto casos sobre la actuación del Estado venezolano en la defensa de derechos humanos.

Pero para distintas organizaciones, no es suficiente. El abogado Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, puntualizó los diferentes errores que las nuevas investigaciones están teniendo sobre estos casos.

Es una estrategia del gobierno para que la Corte Penal Internacional no termine el examen preliminar que estamos esperando. Se quiere crear una matriz de que se está haciendo algo, pero en los casos de Fernando Albán, Juan Pablo Pernalete y Rafael Acosta Arévalo no hay una sentencia condenatoria y eso es impunidad total. Lo que se anunció fueron cambios de calificación”.

Para Daniels, hasta el cambio de calificación es insuficiente y detalló los tres casos emblemáticos. “Con Pernalete se habla de complicidad correspectiva, se imputó a 12 guardias nacionales con la misma responsabilidad. Cuando es claro que para accionar una bomba lacrimógena se necesita una sola persona y no 12. Eso lo que busca es diseminar la responsabilidad entre 12”.

Ministerio Püblico

Juan Carlos Pernalete. Foto Archivo

El abogado sí estuvo de acuerdo con el cambio de calificación en el caso del capitán Acosta Arévalo, pero no fue suficiente.

“Correctamente se cambió a homicidio intencional con alevosía y tortura, pero no están involucrados los mandos responsables para que eso no sucediera. Hubo elementos militares que debieron tener supervisión y eran los responsables de que eso no pasara. Pero no sabemos quiénes son”.

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Rafael Acosta Arévalo. Foto Archivo

Daniels agregó que “el caso de Acosta Arévalo no fue oculto. Lo sacaron de una celda, lo metieron en un transporte y lo llevaron a tribunales donde había un fiscal. Si no es porque un abogado que dijo que su representado no podía ni pararse y necesitaba ayuda médica, nadie hubiese dicho nada”.

El concejal Fernando Albán también murió bajo custodia del Estado, el abogado notó irregularidades.

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Fernando Albán. Foto Archivo

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“Es un error su nueva calificación porque primero fue suicidio, ahora homicidio culposo y los funcionarios colaboraron en la fuga. ¿A quién se le ocurre una fuga desde un octavo piso luego de haberlo señalado como culpable de su propia muerte? Debió ser homicidio intencional. Solo se quiere relajar la responsabilidad de los que cometen los crímenes y representa que en Venezuela sigue habiendo impunidad que protege a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos”.

Supuesto registro de las ONG es proceso autorizatorio

El abogado Alí Daniels también es director de Acceso a la Justicia, una organización defensora de los derechos humanos. Precisamente el gobierno dictaminó que las ONG deberán inscribirse en el registro de la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Daniels se pronunció luego de la modificación de la providencia N°001. “Se eliminó la exigencia de que se indicase quienes son los beneficiarios de los programas. Esto fue un reclamo nuestro porque pone en peligro los denunciantes de violaciones contras los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.

Aunque esta medida es positiva, no se dieron otros cambios esperados. “Se mantiene la exigencia de pedir las alianzas con las organizaciones y esto es delicado porque imagínense que varias se unan para presentar ante la Corte Penal Internacional un caso de denuncia al gobierno, eso pone en peligro a las personas”.

Cuando las ONG entregan los recaudos se les entregarán las credenciales para que el representante legal ejerza funciones. “Esto no es un registro, es un procedimiento autorizatorio porque nos dicen cuándo es que podemos tener las credenciales para poder trabajar. Es un engaño gubernamental porque el gobierno decidirá cual ONG puede trabajar y cual no”.

Daniels aseguró que hay ONG que no han podido actualizar registros porque se les piden documentos que el propio Estado les niega.

 

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Esto ocurrió entre enero y agosto de este año y solo es la cuenta de dos de los servicios de atención del hospital, de modo que la cifra global es mayor. Katherine Martínez, presidenta la de ONG Prepara Familia, dice que el JM de los Ríos es el reflejo de todos los hospitales del país. Urgen medidas gubernamentales. Martínez relata el drama, el callejón oscuro, que transitan estos niños