Por orden de un tribunal, funcionarios del Cuerpo Investigaciones Policiales Científicas y Criminalísticas (CICPC) allanaron esta mañana la sede de Radio Fe y Alegría en Guasdualito, en el fronterizo estado Apure.
Gerardo Lombardi, director nacional de Radio Fe y Alegría, indicó que el Cicpc se presentó a la estación exigiendo la grabación de un programa transmitido el viernes y en el cual un ciudadano que participó vía telefónica habría incentivado a la violencia, tras la frustración de la población que no pudo depositar su dinero en los bancos luego de la decisión del gobierno de desmonetizar los billetes de Bs 100 en un plazo de 72 horas.
La orden de allanamiento del tribunal de primera instancia penal en función de control, es para obtener información por la cual los periodistas Isaura Ramos y Carlos Barco, conductores del espacio, fueron conminados a declarar en la sede del Cicpc de la región, fueron acompañados por un abogado y el párraco de Guasdualito.
El comisario Luis Etelis dijo de manera verbal a trabajadores de la emisora que el procedimiento se iniciaba por la llamada de un ciudadano que instó a salir a las calles y no contra los periodistas ni el medio de comunicación.
Estuvieron presentes en la reunión Nolly Moreno y Zully Tirado y una representante del Ministerio Público, precisó Lombardi.
Las fuertes protestas de este viernes por la imposibilidad de depositar en las entidades bancarias los billetes de Bs 100, dejaron más de 100 detenidos.
Etelis aseguró que en horas de la tarde una comisión del Cicpc regresaría a la emisora en busca de más información.
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
Gremios de docentes y de otros trabajadores al servicios del Estado demandan la liberación inmediata del profesor Víctor Venegas, preso en Barinas bajo acusaciones de "actividades contra la paz de la República".
En Caracas y en varias ciudades de todo el país los maestros, profesores y personal administrativo adscritos al ministerio de Educación salieron a la calle a manifestar por la firma de su contratación colectiva. Demandan un aumento del salario a $552 mensuales.
