Amnistía Internacional dice que Venezuela debe responder por caso Óscar Pérez

La ONG premio Nobel de la Paz Amnistía Internacional pidió a través de un comunicado que el Estado venezolano rinda cuentas por la aparente ejecución extrajudicial del policía rebelde Óscar Pérez y su grupo, abatidos el lunes en El Junquito, oeste de Caracas  en una operación donde aparentemente  hubo un uso excesivo de fuerza letal.

Amnistía Internacional dice que Venezuela debe responder por caso Óscar Pérez

El operativo de las fuerzas de seguridad que tenía como objetivo la detención del exfuncionario del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) Óscar Pérez y otras personas que se habían levantado contra el gobierno, parece ser ilegal y levanta múltiples alarmas de violaciones graves a los derechos humanos incluso de crímenes bajo derecho internacional”, dijo Amnistía Internacional en el texto difundido la noche del miércoles.

“Este es sólo el último ejemplo del uso letal de la fuerza en operación del control de orden público, resultando hasta ahora en miles de víctimas en todo el país”, agrega el documento tras aludir a los resultados del operativo, confirmados por el gobierno de Nicolás Maduro.

“En el operativo, los funcionarios utilizaron un arma militar que no solo está diseñada para matar, sino que es un arma que brinda pocas probabilidades de supervivencia. Además, el uso de este arma puso en peligro la vida de las personas en los alrededores”, argumentan los activistas de los Derechos Humanos.

“Es impostergable que el gobierno venezolano se asegure de que las autoridades civiles realicen una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva sobre el uso intencionalmente letal de la fuerza en esta operación, y demuestre que este no fue un caso de ejecución extrajudicial,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, citada en el comunicado.

También califican como “graves” las denuncias publicadas en los medios sobre la participación de personas ajenas a los cuerpos de seguridad, durante el operativo, y la negación de información a los familiares de las personas que murieron.

“Amnistía Internacional también ha recibido serias denuncias de que las personas fallecidas serán cremadas sin autorización de sus familiares y sin las diligencias de investigación pertinentes”.

“A pesar que aún no se hayan estableciendo los hechos, las autoridades están adelantando justificaciones sobre lo ocurrido durante el operativo de seguridad. Trágicamente, esta no es la primera vez en la que las autoridades venezolanas justifican el uso letal de la fuerza, simplemente sobre la base de alegatos de “actividades criminales”, dejando de lado el estado de derecho,” dijo Erika Guevara Rosas.

Señalan que conforme al derecho internacional, no es permisible en las operaciones de mantenimiento del orden público recurrir al uso intencionalmente letal de la fuerza de una manera que probablemente matará a otras personas que no representan una amenaza seria e inminente.

“El Estado venezolano debe apegarse a sus obligaciones internacionales incluyendo que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad se enmarque en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, dice la denuncia.