La situación en Venezuela es “extremadamente alarmante” y la forma en cómo empezó el año con el caso Óscar Pérez “no trae mucha esperanza para los derechos humanos”, afirmó Kissenkoetter en una entrevista exclusiva para El Estímulo.
Con un estado de desamparo por las autoridades, anaqueles de comida cada vez más vacíos y hospitales en expreso deterioro y sin acceso a suplementos médicos necesarios, el día a día de los venezolanos se vuelve cuesta arriba y para las organizaciones de derechos humanos, la situación no es invisible.
Kissenkoetter se pronunció sobre los derechos fundamentales dentro del país y qué pueden esperar los venezolanos en el 2018 .
El 15 de enero ocurrió la llamada “Masacre de El Junquito” y se habla de una posible ejecución extrajudicial, ¿cuál sería la lectura de su ejecución, puesto que la versión oficial plantea que hubo una causa de justificación para el acto?
Todo lo que hemos visto hasta ahora de este caso, los videos, los audios y otras pruebas indican que las actuaciones de los funcionarios ese día no eran justificables. Lastimosamente sigue habiendo una negación de acceso a la información y varias perspectivas que no se han aclarado. En este caso, esto también es por culpa de las autoridades que no han llevado a cabo una investigación exhaustiva, que no están dando acceso a los familiares, a periodistas, ONGs para entender bien el caso y por lo tanto, no estamos en la posición para pronunciarnos con total certitud de qué tipo de violaciones de derechos humanos ocurrieron. Sin embargo, dada la información que hemos visto, la carga de la prueba recae en las autoridades venezolanas de demostrar que efectivamente no fue una ejecución extrajudicial.
No nos toca a nosotros probar que sí fue, les toca a ellos probar que no fue porque hasta ahora todo indica que sí fue una ejecución extrajudicial. Que quede claro que nombrar a alguien “terrorista” y alegar que cometieron actos criminales no es justificación suficiente para matarlos o para utilizar el tipo de armas que se usaron el 15 de enero.
En el operativo no solo participaron militares y policías sino también personas pertenecientes a grupos paramilitares conocidos como «colectivos», incluso uno de los fallecidos fue líder de una de estas bandas , ¿cuáles pueden ser las consecuencias de que estos grupos aparezcan y se les arme?
Esta es una denuncia extremadamente preocupante y no es la primera vez que lo hemos visto. Durante las protestas del 2017 hubo varias denuncias de la participación de colectivos en operaciones de control de orden público o en allanamientos contra viviendas en diferentes estados de Venezuela. Estas son denuncias preocupantes porque de ninguna forma es legal o legítimo fomentar la militarización de personas ajenas a las fuerzas de seguridad en este tipo de actuación y operativo.
Lo hemos alertado ante el gobierno, nos preocupa muchísimo que el Ministerio Público no se esté pronunciando de forma firme e investigando estos casos. Hay varias denuncias ante el ente que no han sido investigadas y esta es una problemática muy seria que va mucho más allá del 15 de enero. Es un patrón que hemos observado ya durante mucho tiempo en Venezuela.
Hemos ya recibido reportes de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. La actuación de las autoridades desde el 15 de enero, porque no solo fueron las probables violaciones de DDHH que ocurrieron ese día, pero la actuación del gobierno y los días que siguieron hasta ahora, es excesivamente preocupante y totalmente liberal: negarle acceso a los familiares, cometer entierros forzados, negar acceso a información, negarle el derecho a la verdad a través de una investigación exhaustiva no solo a los familiares pero a todo el pueblo venezolano que tiene el derecho de conocer la verdad de lo que ocurrió ese día, estas son violaciones de derechos humanos continuas por parte de las autoridades.
Si actúan de esta forma, progresivamente y más intensamente, nos lleva a determinar que tenemos en frente a un gobierno que está negando totalmente sus obligaciones, los derechos y no les importa la cantidad de condenación y denuncia que está recibiendo de su propia gente y de la comunidad internacional
¿La muerte Óscar Pérez pudiese traer el nacimiento de un grupo armado ilegal, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dentro de las filas de la oposición?
Esa es una preocupación muy seria. Hasta ahora estamos viendo una proliferación de armas en Venezuela y un desconocimiento del Estado de Derecho. Llevamos muchos años en el país con una situación de seguridad ciudadana muy preocupante y la falta de imparcialidad por parte de las fuerzas de seguridad también genera un sentimiento en la población de que necesita tomar con sus propias manos, su defensa y protección. Eso es muy peligroso.
Si el Estado no asegura que sus fuerzas de seguridad sean respetadas por el público y que se sienta protegido por las mismas, se está fomentando y llevando a una situación armada más grave y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Una situación como esa conllevaría muchísima violencia y violaciones de Derechos Humanos.
¿Cuál sería la evaluación actual que hace AI con respecto a los Derechos Humanos en Venezuela? ¿La situación se ha agravado?
La situación en general es extremamente alarmante y cada día salen más pruebas, más casos que aumentan nuestra preocupación de cara a la situación de DDHH en Venezuela, en todos los sentidos. No solo los derechos civiles y políticos pero económicos, sociales, culturales. Es una crisis de DDHH y humanitaria que estamos observando en ese país.
En el país, la inseguridad ha ido en aumento y cada vez los venezolanos se sienten más indefensos ante el sistema de justicia. Entendiendo que el gobierno no aparenta cambiar su política, ¿qué otra solución hay?
Esa es una de las grandes inquietudes que tenemos, no solo la gente se enfrenta a violaciones de sus derechos más básicos de diferentes formas y contextos pero las mismas autoridades, las fuerzas de seguridad, el sistema jurídico no está protegiendo a la gente, entonces quienes viven en Venezuela se quedan sin recurso alguno de enfrentar violaciones de sus derechos.
Es temible la falta de respuesta de la comunidad internacional y el hecho de que cuando se habla de la situación en Venezuela, muchas veces se descarta la conversación como un debate político, o que es una cuestión partisana de derecha vs izquierda, o que es una infiltración de otros países que quieren desestabilizar el país; este no es un debate político ni cuestión partisana, sino de derechos humanos básicos, universales.
La comunidad internacional tiene que remarcar la conversación para salirse del debate partisano y empezar a hablar del Derecho Internacional, de las obligaciones del Estado, poco importe el gobierno que esté en el poder en el momento, el Estado venezolano tiene obligaciones bajo el Derecho Internacional y tiene que respetarlas.
Y hasta que la conversación internacional no se inicie, ¿los venezolanos quedan desamparados en esta situación?
Lastimosamente la influencia del sistema interamericano, por ejemplo, ha sido reducida en estos últimos tiempos. Entonces no solamente los recursos que tienen los venezolanos dentro de la nación no funcionan, pero ahora se han limitado aún más los recursos internacionales y regionales que aplican en el país, por lo tanto, el Estado venezolano sigue teniendo obligaciones en el sistema universal ante por ejemplo, la ONU.
Hay varios convenios y el Derecho Internacional aún sigue vigente en el país. Diferentes instancias de la ONU pudieran y deberían movilizarse y pronunciarse de una forma mucho más clara e involucrarse en la situación del país.
También otros países que sean aliados tradicionales del gobierno de Venezuela deberían pronunciarse de una forma más clara. Venezuela, estando en esta crisis económica y humanitaria, no es un país que pueda salir adelante sin apoyo y la cooperación de varios otros países. Estamos en un sistema muy interdependiente y por lo tanto, estos mismos países aliados tradicionales tienen que pronunciarse de una forma clara y poner presión ante las autoridades venezolanas, ellos tienen la capacidad de hacerlo y deberían hacerlo de una forma más coordinada, apolítica y firme.
¿Qué haría falta para que la situación en Venezuela vuelva a ser eje de las conversaciones internacionales ante por ejemplo, la ONU?
Es una voluntad política. Ya los hechos están ahí claros, este debate de que no se puede saber lo que está pasando en el país ya se ha documentado, se ha investigado por parte de organizaciones de los derechos humanos como Amnistía Internacional, llevamos mucho tiempo documentando lo que está pasando en el país y la crisis extrema que estamos viviendo ahora, esto lleva muchos años en construcción.
Los casos de detención arbitraria, de ejecución extrajudicial, de violencia, de falta de seguridad ciudadana, la falta de independencia del sistema penal y jurídico, no son cosas nuevas. Ahora las vemos de una forma más extrema e intensa y quizá generalizada pero no es nuevo.
La ONU sí tiene la capacidad de pedirle acceso al gobierno a mandar investigadores para averiguar lo que pasa; pero documentada ya está la situación ahora es la voluntad política para ello.
Si la reacción internacional se concreta, ¿las políticas del gobierno podrían cambiar?
Tenemos que tener esperanza ante todo. El gobierno venezolano no puede continuar y prosperar solo. No viven en una burbuja, existen en un contexto muy interdependiente, sobre todo económico. Ahorita existe una escasez de recursos y materiales básicos para la sobrevivencia del pueblo venezolano, las autoridades van a necesitar el apoyo internacional. Por lo tanto, hay un nivel de influencia, un margen para presionar al gobierno a que cambie sus actuaciones y eso se tiene que aprovechar.
Si el gobierno da cifras dispares a la realidad venezolana ¿cómo una organización como la ONU puede llevar a cabo los informes sobre la situación del país?
Lo ideal es enviar personas a que revisen la situación. Para eso, la ONU sí necesita el permiso de las autoridades venezolanas, lo vimos el año pasado que el alto comisionado de DDHH había pedido acceso al país a mandar investigadores y ese acceso fue negado. Pero se hicieron entrevistas y una investigación fuera de las fronteras venezolanas hablando con gente que había salido del país, tomaron información y sacaron un informe.
Esta negación de acceso permite al gobierno seguir negando la realidad diciendo “¿Cómo van a saber ustedes si no han entrado al país?” bueno pero entonces danos acceso para ello y que podamos ver la realidad y pronunciarnos con certeza.
¿Cómo es el intercambio de información de Amnistía Internacional con otras ONGs del país?
Con suerte tenemos relaciones muy positivas y cercanas con la sociedad civil venezolana, tenemos un respeto y admiración increíble por los grupos que siguen trabajando en un contexto tan complejo, no solo profesionalmente pero personalmente, porque ellos también están afectados por la escasez y la inseguridad que se vive en el país y sin embargo, siguen adelante y hacen un trabajo excepcional.
Nosotros nos apoyamos muchísimo en diferentes organizaciones de diferentes tipos, con ellos compartimos información y confirmamos los hechos mutuamente para determinar si la información que estamos recibiendo es cierta o no.
¿Cómo es la perspectiva en materia de DDHH para Venezuela en el 2018?
2017 fue un año muy difícil y la forma en que ha empezado este 2018 no trae mucha esperanza en el sentido de derechos humanos en el país. De parte de Amnistía Internacional, seguiremos monitoreando, documentando y apoyando. No vamos a desistir, poco importa que parezca complicado, no vamos a parar. Vamos a seguir observando muy cerca la situación y denunciar ante todas las instancias repitiendo que esto no es una situación política ni partisana a base de derecho internacional universal.
Lo que necesitamos ver es un cambio de discurso a nivel internacional, dejar de enmarcar estas violaciones como una cuestión de izquierda vs derecha, esto es fundamental y está afectando a todos los venezolanos.
