AN aprobó Ley de Garantías para funcionarios del sector público

La medida es un acto normativo que se basa en el artículo 333 de la Constitución que busca lograr la salida del poder de Nicolás Maduro a través de la presión.

“La ley es de obligatorio acatamiento y funcionarios públicos, así como sus particulares”, reza el texto en su artículo 1, y en concordancia con lo estipulado en el artículo 18 numeral 1 del Estatuto para la Transición Democrática de Venezuela.

La nueva ley busca proteger los derechos de los trabajadores del sector público, en especial para resguardarlo de sanciones, desmejora o cese de sus condiciones laborales como actos de retaliación política, intimidación, descalificación, amenazas o ataques, además de detenciones arbitrarias o cualquier otro acto discriminatorio contra los trabajadores.

El texto amplía que a los trabajadores se le restituirán sus derechos si son afectados por alguna medida del Ejecutivo, esto implica salarios caídos y pasivos laborales en caso de despido.

Se garantiza el derecho a la protesta pacífica a los trabajadores del sector público y agrega en su artículo 5: “No podrán ser víctimas de criminalización de su ejercicio por razones de opinión y accionar político en defensa de la Constitución, la Democracia y el cese del régimen usurpador”.

En el texto se indica que serán nulas las acciones de directivos o autoridades de medios de comunicación, tanto públicos como privados, que vayan contra sus trabajadores por divulgar información vinculada a los actos mencionados.

Además se creará un órgano para la recepción, sustanciación y decisión de las denuncias. Además se deroga la prohibición al derecho a la huelga y la protesta en las zonas de seguridad que circundan a las instituciones públicas del Estado por ser violatorias de la Constitución y establecida en los tratados de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por el país.