La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), que controla la oposición, apostó el 16 de octubre por pedir a los países del mundo que ejerzan una mayor presión sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que calificaron como "régimen dictatorial".
El Parlamento acordó en una sesión ordinaria solicitar al mundo que respalde la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la Administración de Maduro, que inició en 2013.
Los legisladores acordaron «llevar adelante esfuerzos (…) para que países se adhieran a la solicitud para que la fiscal de la CPI agilice el examen preliminar que actualmente adelanta por crímenes de lesa humanidad en Venezuela», según una declaración leída este martes en el Parlamento y aprobada por unanimidad.
El Legislativo -declarado en desacato por el Supremo, por lo que sus actos no son tomados en cuenta por el Ejecutivo- espera que la fiscal de la CPI «proceda luego a solicitar la investigación formal correspondiente como un acto colectivo de defensa de los derechos humanos a sabiendas de la grave crisis humanitaria» en el país.
Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas así como en hiperinflación, un indicador que la Cámara espera cierre el 2018 en cerca de 4.300.000 %.
La oposición y diversas ONG han denunciado que el país sufre una crisis humanitaria y han exigido la apertura de un canal para el ingreso de comida y fármacos, una petición que el Gobierno de Maduro rechaza al considerar que daría puerta a una invasión armada.
Además, insisten en denunciar presuntos abusos a los derechos fundamentales en el país.
En el debate parlamentario de este maartes, en el que como de costumbre se ausentaron los diputados del oficialismo, se acordó «respaldar las investigaciones, pronunciamientos y acciones que se ejecutan por parte de distintas instituciones y países del mundo en favor de la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano».
De acuerdo con el Parlamento, «muchísimos venezolanos han sido y continúan siendo víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por el régimen dictatorial que usurpa hoy el poder», en alusión al Gobierno de Maduro.
Por ello, los diputados se comprometieron a «continuar remitiendo de manera oficial» a la CPI «toda la documentación y elementos de convicción que puedan servir de sustento a las investigaciones que adelanta la fiscal de esta institución por crímenes de lesa humanidad en Venezuela».
La declaración será remitida al comité derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), así como a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a las «embajadas de los países que han respaldado las investigaciones».
El pasado 25 de septiembre, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron con ocasión de la Asamblea General de la ONU una carta sellada por los líderes de sus respectivos países solicitando a la CPI que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La Fiscalía de la CPI ya había comenzado, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, un paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.
También este martes, el expresidente de Gobierno de España, José María Aznar, consideró que la salida a la profunda crisis política y económica de Venezuela no pasa por el diálogo político, y dijo que le «gustaría mucho» que su país acompañara la denuncia ante el CPI.
«Es muy importante que todas las democracias del mundo también miren lo que está ocurriendo en Venezuela, miren la catástrofe humanitaria de Venezuela y miren a qué conducen la práctica de algunas políticas que solamente significan la ruina, la destrucción, el empobrecimiento y el exilio o éxodo de muchos millones de venezolanos», apuntó.
Aznar aclaró que expresó estas posturas «como expresidente del Gobierno de España, también como dirigente político pero también como alguien que tiene responsabilidades internacionales y que ve lo que ocurre en el mundo».
Funcionarios del Gobierno de España han declarado recientemente que privilegian el diálogo a la imposición de más sanciones o a posturas de fuerza contra la administración de Maduro como vía para que el país abandone la crisis.
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