Así como pasó con el Sambil, una larga lista queda a la espera. Ana Carrasquero piensa que esta medida es una señal positiva que busca recuperar confianza, misma que el gobierno se encargó de resquebrajar con las expropiaciones
La devolución en días recientes del Sambil La Candelaria a sus dueños, despertó la esperanza de muchos empresarios que se vieron afectados por la política de expropiaciones de poder recuperar su propiedad. Pero a más de 14 años desde el inicio de la misma por parte de Hugo Chávez, la economía sigue mostrando heridas por esa medida.
Ana Carrasquero, socióloga y coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, explicó en el programa En Este País, que se transmite por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, que las consecuencias de las expropiaciones las vemos en cada cola que hacemos y en cada desabastecimiento que sufrimos.
“En el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice hemos hablado con datos que lo sustentan. El proceso de expropiaciones que se inició en la administración de Hugo Chávez fue un ataque sistemático al derecho de propiedad, las consecuencias de esa política pasa por la emergencia humanitaria que sufre el país. El desabastecimiento y la escasez de ahora tiene que ver con lo que empezó en ese período”.
Carrasquero expuso el proceso que se vivió en la primera década del siglo. “Arrancó con la Ley de Tierras y su brazo ejecutor fue el Inti, luego se movió a la industria, agroindustria y después con la Gran Misión Vivienda, se atacaron los terrenos e inmuebles urbanos”.
Ya con Hugo Chávez fallecido, su sucesor continuó esa política. “Nicolás Maduro utilizó la Ley de Precios Justos con el Sundee como brazo ejecutor, así que no podemos olvidar que en cada cola y escasez que hayamos vivido, en cada vicisitud que atravesamos hay una afectación al derecho de propiedad. La disminución de la economía está marcada completamente por esa política”.
Desde el 2000 hasta el presente, Venezuela ha tenido 44 demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). Según Carrasquero la cantidad de dinero exigido como reparación es astronómica.
“Ahorita debe haber unas 22 demandas de empresas como Owens Illinois, Conoco Phillips, Air Canadá, Kimberly Clark, entre muchas otras. Viendo el saldo no nos explicamos cuál fue la necesidad de expropiar. El proceso de devolución ahora lo que significa es que no tuvo ningún sentido más allá de haber dejado destrucción a lo largo del tiempo”.
Así como pasó con el Sambil, una larga lista queda a la espera. Ana Carrasquero piensa que esta medida es una señal positiva que busca recuperar confianza, misma que el gobierno se encargó de resquebrajar con las expropiaciones.
“Esta devolución ha dado pie a que otras personas afectadas piensen que se les puede devolver su propiedad. Lo del Sambil es positivo, aunque se perdieron 14 años en eso, vulnerando una forma de crear empleos. Debe haber una política de reparación y restitución porque la propiedad privada no es concesión de un gobierno sino un derecho humano. Creo que deben revisarse casos emblemáticos como el de Franklin Brito pero también el de otras personas que no pueden llegar hasta el poder para presentar su caso”.
En el tema de las invasiones, Carrasquero aseguró que se institucionalizaron. “Esto lo propició el poder ya sea por acción u omisión, como un mecanismo violento de hacerse cargo de propiedades. Todavía vemos lo que pasa en Barinas y Zulia donde los productores siguen siendo víctimas continuadas. El Estado debe actuar con diligencia porque esto afecta no solo a los venezolanos propietarios, sino a la sociedad porque vulnera la confianza para invertir”.
La entrega la semana pasada de la edificación de El Sambil de La Candelaria después que pasarán 14 años de su expropiación puede ser solo la punta del iceberg de una nueva política del Gobierno de Maduro que pretendería regresar a manos de sus dueños originales empresas que fueron expropiadas en la era del chavismo
Vecinos y activistas de la zona sienten como un triunfo propio la decisión del gobierno de entregar la edificación a la Constructora Sambil. Ya existe la expectativa por los posibles beneficios que traerá su reactivación
Los afectados denuncian la apropiación de tierras por parte de bandas chavistas armadas. Se trata de un patrón criminal cuya complicidad involucra hasta altas autoridades de la región llanera y de Caracas. Al menos 50 fincas están actualmente en esta situación y sus dueños originales han perdido 90% del ganado, gran parte de sus tierras y algunos hasta sus casas. Es un drama regional que ilustra un problema nacional.
