Con el ostentoso nombre de Plan para la Recuperación Económica Nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció un conjunto de medidas que van desde la posposición de la reconversión monetaria, hasta paliativos para encarar la crisis de transporte. Son medidas aisladas que distan mucho de ser un verdadero Programa de Reformas Económicas.
Más que una reconversión monetaria, lo que Venezuela necesita es un Programa de Estabilización Económica bien diseñado y ejecutado, que parta de un diagnóstico acertado y contenga las medidas correctas que deben ser aplicadas en una secuencia lógica y a un ritmo adecuado para poder superar los graves problemas de escasez, hiperinflación, colapso de la producción petrolera y peso de la deuda externa. Pero en el gobierno nadie está trabajando en un programa integral de reformas económicas, por lo que solo pueden esperarse medidas aisladas e incoherentes como las que fueron anunciadas.
A continuación nuestro análisis sobre la lógica que subyace en cada una de estas medidas y del impacto que pudieran tener sobre la economía nacional.
Fue pospuesta por tercera vez para el 20 de agosto y ahora tendrá cinco ceros menos. Es más fácil agrupar las cifras de 3 en 3, por lo que quitarle 5 ceros en lugar de 6 hará más engorrosa la conversión de las cantidades. Pero no se trata simplemente de quitarle ceros al bolívar, sino quitárselos a la hiperinflación. Lamentablemente no se anunciaron medidas concretas para erradicar los factores generadores y propagadores del alza de los precios. Maduro se limitó a presentar la nueva familia de monedas y billetes que va desde la moneda de 0,50 céntimos, hasta el billete de 500 bolívares soberanos.
Con la nueva reconversión, un pasaje urbano de 20 mil bolívares se reconvertirá en 0,20 céntimos, pero resulta que la moneda de menor denominación es de 0,50 céntimos. ¿Cómo se dará el vuelto al usuario de servicio? La única manera es subir el pasaje más barato a 0,50 céntimos, equivalente a 50.000 bolívares. Este sencillo ejemplo nos revela que estamos a las puertas de un caos monetario, de un colapso de los medios de pago.
Las medidas anunciadas son una huida hacia adelante. Al no contemplar acciones para la reactivación agrícola e industrial ni corregir el déficit de las empresas estatales a través de la liberación cambiaria y de las tarifas de servicios públicos, esta brecha se seguirá financiando con emisiones de dinero inflacionario. En diciembre se le habrán puesto otra vez cinco ceros a todos los billetes y seguramente en enero el efímero bolívar soberano será sustituido por una nueva familia de billetes que serán los petros.
El anclaje de bolívar soberano con el petro carece de sentido porque el petro no es una divisa de aceptación internacional. Este anclaje tendría alguna razón si se activan dos formas de medir los precios: una en petros y otra en bolívares soberanos.
El petro haría las veces de una Unidad Tributaria. El precio no cambia en petros aunque si cambie su equivalente en bolívares. Esto tendría un impacto parcial en las expectativas inflacionarias, toda vez que los precios medidos en petros se mantendrían constantes y la inflación se registraría solo en bolívares soberanos, que seguirán siendo emitidos de manera desmesurada por el BCV para financiar el déficit de Pdvsa, Corpoelec, Hidros, Metro y demás empresas públicas
El objetivo es permitir la inversión en moneda extranjera dentro de Venezuela y eliminar barreras para el libre flujo de divisas en el país.
Esta reforma tiene sentido si apunta a la legalización del mercado paralelo y a permitir que las operaciones de compra venta de inmuebles, vehículos y otros bienes y servicios se puedan hacer en dólares u otra moneda extranjera. Incluso si se autoriza el pago en divisas de nóminas y servicios profesionales.
Las inversiones extranjeras están paralizadas porque a los inversionistas se les obliga a cambiar sus divisas a las bajas tasas que se imponen en las subastas del Dicom, las cuales se quedan siempre muy por debajo de la mayor postura en las subastas y de la cotización del dólar paralelo. Por eso los bolívares que obtienen los inversionistas no les rinden para pagar la nómina y demás costos nacionales.
Si se permite la inversión directa en moneda extranjera y el libre flujo de divisas para el pago de nóminas y operaciones de compra-venta, la reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios se puede traducir en nuevas fuentes de divisas a través de la inversión extranjera, la repatriación de capitales de origen venezolano depositados en el exterior, y el aumento de las exportaciones no petroleras privadas.
Se trata del Bloque Ayacucho Nº 2 de la Faja Petrolífera del Orinoco, que cuenta con 29.298 millones de barriles certificados. No es para que el BCV venda los barriles de petróleo, sino para que pueda emitir instrumentos financieros con ese respaldo y así elevar el nivel de las reservas internacionales.
Cuando se lanzó el petro respaldado con las reservas certificadas del Campo 1 del Bloque Ayacucho, se advirtió que la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos prohíben dar en garantía los yacimientos de petróleo. A raíz de esta denuncia que en gran medida provocó el fracaso del petro, ahora no se plantea hipotecar todo el yacimiento sino apenas una fracción del mismo. Así, por ejemplo, el BCV podrá emitir instrumentos financieros por $ 1.000 millones que, calculados a un precio de 60 $/b, estarán respaldados por solo 17 millones de barriles de petróleo, del total de 29.298 millones que están certificados en el Bloque.
El título representativo del respaldo será un instrumento negociable en los mercados financieros internacionales que equivale únicamente a la cantidad de barriles de petróleo que sirven de respaldo, y no compromete el resto de las reservas certificadas en un determinado campo, bloque o yacimiento.
Este es un incentivo necesario más no suficiente para reactivar el aparato productivo nacional. Ciertamente los inversionistas nacionales y extranjeros se pueden sentir estimulados a realizar nuevas inversiones y a repatriar sus capitales para importar -sin pagar aranceles ni impuestos- materias primas, insumos, repuestos, maquinarias y otros bienes de capital para reactivar o iniciar proyectos productivos.
Pero este incentivo puede verse mediatizado y hasta anulado por la falta de transparencia a la hora de su aprobación, por el burocratismo y la corrupción que cobra comisiones para gozar del beneficio, por la inseguridad jurídica y la violación de los derechos de propiedad, por el ausentismo y la conflictividad laboral, por el colapso de los servicios de electricidad, agua y gas, por el deterioro de la infraestructura vial, puertos y aeropuertos, en fin, por la amplia gama de problemas que crean un ambiente adverso a la inversión productiva. ¿En un entorno tan precario quién va a importar maquinarias y equipos para crear una industria en Venezuela?
Tal como lo anunció el mismo presidente, la información que se obtenga de este censo se cruzará con la base de datos del Carnet de la Patria. Esto quiere decir que solo tendrán acceso a las políticas de subsidio al transporte quienes se hayan sometido a este mecanismo de control y dominación.
El Carnet de la Patria del Transportista es un ataque directo a todos los gremios de mototaxis, taxis, carritos por puesto, autobuses y camiones de carga que vienen desplegando una intensa actividad de protesta por los estragos que ocasiona sobre su sector la grave crisis económica, cuestión que pudiera desembocar en un paro nacional de transporte.]]>
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