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Áñez: Pronto habrá elecciones en Bolivia

Las protestas callejeras se mantienen y el principal foco del conflicto se ha concentrado en Cochabamba. El gobierno reconoce oficialmente cinco muertos

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Grupo de Lima
Jorge Bernal / AFP |AFP

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez,  dijo este domingo que anunciará pronto la convocatoria a nuevas elecciones transparentes tras la renuncia de Evo Morales, en un nuevo esfuerzo para cesar las manifestaciones que han dejado 23 muertos en casi un mes.

Áñez hizo este anuncio tras reunirse con un delegado de la Unión Europea, León de la Torre, quien también se mostró optimista por «avances en la mesa de diálogo» entre el gobierno interino y sectores leales a Morales, que no especificó.

En cuanto a las elecciones, De la Torre reforzó lo dicho por la mandataria interina al asegurar que la convocatoria a nuevos comicios, tras consensuar con el partido de Morales -que tiene mayoría en el Congreso- ocurrirá «pronto».

Según la Constitución, es el Congreso el que debe elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los anteriores fueron puestos en prisión preventiva por las irregularidades ocurridas en las elecciones del 20 de octubre, que dieron la reelección a Morales pero que él mismo anuló horas antes de renunciar a la presidencia hace una semana, en medio de protestas y tras perder el apoyo de policías y militares.

Se mantienen protestas

También Jean Arnault, enviado del Secretario General de la ONU, comenzó este fin de semana a reunirse con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz.

Pero las protestas callejeras se mantienen y el principal foco del conflicto se ha concentrado en Cochabamba. Allí, campesinos cocaleros chocaron el viernes con el ejército y la policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas en casi un mes de protestas.

El gobierno reconoció oficialmente cinco muertos en esos hechos y el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, deslizó incluso la idea de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto «aparece con un tiro en la nuca».

Pero Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde ocurrieron los choques con los cocaleros, y que «todos los muertos son con impacto de bala».

«Todos con quien he hablado dijeron que [en las manifestaciones] no había ninguna persona civil con un arma», dijo también Becker, señalando que entrevistó a 50 personas en esa ciudad.

Polémico decreto

Asilado en México tras renunciar hace una semana, Morales escribió en Twitter que las «FFAA no están exentas de su responsabilidad», al denunciar los «delitos de lesa humanidad» que «no deben quedar en la impunidad» y que considera se han cometido en la represión de las protestas.

Morales hacía referencia a un polémico decreto del gobierno interino, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público. El mismo fue considerado «grave» por la CIDH.

Pero el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, dijo que el decreto «no es una licencia para matar».

En medio de la polémica, el ministro Murillo indicó que gracias a las gestiones del gobierno «los conflictos han bajado en un 50% en intensidad». En la ciudad de Cochabamba todavía ocurren «algunos enfrentamientos», pero su fuerza «está disminuyendo», respaldó el comandante de la Policía nacional, coronel Rodolfo Montero.

A raíz de los cortes de rutas por las protestas en varias regiones ha comenzado a sentirse el desabastecimiento de comestibles en los mercados populares y el combustible escasea en La Paz.

El gobierno envió a La Paz 60 toneladas de carne y pollo.

Ultimátum a Áñez

Para poner más presión, seis sindicatos cocaleros del Chapare, feudo de Morales en Cochabamba, exigieron la noche del sábado «la renuncia de la autoproclamada presidente de facto Jeanine Áñez Chávez en un plazo de 48 horas».

Entre otros nueve puntos, los cocaleros, solicitaron al Legislativo que apruebe una ley «que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días».

Una asamblea de vecinos de El Alto, aprobó también «un cerco a la ciudad de La Paz» desde el lunes para forzar «la renuncia inmediata» de Áñez, tachando su nombramiento de «ilegal».

Ante la situación, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tienen mayoría en el Congreso bicameral, llamaron a las bancadas minoritarias a una reunión el lunes para «debatir sobre la coyuntura política» para «pacificar» el país, según la diputada Betty Yañíquez.

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