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Apagón es la palabra más usada por los tachirenses

Al cumplirse un año del colapso del sistema eléctrico nacional, que dejó a oscuras durante días a Venezuela, los habitantes del estado Táchira recuerdan con terror ese episodio. El riesgo latente de que se repita la falla mantiene a la ciudadanía sumida en un desasosiego que distorsiona la vida cotidiana en la región

Apagón es la palabra más usada por los tachirenses

Correr de un lado al otro se ha convertido en la dinámica de la ciudad. Buscar electricidad, conexión de internet para poder cumplir con asignaciones laborales, cambiar la dieta alimentaria por pan, jugos y galletas ante la falta de luz y gas. Estar sin agua por falta de bombeo o invertir las horas de sueño para hacer actividades en la madrugada cuando hay electricidad, son las nuevas rutinas impuestas a los ciudadanos en el estado Táchira, en el oeste de Venezuela, desde el fatídico apagón del 7 de marzo de 2019.

“Nada volvió a ser igual”, es la frase constante que repiten los tachirenses al recordar que, este 7 de marzo, se cumple un año del mega apagón que paralizó a Venezuela por más de 48 horas y afectó por más de cinco días a la región andina.

La frase no fue en vano. Luego de marzo de 2019, el sistema eléctrico en la entidad fronteriza con Colombia se evidenció un marcado deterioro que se refleja en el desarrollo de las actividades económicas, laborales, sanitarias, educativas y, en general, de producción que se deben cumplir dentro de una sociedad normal.

En Táchira los días de oscuridad eléctrica se han vuelto cotidianos y el servicio no logra restablecerse en su totalidad.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), compañía estatal que se encarga del suministro, intenta implementar cronogramas de administración de carga para la distribución en distintos bloques. Sin embargo, estas medidas no se cumplen y los apagones siguen sorprendiendo a los ciudadanos; esto hace imposible planificar cualquier actividad en la región.

Ni la declaratoria de “emergencia” del ministro de energía eléctrica del chavismo, Freddy Brito, luego de un apagón de 28 horas que dejo sin servicio a varios municipios, alivia la crisis.

La organización no gubernamental Proyecto 860 reportó que en enero de 2020 se registraron 52 cortes eléctricos en Táchira, mientras que en febrero se contabilizaron 56. En marzo, la organización que defiende los derechos humanos aseguró que los primeros cinco días de ese mes el único en que no se sufrió un apagón fue el 4.

“Es complicado determinar si fue que en definitiva el 4 de marzo no se suspendió el servicio en ninguna zona o solo es que no se obtuvo registro de fallas por problemas de comunicación, también muy frecuentes”, precisó la directora de la ONG Beatriz Salas.

La situación eléctrica en Táchira, según la organización FundaRedes, ya puede ser considerada como una violación de los derechos humanos.

Así lo manifiesto la organización durante la entrega de un documento en la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal. A la capital de la entidad acudieron diversas comunidades, para exigir al Estado que garantice la calidad de vida según, tal como establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

“En Táchira, las comunidades pasan hasta 18 horas sin servicio de energía eléctrica. Las fallas permanentes en la telefonía Cantv y ABA (internet), violan el derecho a la educación, al trabajo, a la información y a las telecomunicaciones”, dijo Luis Useche representante jurídico de FundaRedes.

Atentado contra la vida

Solo tres máquinas para diálisis funcionaron en San Cristóbal durante el apagón de marzo de 2019. Obviamente, tres de estos equipos no fueron suficientes para atender la demanda de los pacientes. Así lo recordó el jefe de la Unidad de Nefrología del Hospital Central de San Cristóbal, Jeferson Contreras.

“Había 550 pacientes para solo tres diálisis semanales, y solo dos de estas máquinas para poder brindar atención al mayor número de personas. Ahora tenemos 250 pacientes en hemodiálisis. Ha fallecido la mitad”, dijo el especialista.

La única unidad extrahospitalaria con planta eléctrica era la del Centro Clínico San Cristóbal, y fue de gran apoyo junto con la del municipio Ayacucho, por la inoperatividad de la Unidad del Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz debido a problemas con las máquinas de osmosis

Luz Martínez representante de la fundación de pacientes renales del Táchira relató la pesadilla que se vivió en la región ese 7 de marzo de 2019.

“Los pacientes sufrieron mucho durante esos días”, afirmó, y recalcó que aún se padece por los continuos apagones.

“Se retrasan las diálisis y los pacientes empeoran al no cumplirse el tratamiento como es debido. Un día sin la diálisis y ya comienzan a deteriorarse, porque las toxinas dañan su cuerpo”, agregó.

La crisis empeora en las unidades de diálisis que no poseen plantas eléctricas como Diasanca, en San Cristóbal.

“Con los constantes y extensos apagones los pacientes no se hacen el tratamiento como es debido y están mal. En el Hospital Central, donde los auxiliaban, hay problemas con una fuga de agua que tiene la unidad de nefrología. Esto complica la vida a los pacientes y sus familiares”, afirmó.

El año pasado, durante el apagón, -agregó-  algunos pacientes enfermaron gravemente luego de pasar tres días sin poder ser dializados en San Cristóbal. “Cuando regresaron a practicarse el tratamiento fue necesario trasladarlos de emergencia a otras unidades. Siempre tenemos miedo cuando se va la luz, pero si no es la luz es el gasoil. Vivimos rogando a Dios que ojalá arreglen esto, pero cada día es peor”.

Así viven y lo recuerdan

“La quitan de 3 de la tarde a 9 de la noche, luego de 12 a 3 de la mañana. Más tarde de 5:30 am se va de otra vez hasta las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde se repite el ciclo”, dijo Zuleima Hernández, habitante de San Antonio del Táchira.

Este relato no se trata de un acertijo, ni una adivinanza. Es la manera cruel de racionar la electricidad en la población fronteriza con Colombia, donde las temperaturas superan los 36 grados centígrados.

Desde el 7 de marzo de 2019, nada ha cambiado, dicen los pobladores. Al contrario, el castigo hoy es más fuerte.

En las poblaciones de frontera, las comunicaciones a través de las operadoras telefónicas son limitadas. No existe cobertura de telefonía fija, ni móvil y el servicio de internet es intermitente.

“Aquí quien no tenga contratado un servicio de telefonía colombiano, no puede comunicarse con el mundo. Permanecemos días enteros esperando la conexión de las operadoras venezolanas y no llega”, agregó Edgardo Colmenares, vecino de Ureña.

Otro de los problemas es el del agua potable, que llega con marcada dificultad en la zona de frontera. Los equipos de bombeo no alcanzan a encenderse por los bajos voltajes eléctricos. Hay zonas donde pasan hasta 45 días o más sin recibir agua por tuberías.

“Si no es por mis vecinos, no como durante el apagón que duró 48 horas. No tengo cocina de gas porque aquí ese tema también es complicado. Un año después sigo sin gas”, dijo Libia Sarmiento, habitante del sector barrio obrero en San Cristóbal al recordar el 7 de marzo de 2019.

En adelante, los cortes eléctricos se incrementaron y la situación se volvió cada día más caótica. Colmenares señala que pasan entre 18 y hasta 24 horas sin electricidad. «Estamos paralizados y cada vez que cortan la electricidad tememos miedo de que se trate de otro apagón de igual o mayor magnitud”.

Sara Valderrama, estudiante de 17 años de edad, precisó que el apagón nacional del 7 de marzo de 2019, representa una fecha que jamás olvidará, no solo por el caos que produjo, sino también por las secuelas que causó.

«El segundo día de apagón, en la madrugada, me desperté y tenía datos móviles, me conecté al Twitter y leí que algunas personas habían fallecido como consecuencia de la falla eléctrica (…) Sentí desesperación», afirmó.

La joven aseguró que en Táchira nada volvió a ser igual después del apagón. “Ahora todos los días se va la luz por periodos cortos de seis horas y otros largos hasta 18 horas continuas”.

El ritmo de vida se transformó, los horarios empiezan a adaptarse a los cortes eléctricos, o al menos es lo que se intenta hacer.

Valderrama, quien estudia dos carreras universitarias, una presencial en la Universidad de los Andes Táchira y la otra a distancia a través de una plataforma virtual, ve cuesta arriba cumplir con sus obligaciones.

«Tengo que despertarme durante la madrugada cuando hay electricidad para tener internet y así poder estudiar. Es muy difícil hacerlo bajo estas condiciones. Cada vez que se va la luz, pienso que vamos a pasar de nuevo cinco días a oscuras. Es mucho el miedo. Si pudiera decidir en este momento irme del país, lo haría”, señaló con marcada impotencia.

El costo económico

Luis Quiroz es coordinador de piso del automercado Premium, ubicado en la zona industrial de San Cristóbal. Cuando se le pregunta qué recuerda del apagón nacional de marzo de 2019, señala con el dedo más de 15 metros de refrigeradores apilados que están averiados dentro del local comercial.

Las pérdidas ocasionadas no solo fueron millonarias, lo peor es que aún no se recuperan. En 60% estimó la caída del servicio que venía prestando antes del 7 marzo de 2019.

«Neveras, aires acondicionados dañados, equipos de congelamiento, dos cuartos fríos y otro de los puntos que más se afectó fue el de internet: la señal se fue y duramos tres meses sin conexión».

La situación no ha cambiado desde entonces. Los continuos apagones afectaron el sistema de refrigeración del supermercado y se tuvo que prescindir de la venta de hielo, carnes congeladas, pescados y pulpa de frutas.

“Se han perdido cantidades importantes de alimentos. Luego del 7 de marzo de 2019, los comercios del Táchira no solo se enfrentan a continuos apagones; ahora las constantes bajas de voltaje eléctrico impiden el desenvolvimiento normal de los equipos”, dijo el trabajador.

Los comerciantes en el estado Táchira se ven obligados a comprar plantas eléctricas de gran capacidad para poder mantenerlos negocios abiertos al público. A eso se suma la lucha constante para buscar el gasoil, que mantiene las máquinas encendidas.

“Necesitamos no solo equipos de gran capacidad para tener encendido todo el piso de venta y demás dependencias del supermercado durante ocho horas. También se requiere de un mínimo de 250 litros de gasoil para mantener operativa la planta por seis horas consecutivas”.

Para abastecerse de ese combustible, los comerciantes deben acceder a una lista que va al Ministerio de Energía y Minas, quien autoriza para comprar… cuando hay.

«A veces no llega gasoil y debemos acudir a otras personas para comprarlo o negociarlo. Si se nos apagan las plantas, tenemos que cerrar, porque no funcionan las cajas registradoras», precisó Quiroz.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Cristóbal, Pietro Cenicola, aseguró que las condiciones de trabajo en el sector comercial cada vez son más adversas y provocan el cierre de los negocios.

“En 2013 teníamos 40.000 unidades económicas en la entidad; hoy, escasamente, hay 17.000. En San Cristóbal, de 8.000 registros de patentes que existían, ahora solo tenemos 3.000”.

Cenicola enfatizó en que más de 60% de los negocios se vieron en la obligación de cerrar sus puertas y la situación eléctrica es parte del problema.

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