Arbitrariedad de Iris Varela mantiene el caos en el sistema penitenciario

El Ministerio de Servicios Penitenciarios fue creado vía decreto presidencial en julio de 2011 y desde entonces está Iris Varela al frente del despacho. Después de cuatro años y dos meses gestión, el hacinamiento, la anarquía y el retardo procesal siguen siendo parte de la cotidianidad carcelaria del país.

De acuerdo con la Memoria y Cuenta 2014, en Venezuela hay 49.811 reclusos, de los cuales 31.552 están en calidad de procesados (63%), y 18.259 ya fueron sentenciados, es decir, de cada 10 reclusos, apenas 4 ya fueron condenados por el delito que cometieron.

Es la primera vez, desde que se creó este despacho, que disminuye la cantidad de reclusos detenidos de un año, pues en la Memoria y Cuenta del despacho de Varela, pero del año 2013, se dijo que para entonces en el país había 53.917 reclusos, es decir, que en 2014 había 4.106 reos menos que el año anterior, en las cárceles del país.

Sin embargo, en el texto, el Ministerio indica que como parte del Plan Cayapa, fueron otorgadas apenas 1.293 libertades, por lo que habría que preguntarle a Varela ¿dónde están los 2.813 reos que faltan en la cuenta?

A la situación de caos dentro del sistema penitenciario, la anarquía, las mafias que controlan los recintos, y los más insólitos privilegios de los que gozan los reclusos, como conciertos, discotecas, piscinas, restaurantes, mangas de coleos, armas, drogas y hasta pernoctas indefinidas de familiares, ahora hay que sumarle el conflicto en las sedes de las policías estatales y municipales, debido a la decisión de la ministra Varela de no recibir a reclusos en los penales del país, hasta tanto no se encuentren en la etapa de juicio de su proceso penal.

El hacinamiento en estos recintos ya tiene más de un año, pues fue en junio de 2014 que la funcionaria anunció su arbitraria decisión al diario El Universal. Desde entonces, los episodios de fuga o de intentos de evasión por parte de los detenidos, y los hechos de violencia contra los funcionarios policiales que ahora deben custodiar reos, se han vuelto cada vez más frecuentes.

«Ni el Cicpc, ni las policías están facultadas para cuidar a los detenidos. Pueden pasar entre 8 y 14 meses antes de que un privado de libertad llegue a la etapa de juicio, y eso sin hablar de retardo procesal grave, por lo tanto esa decisión de la ministra es negligente y deja a los reclusos en un limbo legal», explicó el abogado penalista Juan Carlos Gutiérrez.

El experto señaló que es el juez de Control, una vez que se hace la audiencia de presentación, quien decide cuál será el sitio de reclusión del detenido, por lo que la decisión de la ministra Iris Varela de no permitir que sean llevados a los penales, constituye un desacato judicial.

En la actualidad, la situación es crítica dentro de las subdelegaciones y Divisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Solo en la División Antiextorsión y Secuestros permanecen en depósito 59 detenidos, 37 en los calabozos de Delincuencia Organizada, 32 en la sede de Robos y otros 18 en el grupo Contra Bandas. Eso sin contar la situación en la sede de la División de Aprehensión, donde tienen a 158 reos en un espacio con capacidad para apenas 60 detenidos.

Desmotivación en las policías
«El trabajo no se puede dejar de hacer, pero cada vez es más difícil salir a la calle a detener delincuentes, si no tenemos dónde meterlos. Además, tener ese hacinamiento nos pone en peligro a nosotros, porque están en áreas que no están acondicionadas para su reclusión, y ellos siempre están buscando atacar a los funcionarios para fugarse», relató un inspector de la policía científica, quien solicitó no revelara su identidad por temor a sanciones por parte de sus superiores.

En menos de tres meses, se han registrado al menos 4 fugas de distintas sedes del Cicpc en Caracas, entre ellas, los 16 reos de la sede de la División de Vehículos, en Quinta Crespo, ocurrida en junio, la fuga de un preso de la División Contra Robos ese mismo mes, y los 43 reclusos que se escaparon en septiembre de la subdelegaciones del Oeste y de Simón Rodríguez. Ante esta situación, la directiva del organismo mantiene el silencio.

«Los policías están acorralados por la decisión de Iris Varela. Ella no los quiere recibir en las cárceles y ellos no pueden dejar de hacer su trabajo, que es capturar delincuentes. Pero eso los coloca en peligro de ser agredidos o asesinados cada vez que estos reclusos intentan fugarse o los pone en riesgo de ser objeto de sanciones disciplinarias si se llegan a evadir los presos, entonces no tienen alternativas, por un capricho de la ministra», expresó el abogado criminalista Luis Izquiel.

El 19 abril de este año, el general Juan Francisco Romero Figueroa, director de la Policía Nacional Bolivariana, envió comunicados a la ministra Varela, a la Fiscalía General de la República y a la defensoría del pueblo, donde los exhortaba a solucionar el problema de hacinamiento en las comandancias de ese cuerpo de seguridad, pues tenían para entonces 575 detenidos en áreas con capacidad para 245 personas. En el comunicado, el militar advertía sobre el riesgo de que se produjeran fugas.

Apenas ocho días después que Romero Figueroa enviara ese comunicado solicitando atención al problema, los reclusos de la sede de la PNB de Catia tomaron como rehén a un uniformado, como medida de protesta por el hacinamiento y las condiciones de reclusión del lugar.

Cuatro meses después las condiciones se mantenían absolutamente iguales, pues en agosto otro uniformado fue tomado como rehén en la sede de La Yaguara, cuando los reos se rebelaron y exigían a las autoridades que los trasladaran a los penales del país.

«El funcionario se desmotiva, pero su espíritu de justicia es el mayor aliciente para seguir trabajando por la seguridad del ciudadano. Aquí todos perdemos, porque el delincuente aprende de la violencia en la cárcel y el policía que debería estar en las calles resguardando al hombre de bien, ahora está en los calabozos, evitando un motín, una fuga e incluso, resguardando su propia integridad», explicó el comisario Elisio Guzmán, director de Polimiranda.

El funcionario reveló que en los calabozos de esa institución, que tiene capacidad para albergar 140 reclusos, actualmente tienen 211 reos. Además, indicó que en lo que va de 2015, el Ministerio de Servicios Penitenciarios solo le ha dado cupo para 41 detenidos y que en la actualidad tiene 24 internos que ya fueron sentenciados y aún no son admitidos en los penales.

No es Cadivi, es un cupo en un penal

A principios de año se creó la Oficina de Enlace entre el Cicpc y el ministerio de Servicios Penitenciarios, que está a cargo del comisario Heli Alfonso Varela Romero. En mayo, desde ese despacho se notificó a todas las sedes policiales del país que para la gestión de cupos de reclusos en los penales, era necesario que le armaran una carpeta con una serie de requisitos, además de una lista de insumos obligatorios para que puedan ser admitidos en las cárceles.

En la comunicación de fecha 26 de mayo de 2015, a los funcionarios del Cicpc se les indicó que la carpeta de cara recluso para el que se solicitara cupo debía llevar: una copia de la cédula de identidad laminada, el acta policial, la boleta de encarcelación, un examen médico – forense actualizado, el acta de derechos del imputado y las planillas con las reseñas dactilares, certificadas por el Saime.

Además, para que a cada recluso se le admita en el penal, debe llevar una colchoneta de goma espuma, dos juegos de sábanas azules, tres uniformes azules para los procesados y amarillos para los penados, un par de zapatos negros sin trenzas y una toalla.

Cada recluso también debe llevar su kit de aseo personal, compuesto por un jabón de baño, papel higiénico, pasta y cepillo dental y un desodorante.
Hasta que no cumpla con todos los requisitos el ministerio de Servicios Penitenciarios no le gestiona el cupo en ningún penal.

«Cada uno de esos ítems implica un gasto administrativo y financiero que debería ser costeado por el ente penitenciario (…) si a ello le sumamos la multa que nos impusieron por cada detenido, al exigirnos que paguemos un kit que para agosto tenía un costo de Bs. 35 mil, vemos como de la noche a la mañana pagamos un caro impuesto por detener a alguien que viola la ley», indicó Guzmán.