Patadas, baños de gas pimienta en el rostro, fracturas por el impacto de cartuchos de gases disparados directamente al cuerpo, empujones y golpes son algunas de las más de 30 agresiones documentadas en los últimos días por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
En esta ola de ataques contra comunicadores en el ejercicio de su trabajo, uno de los casos más graves fue denunciado en Barquisimeto, estado Lara, por el periodista Ramón Veliz, corresponsal de El Venezolano TV y de Unión Radio.
Este caso supone el traspaso de una delgada línea bajo regímenes autoritarios: el allanamiento de la vivienda (inviolable según la Constitución) por parte de militares uniformados, armados y sin ninguna orden judicial.
Veliz denunció que durante la cobertura de una marcha oficialista en Barquisimeto del 9 de abril fue fotografiado por militares. Horas después, en la noche, su casa fue allanada por unos 10 funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional con el pretexto de buscar bombas y cosas robadas, sin ninguna orden de allanamiento.
Los militares dañaron el portón de su residencia e hicieron requisas. No estaban acompañados por ningún fiscal del Ministerio Público, contrariamente a lo que ordena la Ley. Los funcionarios le arrancaron el teléfono donde el periodista grababa la agresión, y las imágenes fueron borradas.
“Se portaron de manera grosera. Es una acción prácticamente de intimidación. Un funcionario apuntó a mi mamá”, dijo el periodista en un testimonio grabado.
“Cuando me tocó cubrir la protesta con los estudiantes, los militares me tomaron muchas fotos, podríamos deducir que es una acción del régimen de Nicolás Maduro para acallar la voz de quienes estamos dando a conocer la situación de Venezuela”, agregó.
“El nivel de agresividad es grande”, comentó una corresponsal de una cadena internacional sobre los recientes ataques que también incluyen a periodistas de medios locales que no están cubriendo las protestas, por miedo a represalias del gobierno, como Venevisión, Televen y Globovisión (cuya concesión está vencida desde hace dos años).
Una de las agresiones más crudas fue cometida por soldados de la Guardia Nacional contra la periodista colombiana Elyangélica González, corresponsal de Caracol Radio en Caracas entre otros medios. Fue salvajemente golpeada y vejada en el suelo por un grupo de uniformados cuando cubría una protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia.
La agresión fue documentada en videos y fotografías y despertó el rechazo formal del gremio y del gobierno de Colombia.
La directora del IPYS, Marianela Balbi, señala que han documentado las constantes agresiones y que esta vez los eventos están ocurriendo con mucha regularidad e intensidad, con victimarios que forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional.
“Sin duda cuando hay protestas los periodistas que están en la calle están mucho más expuestos y aumenta el número de agresiones”, señala.
Destaca además que ha habido un bloqueo a canales de televisión por Internet, como Vivo Play, Capitolio TV y TVV.
Desde el 28 de marzo de 2017, IPYS Venezuela registra que los funcionarios de seguridad estatal son quienes en su mayoría impidieron, directa e indirectamente, la cobertura periodística en 24 oportunidades durante las cuatro primeras movilizaciones convocadas por sectores de la oposición venezolana en Caracas, y las principales ciudades en el interior del país. Otras limitaciones fueron cometidas en 8 oportunidades por personas desconocidas; 7, por simpatizantes oficialistas; 2, por simpatizantes opositoras, y 1 por encapuchados.
IPYS Venezuela registró que al menos 2 periodistas y 6 reporteros gráficos resultaron heridos por proyectiles de bombas lacrimógenas en Caracas. Dos de ellos, Luis Gonzalo Pérez, de Caraota Digital, y el reportero de Sucesos, Román Camacho, confirmaron que los funcionarios de seguridad estatal dispararon directamente contra los manifestantes y trabajadores de medios de comunicación. Otros seis resultaron heridos por el rebote de estos proyectiles.
Un total de 53 trabajadores: 29 reporteros, 14 reporteros gráficos, seis corresponsales extranjeros, dos camarógrafos, un reportero ciudadano y un chofer de transporte de medio de comunicación; denunciaron a IPYS Venezuela haber sufrido algún tipo de impedimento durante la cobertura de las protestas
Estos impedimentos comprenden 37 limitaciones de acceso a la cobertura de asuntos de interés público. IPYS Venezuela registró 25 agresiones físicas, 12 hechos de El 10 de abril el conocido fotoreportero Román Camacho, que trabaja para medios locales e internacionales sufrió una fractura en la tibia del pie derecho, provocada por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada directo a su cuerpo, según denunciaron periodistas.
El Sindicato de la Prensa tiene una lista corta de los agredidos, física o “legalmente”, entre los que se destacan la “arbitraria detención” del periodista Yonnathan Guedez en Lara, el 10 de abril y enviado a tribunales este jueves 13. Fue detenido mientras cubría las protestas en Lara por la Guardia Nacional que en las primeras horas no permitían que lo vieran abogados.
El discurso oficial de los jerarcas del chavismo sostiene que la ola de manifestaciones en Venezuela son auspiciadas por Washington con el fin de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Desde el punto de vista oficial, entonces, los periodistas están propalando mentiras para que sean vistas fuera de Venezuela y de esta manera justificar la intervención contra un régimen democrático y justo que solo quiere luchar por la soberanía del país y el bienestar de su pueblo.
Este discurso reduccionista parece contribuir a convertir a los reporteros en objetivo directo de militares, policías y bandas de civiles armados que “defienden la revolución”.
Entre los recientes periodistas presos se cuentan a los corresponsales Sebastián Pérez y Didier Barral, de la agencia francesa CAPA, detenidos por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar», cuando se disponían a abandonar Venezuela tras cubrir la última escalada de la crisis.
En Cumaná, el periodista José Rangel fue arrestado por la Guardia Nacional junto a un grupo de 23 estudiantes este Jueves Santo, durante una manifestación.
En Mérida, Daniel Molina del diario Pico Bolívar fue raptado el 11 de abril mientras cubría protestas en Tovar y le robaron sus pertenencias.
Este miércoles el camarógrafo Ademar Dona, de 43 años, herido por el golpe de una barra de hierro en la cabeza cuando junto a la reportera entrevistaban a transeúntes en La Vega. En esa zona del oeste de Caracas se habían producido manifestaciones con barricadas la noche del martes, y fueron disueltas por policías uniformados y bandas de civiles armados, a bordo de motocicletas.
El informe médico, del Instituto La Floresta, en Caracas, diagnosticó “trauma directo contuso, en región temporal izquierda”.
Es decir, un golpe contundente en la sien izquierda que le dejó trauma craneal leve con fractura en el hueso temporal izquierdo. Además sufrió un latigazo cervical.
Dona trabaja para el canal por Internet TV Venezuela, que emitió un comunicado rechazando categóricamente la agresión contra el equipo de reporteros formado además por la periodista Mary Trini Mena.
Los periodistas fueron perseguidos y agredidos por civiles que se transportaban en motos, según la información.
Cuando lograron refugiarse en el vehículo, los periodistas fueron retenidos durante varios minutos por las mismas personas. “Lo insólito es que todo esto ocurría mientras la Guardia Nacional se encontraba en el lugar y conversaba tranquilamente con los sujetos agresores”, dice el comunicado.
«TV Venezuela manifestó su repudio a las acciones violentas de cualquier tipo que siguen cometiendo grupos armados en las calles de Venezuela y que se han centrado de manera particular contra los comunicadores sociales”, agrega el comunicado.
