La maquinaria roja instalará nuevas alcabalas legales para bloquear el camino de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional y la presidencia del TSJ, así como las leyes del Poder Popular aprobadas con los poderes especiales de la Ley Habilitante de Nicolás Maduro, serán algunas de sus armas para determinar el futuro del país a partir del 5 de enero.
El chavismo se está blindando jurídicamente para neutralizar la fuerza de la oposición cuando llegue el famoso “choque de trenes” con el Ejecutivo, tras la activación de la nueva Asamblea Nacional.
El objetivo es apelar a varios recursos jurídicos, lo que contempla referendos populares, interpretaciones de leyes en el Tribunal Supremo de Justicia, el veto presidencial y la abrogación de leyes si la oposición intenta “vulnerar” el espíritu de la Constitución de 1999, impulsada por el fallecido Hugo Chávez, según fuentes del oficialismo.
Herman Escarrá, abogado constitucionalista, con voz de peso dentro del chavismo, dictó en un foro celebrado el martes en la sede de la Procuraduría General de la República una serie de consideraciones legales que justificarían decisiones para anular las iniciativas opositoras desde la AN.
Acompañado del viceprocurador de la República, Reinaldo Muñoz, abogados de empresas públicas como Pdvsa y oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana, Escarrá advirtió que pese a su “mayoría extraordinaria y extensa”, la oposición no puede utilizar al Poder Legislativo como un “superpoder”.
“Ese superpoder no puede pasar por encima del Tribunal Supremo de Justicia ni por el Poder Ciudadano”, aseveró el jurista, quien aseveró que las próximas batallas judiciales en 2016 serán libradas desde esas instancias con la ayuda del “pueblo legislador”.
Y ese poder del “pueblo legislador” radica en el artículo 5 de la Constitución de 1999, el cual establece que la “soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público”, recordó el abogado.
-Pueblo legislador como pieza clave-
El “pueblo legislador”, una vieja aspiración de Chávez para transferir el poder a las comunidades organizadas en comunas y municipios, será una pieza clave en la forma de gobernar en 2016.
Escarrá estimó que las comunidades podrán atribuirse competencias de orden social a través de las instalaciones de parlamentos comunales que están contemplados en diversas leyes del Poder Popular como la Ley de Comunas, Ley de Contraloría Social, o los Consejos Federales de Gobierno.
Precisamente, el martes la mayoría saliente de la Asamblea Nacional aprobó la activación del Parlamento Comunal, con el objetivo manifiesto de atender a las necesidades de las organizaciones vecinales.
El constitucionalista, además, afirmó que «el pueblo» es el que primero debe ser consultado para una iniciativa de trascendencia nacional, como la modificación de una ley, una enmienda constitucional o la activación de un referendo al mandato de Maduro como lo han anunciado sectores opositores.
“Todas las funciones del Estado tienen origen en el pueblo. Por ello, todo tiene que ser consultado ante él por cualquier circunstancia y cualquier hecho”, afirmó.
-Todo el poder radica en el TSJ-
Pero hay otro actor importante en el juego de poder que se disputará el próximo año en Venezuela: la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Esa instancia, acusada de operar bajo los influjos de Miraflores, tiene el poder para derogar cualquier ley que considere “inconstitucional”, aunque venga con la aprobación de la mayoría calificada.
En el artículo 214 de la Carta Magna establece el poder que tiene esa Sala en decisiones importantes para el país. Si el Jefe de Estado considera “inconstitucional” una ley, puede solicitar el pronunciamiento de la Sala Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su promulgación.
Juristas aseguran que la próxima designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional moribunda , antes del 5 de enero, serán la claves para bloquear iniciativas del legislativo.
Maduro también tiene un poder de veto que podría paralizar iniciativas de la AN. Escarrá afirmó que el jefe de Estado puede abrogar una norma aunque haya sido aprobada por la Asamblea.
Una de estas leyes puede ser la «Ley de Amnistía» anunciada por la oposición para liberar los presos políticos. Recordó que la AN es un acto constituyente, cuyas acciones pueden ser controladas.
“No hay actos inexpugnables en un Estado Constitucional de Derecho como Venezuela”, aseveró Escarrá.
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Sin incidencia en las decisiones reales, sin capacidad de dictar leyes que se vayan a ejecutar realmente y sin sentido político de la oportunidad, al menos, para estar presentes en los debates de fondo del país, esta Asamblea Nacional-2015 es una triste entelequia
