Venezuela

AUDIO| Luisa Ortega denuncia mafias de Tarek Saab en la Fiscalía de Venezuela

La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció la existencia de lo que calificó como una mafia en el Ministerio Público a cargo de Tarek William Saab, una de las figuras del régimen chavista de Nicolás Maduro, dedicada a la venta de beneficios procesales en casos reales e inventados.Desde su exilio en Bogotá, Colombia, esta notoria disidente del chavismo ratificó sus graves denuncias contra Maduro, del que se desvinculó a comienzos de 2017, algunos meses antes de ser defenestrada de manera inconstitucional por la asamblea constituyente que usurpó las funciones del parlamento opositor.

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Foto: EFE/Miguel Gutierrez (Archivo)

“No hay justicia en Venezuela, además de que está secuestrada, Venezuela es un Estado forajido, un Estado de delincuentes. El que usurpa el cargo de fiscal general, Tarek William Saab tiene una red de extorsión a los ciudadanos que son procesados en el Ministerio Público”, dijo la abogada en entrevista vía plataformas electrónicas.

“Tarek William Saab, junto con Jimai Montiel, director de Drogas en el Ministerio Publico, ha desarrollado una red de extorsión donde utilizan a un primo de Germán Montiel que se llama Juan Pablo Montiel, un abogado litigante”, dijo la funcionaria que es reconocida como fiscal legítima de Venezuela por varios gobiernos adversarios de Maduro.

“Por ejemplo, si hay una persona procesada por drogas, son citados en Café Olé o en el restaurante El Barquero (dos conocidos locales de Caracas), y les piden una suma de dinero y que se los depositen en sus cuentas”, dijo Ortega, al mostrar los números de una cuenta en el banco Wells Fargo (5471226752, abierta en San Francisco, California) donde han rastreado los depósitos ilícitos.

En esta grabación una persona que es identificada por la fuente de la Fiscalía como Jiamai Montiel se compromete a alterar expedientes para beneficiar a un procesado:

“En esta cuenta y en otras reciben el dinero que extorsionan. Ya pasamos información al gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

“Si tienen un caso en el Ministerio Público, según el caso, tienen que pagar un millón de dólares, 400 mil dólares, cuando los depositan en las cuentas, dictan un sobreseimiento. Esa es la justicia en Venezuela”, argumentó sin ofrecer más detalles apelando al secreto sumarial y la confidencialidad de los casos en proceso.

Denunció que hay otra mafia similar en la Dgcim (Dirección General de Inteligencia Militar) con el mismo modus operandi.

“Los casos pueden ser investigaciones reales o fabricadas y piden sumas de dinero, si no los encarcelan o procesan», dijo.

“Así está el país, así están todas las instituciones, son centros de corrupción de lo peor. La única institución democrática que queda en Venezuela es la Asamblea Nacional (Parlamento) y están tratando de destruirla. Han venido persiguiendo a cada uno de los diputados para encarcelarlos, para que se vayan al exilio o para allanarles la inmunidad parlamentaria”, señaló.

“Los verdaderos traidores, que están violando la forma republicana que nos dimos en la Constitución de 1999 y están violando la Constitución, son Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, todos ellos”, afirmó.

El 31 de marzo de 2017 es la fecha más notoria en el “salto de talanquera” (cerca o reja) en la historia de Luisa Ortega Díaz, cuando denunció la ruptura del orden constitucional en Venezuela, con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también controlado por el chavismo, que eliminó las funciones del parlamento opositor para abrogárselas el propio tribunal chavista.

La declaración fue transmitida por el canal oficial VTV (min7) y marcaría la cuenta regresiva de la abogada en el gobierno de Maduro, al convertirla en la disidente hasta entonces más notable que llegaría hasta a denunciar desde la fiscalía los asesinatos a mansalva de opositores en las protestas de 2017.

En ese año, más de 100 jóvenes estudiantes universitarios fueron asesinados durante manifestaciones pacificas, en su mayoría con disparos certeros a la cabeza o al torso.

La fiscal dice que sigue trabajando para que esos casos y esos jóvenes no queden en el olvido.

Luisa Ortega fue estrecha colaboradora durante años del ex presidente Hugo Chávez, hasta la muerte del militar golpista que transformó la historia, la sociedad y la economía de Venezuela con un saldo francamente negativo tras 20 años de la llamada revolución bolivariana.

El heredero designado a dedo por Chávez, Nicolás Maduro, es la cabeza más visible de un régimen militar cívico, muy impopular según todas las encuestas serias, que hoy se sostiene gracias al respaldo de una cúpula de generales y almirantes y con el apoyo fundamental de Rusia, China y Cuba.

Bajo acoso de sanciones del gobierno radical de Donald Trump, sin dinero para mantener un modelo de gobierno populista y clientelar, con una industria petrolera quebrada junto con el aparato productivo interno tras años de pésima gerencia pública, Maduro busca sobrevivir en el poder mientras se acumulas denuncias contra su régimen.

Parte de las denuncias más serias las ha formulado Ortega Díaz, quien dice contar con el apoyo de las fiscalías de varios gobiernos para el seguimiento y sustanciación de varios casos cuyos detalles omite por razones procesales y de acuerdos con esos aliados.

Poco después de su ruptura con Maduro, fue incluida en una lista de la agencia Bloomberg de las 50 personas más influyentes del mundo en 2017.

“Hay algo más de 50 países que reconocen al presidente Juan Guaidó como presidente encargado. También reconocen a la fiscal general”, dijo sobre el presidente del parlamento opositor que es reconocido como presidente interino de la nación por varios gobiernos adversarios de Maduro hasta tanto haya elecciones libres.

Ese reconocimiento a su figura, dice Luisa Ortega Díaz, “se traduce en colaboración efectiva en este trabajo que estoy documentando e investigando y compartiendo con ellos las pruebas que tengo en mis manos”.

“Nosotros tenemos una investigación en un país del mundo y estamos esperando una pronta respuesta, en semanas, que haya acciones contra el tirano y sus acompañantes. A lo mejor dictan una orden de captura, eso es parte del trabajo que hemos venido haciendo. No puedo dar mayores detalles, el compromiso que he asumido con algunos de los países y con el poder judicial de ellos, es que no puedo dar información”, dijo.

“Estamos tramitando en otro país del mundo. Tenemos dos casos que están por darse y posiblemente dicten unas órdenes de captura”, afirmó durante la conversación a través de Skype.

“Mi objetivo es que Nicolás Maduro y todos los que lo acompañan, que son responsables de haber robado el dinero de los venezolanos y responsables de los que han perdido la vida a manos de los cuerpos de seguridad sean encarcelados, sean puestos tras las rejas”, insistió.

Enumera algunos de los casos que lleva adelante sus fiscalía desde el exilio, donde dice también contar con apoyo de fiscales y jueces venezolanos repartidos por varios países del mundo después de verse obligados a salir del país.

Ya desde 2017 ha iniciado un proceso de demandas contra Maduro y su régimen ante la Corte Penal Internacional, por varios casos que han ido aumentando con el tiempo. Hasta hora se ha iniciado el examen preliminar por cuatro implicaciones.

También mencionó el caso iniciado contra Tarek, el fiscal impuesto por Maduro, sobre corrupción en Pdvsa que involucra a la constructora Concor, así como el caso de la constructora brasileña Odebrecht, y que “liga a Maduro y otros actores del gobierno”.

También suma el caso de los alimentos en su mayoría importados y racionados en cajas y bolsas por el partido de gobierno bajo el sistema llamado Clap.

«En este caso de los Clap hay toda una manifestación (multitud) de personas relacionadas: Nicolás Maduro, Cilia Flores, los hijos de Cilia Flores, Freddy Bernal; Delcy Rodriguez. Se han robado millones de dólares que pertenecen a los venezolanos, que no comen, o comen mal. Además compraron comida de mala calidad», denunció.

Bernal, un ex policía conocido por su control sobre bandas paramilitares del chavismo, es encargado de distribuir alimentos racionados entre la población.

Otro caso es el de la ministra de prisiones Iris Varela, por distracción de fondos destinados a las cárceles.

“Estas denuncias las hemos presentado ante fiscalías de algunos países”, dijo, al explicar que se trata en su mayoría de operaciones en dólares.
Otro caso, dijo, involucra al procurador designado por Maduro, Reinaldo Muñoz, «quien quiere apropiarse de 10 mil millones de dólares de los venezolanos».

La denuncia, que además involucra al empresario naviero Willmer Ruperti, fue presentada ante la Fiscalía del distrito Sur de Florida.

Ruperti es un magnate conocido desde hace casi 20 años por sus vínculos con el chavismo y con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Ese dinero se lo deben a Pdvsa y ellos crearon una estructura con un grupo de abogados para demandar el cobro de esos 10 mil millones y quedarse con ese dinero, no entregarlos al Estado, nosotros desmontamos esa trama criminal», sostiene.

“Hemos denunciado y demandado ante la comunidad internacional varios altos funcionarios. Estamos sacando la información gradualmente. Voy a empezar a soltar toda esa información», prometió.

«Ahora hay impunidad pero una vez establecido el Estado de Derecho en Venezuela, y que haya justicia continuaremos en Venezuela pero mientras tanto vamos ante instancias internacionales”, dice al afirmar que a Maduro le podría pasar como a Pinochet, y ser detenido.

«A Maduro le podría pasar eso en Venezuela, en Miraflores (palacio de gobierno), en cualquier espacio que esté”, dijo al recordar una orden de captura internacional emitida por un tribunal supremo formado por magistrados venezolanos en el exilio y que se reunió en Bogotá, en 2018.

No está claro si las policías de algún gobierno están dispuestas a acatar ese pedido.

Odebrecht «se prestó para financiar ilícitamente campañas presidenciales en los años 2012 y 2013. Odebrecht le entregó más de 50 millones de dólares a Maduro y sus funcionarios para que agilizaran el pago de más de 35 mil millones de dólares por obras que jamás se ejecutaron», escribió Ortega Díaz en las últimas horas en su cuenta en Instagram.

«Por tramas criminales como esta es que hoy los venezolanos no tienen sistemas de transporte dignos, no hay infraestructura hospitalaria en el país, las vías están en un peligroso deterioro y los servicios públicos en total abandono».

«Por este caso, el Ministerio Público venezolano abrió una investigación en 2016 y se convirtió en una de las razones por la que fui ´destituida´ ilegalmente de mi cargo de Fiscal General el 5 de agosto de 2017 por la Constituyente madurista», agregó.

Sobre sus estimaciones de a dónde podría conducir todo esto, afirmó:

“Solo aspiro a que encarcelen a Maduro, a los Rodríguez, a quienes se robaron el dinero de los venezolanos, a quienes reprimieron las manifestaciones, a quienes mataron a Pernalete (uno de los estudiantes), encarcelaron a Juan Requesens (diputado opositor), al capitán de corbeta Acosta Arévalo (asesinado bajo torturas) , al concejal Fernando Albán (lanzado desde un noveno piso de la sede de la policía política) , a quienes tienen encarcelados a cientos de militares que han sido torturados», dijo.

“Ese es mi objetivo. No hago otra cosa sino trabajar por los venezolanos, trabajar por el bienestar de los venezolanos, sacar a la tiranía y lograr que encarcelen a Maduro y a todos los demás responsables de los delitos cometidos en Venezuela”, insistió.

Afirma que hoy Maduro tiene mucho miedo.

“El sabe que los que están a su alrededor están conspirando para sacarlo del poder a él y a Cilia Flores”, afirma Ortega Díaz.

Cree que en la situación actual es muy difícil trazar un mapa de poder en el régimen de Maduro, pero se dice segura de que en realidad el chavismo no quiere negociar un cambio, menos su salida del poder.

“El asunto de las negociaciones es que ellos, este tirano que está en el poder, no quiere negociar, quiere perpetuarse en el poder”, dice.

«Los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, (las dos figuras más notables junto con Maduro en el ala civil del régimen),  también aspiran a la presidencia, son los que manipulan a Maduro y no quieren negociaciones. De ahí la pugna por el poder en el chavismo», dice.

Mencionó también en este juego de intereses al capitán Diosdado Cabello, considerado por muchos como el hombre fuerte del chavismo y acaso el más radical; también mencionó como aspirante al poder a Héctor Rodríguez, el joven gobernador del estado de Mirando, visto como la esperanza blanca del chavismo en caso de unas elecciones sin Maduro.

“Ahí también hay una pugna y no se sabe para qué equipo está jugando cada uno de ellos. Estructurar mapas acerca de cómo está el chavismo en este momento en Venezuela es un poco difícil porque cada uno tiene su propia agenda, su propio proyecto”.

“Lo que hay que hacer es buscar cómo fracturar eso. Ellos públicamente se muestran monolíticamente cohesionados, pero a lo interno están muy fracturados y hay que generar políticas para que públicamente se evidencien esas fracturas”.

Mencionó también al poderoso ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien “tiene su propia agenda y en este momento tiene un papel importante en la resolución de la crisis que vive Venezuela”.

¿Podría dilucidarse una salida en Venezuela en el corto plazo?

«La gente está esperando cualquier oportunidad para volcarse a la calle y sacar al tirano y a la camarilla que lo acompaña, está deseosa de que surja un liderazgo importante o fortalecer el liderazgo de Juan Guaidó para que los convoque a la calle con propuestas concretas”, sostiene.

Cree que los problemas de falta de comida, de transporte, de salud, de delincuencia que sufren los venezolanos deben ser los movilizadores.

“Esas tienen que ser las banderas de lucha que convoquen a los venezolanos para sacar a Nicolás Maduro y terminar con este estado de miseria que está viviendo Venezuela”, dijo en la entrevista.

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