Según denuncias reiteradas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de las propias víctimas, en realidad se trata de un sistema utilizado como medio de represalia política contra los adversarios y enemigos declarados de un régimen chavista militar cívico. que hace tiempo desembocó en un franco autoritarismo.
El general en jefe Raúl Isaías Baduel es la más reciente víctima, tras padecer durante años los crueles laberintos del sistema. Pero hay un amplio historial de homicidios en prisión, muertes bajo custodia del Estado, de suicidios en los que nadie cree; inverosímiles versiones oficiales acerca de confinados que se ahorcan en cautiverio; juicios interminables que se repiten innumerables veces a la conveniencia del régimen chavista.
Son permanentes las denuncias de detenciones sin órdenes judiciales; la existencia de calabozos y casas de tortura; cárceles convertidas en depósitos de seres humanos, que después devuelven a la sociedad hombres y mujeres marcados por el trauma de la violencia.
A este entramado se le llama justicia en Venezuela. Pero, según denuncias reiteradas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de las propias víctimas, en realidad se trata de un sistema utilizado como medio de represalia política contra los adversarios y enemigos declarados del régimen chavista militar cívico.
Desde hace tiempo este régimen desembocó en un franco autoritarismo, que está bajo el escrutinio inclusive de organizaciones como la ONU o la OEA.
Hasta este 12 de octubre llegó la vida del general en jefe (Ejército) Raúl Isaías Baduel, quien murió encerrado en el Helicoide tras contagiarse de covid-19, según la versión oficial del fiscal general del régimen, Tarek William Saab. El «poeta de la revolución» fue el encargado de tratar de maquillar lo impresentable: otra muerte de un preso político en cautiverio, es decir, bajo custodia del Estado venezolano.
El general se ganó la enemistad de los “revolucionarios” desde el año 2007 cuando dejó el Ministerio de la Defensa e hizo críticas frontales contra el planteamiento de reforma constitucional que hacía en aquellos años Hugo Chávez. El jefe del golpe de Estado del 4 de febrero del 92 tildó de traidor a Baduel por formular aquellas declaraciones en su contra. En 2009 llegó el primer pase de factura. La Dirección de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) se lo llevó detenido por una investigación de supuestos hechos de corrupción. Un año más tarde lo sentenciaron a ocho años de prisión.
“Soy un preso de Hugo Chávez”, afirmó.
En 2015 salió en libertad condicional de la Cárcel de Ramo Verde. Sin embargo, en 2017 volvió a la prisión porque supuestamente incumplió con la medida, y aunque ese año terminaba su pena, le imputaron nuevos delitos, entre ellos traición a la patria y quedó detenido nuevamente.
Vale decir que, 14 años después de su primer choque con Chávez, una de sus hijas, Andreina Baduel hacía esta denuncia en la red social Twitter, sin saber que horas más tarde el general moriría en manos de sus captores, sólo, preso y degradado militarmente. Nunca tuvo audiencia preliminar ni juicio.
Mi papá @RaulBaduel está secuestrado por el régimen en el CENTRO DE TORTURAS, Sebin-Helicoide.
Mi Hermano @jbaduel está secuestrado y torturado por el régimen en el CENTRO DE TORTURAS, Sebin-Helicoide. #JusticiaYLibertad#LaTumbaEsTortura#ElHelicoideEsTortura pic.twitter.com/6Xl7Lfqrs1
— ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) October 12, 2021
Como siempre hay más preguntas que respuestas. La autopsia al cuerpo del general Baduel se realizó a las 11 de la noche del 12 de octubre. Sin embargo, horas antes, a través de Twitter, Tarek William Saab ya «informaba» sobre la causa de la muerte, ¿cómo?
La familia Baduel comentó que al general le hicieron una cirugía en una carpa de campaña, para tratarle unas hernias que sufría. Afirman que lo operaron en condiciones inhumanas, sin seguir como es debido el protocolo de anestesia. Comentan que desde allí la condición de salud del general quedó muy delicada.
Baduel estaba internado en El Helicoide, un viejo edificio circular en torno a una colina del centro de Caracas. Allí está la sede de la policía política Sebin y según denuncias de las víctimas también funcionan centros de torturas y detenciones en condiciones degradantes.
Sus abogados comentaron que la semana antes de la muerte del general lo habían visto junto a su hijo y el capitán Juan Carlos Caguaripano conversando en el patio de este lugar de reclusión. Inclusive el general sonreía, no parecía estar afectado por el covid, explican.
El ensañamiento de la revolución contra Baduel llegó hasta su propio entierro. El general fue sembrado donde quiso el régimen, en Caracas, y no en Maracay donde vivía su familia y estaba su casa. Llegó a su última morada, casi sin compañía, solo custodiado por cinco familiares. En el lugar hay una lápida de cemento y pedazos de grama descolorida.
El general Raúl Isaías Baduel fue quien lideró la restitución de Hugo Chávez en el poder el 13 de abril de 2002. Era el preso preso político de mayor relevancia entre los 259 que según la ONG Foro Penal permanecen en las cárceles civiles y militares.
Días antes, el 11 de abril de 2002, una facción de la Fuerza Armada dio un golpe de Estado que llevó a Chávez fuera de Miraflores por algunas horas, hasta que Baduel, García Carneiro y otros oficiales lo rescataron de su detención en la base militar en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano.
Además de Baduel, han muerto en cautiverio nueve personas más, civiles y militares: Rodolfo González en 2015; Carlos Andrés García, en 2017; Fernando Albán, en 2018; Modesto Díaz en 2018; Nelson Martínez en 2018; Virgilio Jiménez, en Uribana en 2019; Ángel Sequea en 2019; Rafael Acosta Arévalo en 2019; Salvador Franco en 2021 y Gabriel Medina en 2021.
La justicia y su sistema en Venezuela están en entre dicho, nadie cree en ella. Y es que su forma de actuar ya sin vendas en los ojos y sin equilibrio, arrasa con todo aquel que esté en contra del titiritero que mueve sus hilos. Personas perseguidas y encarceladas por escribir un twit, juicios interminables de años y años y las personas en una cárcel, no sólo perdiendo en muchos casos su juventud, sino la vida misma.
En esta última década apareció la tortura en las cárceles de Venezuela, practicada por agentes del Estado.
No se diferencia mucho de lo que ocurría en épocas de la Seguridad Nacional, en los años 50, cuando Venezuela era gobernada por la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez.
Centros clandestinos de torturas, palizas, electricidad en el cuerpo de las víctimas, violencia sexual, son prácticas denunciadas inclusive por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos-
“El día 8 de octubre (2018) en horas del mediodía, tal como nosotros adelantamos esa vez, al momento del almuerzo Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño, eso nosotros lo explicamos, él aprovecha esa circunstancia diciendo que quería ir al baño, y corre hacia una ventana panorámica que quedaba en el pasillo en la sede del Sebin en Plaza Venezuela y se lanzó al vacío”, dijo el Fiscal General Tarek William Saab el 10 de octubre de 2018, dos días después de la muerte de Fernando Albán.
Con esta declaración se quiso imponer a la opinión pública la tesis de que el concejal Fernando Albán se había suicidado al lanzarse del piso 10 del edificio de una de las sedes, en Plaza Venezuela, de la policía política del régimen. Sin embargo, el 1 de mayo de 2021, dos años y 7 meses después del suceso, nuevamente el Fiscal General apareció en los medios hablando del caso. Esta vez agregaba los delitos de homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga a los funcionarios implicados en la muerte de Albán.
Primero presentaba la tesis de que Albán salió corriendo y se lanzó, y luego justifican la muerte con la supuesta negligencia de dos funcionarios que custodiaban al miembro de Primero Justicia. ¿Es que acaso iban todos caminando por el borde de la ventana y Albán se les cayó del piso 10? Pregunta que hoy sigue sin respuesta.
El abogado de la familia Albán, Ramón Aguilar, aseguró que “no tienen fe ni esperanza de que con el actual sistema de justicia venezolano en manos de la dictadura vaya a producirse una decisión justa, ni siquiera un establecimiento cercano a la verdad de los hechos ocurrido en torno a la detención arbitraria, desaparición forzada, la tortura y la muerte de custodia de Fernando Albán”.
Indicó que esperarán a que se instale en el país un nuevo sistema de justicia, con jueces y fiscales probos, donde se respete la carrera y el mérito judicial, donde se ingrese por concurso, para que se realice una investigación seria. “En este momento no están dadas las condiciones”, afirmó Aguilar.
Sobre las versiones relatas desde el Ministerio Público, Aguilar comentó que nunca se ha cambiado la versión del suicidio.
“Ellos imputaron un homicidio culposo, un homicidio por negligencia, por una imprudencia. La última narrativa es algo así como que Fernando Albán se escapó y se mató, entonces los culpables son los custodios. Eso no abona a una averiguación de la justicia. Nosotros hemos pedido que se aplique el Protocolo de Minnesota, que es un protocolo específico de las Naciones Unidas para investigar este tipo de hechos. Se mantienen una total opacidad en este caso”, dijo Ramón Aguilar.
El equipo de abogados de la familia Albán, a tres años de la muerte del concejal, no ha podido revisar el expediente.
Además, los abogados del equipo de Aguilar, tuvo que huir del Venezuela ante amenazas y persecución. Indicó que no se realizó una segunda autopsia solicitada por la querella privada. “Hay mucha información encontrada, se dice que estaba esposado, otros dicen que no, no existió el charco de sangre en el sitio de suceso que dijo Tarek William que había. No quieren reconocer que hubo torturas en este caso”, aseveró.
Este no es el único caso donde las instituciones de la justicia dan más de una versión.
Recientemente, la juez del tribunal 15 de Caracas, Kenia Carrillo, dejó en libertad al militar Arli Méndez Terán, sujeto que disparó según lo que se pudo apreciar en televisión, a un joven manifestante desarmado, de 22 años, llamado David Vallenilla, en medio de las protestas masivas que sacudieron a Venezuela 2017.
Según la abogada defensora de la familia Vallenilla, María Alejandra Poleo, en el expediente estaban la experticia del arma que utilizó Méndez Terán que al comparar con los proyectiles o esferas metálicas que encontraron en el cuerpo de Vallenilla, dio como resultado que se trataba de la misma arma de fuego.
Además, tal y como se apreció en la imagen de televisión, el disparo era descendente, de arriba hacia abajo, ya que el militar estaba en un punto más alto dentro de la base aérea de La Carlota y Vallenilla en la autopista Francisco Fajardo, a pocos metros de distancia.
Según testigos en el Palacio de Justicia de Caracas, Méndez Terán salió caminando del tribunal, como correspondía después que la decisión fuera absolutoria. Horas después nuevamente el Fiscal General apareció en el canal del Estado diciendo que el militar nunca quedó libre, y que estaba preso, todo esto después que la corte de apelación fallara a favor de anular la condena y de dictar la medida privativa de libertad contra el militar. La apelación admitida la hizo la querella privada, no el Ministerio Público.
“Tengo una mezcla de emociones, yo soy abogado…siento dolor, yo voy a seguir luchando. No hay justicia, esto activa el principio de complementariedad que establece el Estatuto de Roma, para llegar a la instancia internacional, porque en Venezuela no se va a hacer justicia. Nicolás Maduro te veré la cara en la Corte Penal y ahí en juicio te voy a confrontar, porque más allá del militar que disparó tú también eres responsable”, afirmó David Vallenilla, padre de David Vallenilla, ejecutado en 2017.
Otro caso que Venezuela no puede engavetar en el libro del olvido, es el del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo. El oficial de la Armada Venezolana murió tras ser salvajemente torturado. Fue desaparecido desde el 21 hasta el 26 de junio de 2019, día en el que las autoridades anunciaron su captura. Según información a la que tuvo acceso Amnistía Internacional, a Acosta Arévalo después de detenerlo lo llevaron a un centro clandestino de torturas a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El día 28 de junio de ese año, fue trasladado a un tribunal militar en Fuerte Tiuna, lugar a donde llegó en silla de rueda, sin poder caminar ni sostener sus brazos, moribundo, por las palizas propinadas. Habría muerto en ese sitio, y no en el hospital Vicente Salias como dijeron desde la Fiscalía.
Por este caso se detuvo a dos funcionarios de la Dgcim. “No hubo una investigación honesta y sincera, no investigación o señalamiento alguno en cuanto a la cadena de mando como lo refiere la ley contra la tortura”, aseguró el abogado de la familia Acosta Arévalo, Alonso Medina Roa. Este es otro caso con el que trataron de hacer maniobras judiciales para disfrazar el debido proceso. En octubre de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia y su sala penal se avocó al caso despojando al tribunal 36 de control del área metropolitana de Caracas y ordenando al Ministerio Público presentar un nuevo acto conclusivo.
El proceso volvió a comenzar. Aún no hay justicia y la familia del capitán Acosta Arévalo tuvo que huir del país por acoso y persecución.
Otro expediente que duerme en las oficinas de la fiscalía y tribunales, es el homicidio en manos de funcionarios del Estado del joven Juan Pablo Pernalete. El estudiante y deportista de la Universidad Metropolitana fue asesinado por un Guardia Nacional el 26 de abril de 2017 en Altamira, municipio Chacao, mientras protestaba contra el régimen de Maduro. Un militar disparó al pecho de Pernalete una bomba lacrimógena.
Tras conocerse la muerte de Juan Pablo, el titiritero movió sus hilos y apareció Ernesto Villegas con esta mentira: “Todo indica la posibilidad de que esta pistola de perno cautivo haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete causándole la muerte”.
Posteriomente, Luisa Ortega Díaz, todavía en funciones como fiscal general, afirmó que a Pernalete lo había impactado una bomba lacrimógena en el pecho causando un shock cardiogénico que le provocó la muerte. Después de decir esto y que se había roto el hilo constitucional tuvo que huir del régimen del cual en principio fue cómplice. El resto es historia. El 1 de mayo de 2021, Tarek William Saab presionado por un inminente pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, reafirma que fue un homicidio y que había 12 militares detenidos.
Elvira de Pernalete indicó a El Estímulo que, al día de hoy “el Ministerio Público precalificó el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva a los militares, pero, ninguno de los imputados está detenido, están en libertad, sin ninguna sanción, sólo están imputados, ni siquiera acusados”.
“El drama fundamental de Venezuela es la impunidad, no hay sanción por un hecho punible cometido y una sociedad no puede vivir bajo la ley de la impunidad”, señala el abogado Alberto Arteaga Sánchez.
El gobierno venezolano condenó la declaración de la ONU en un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores, en el que no menciona una vez el nombre de Baduel
La larga persecución contra el cuarto juramentado del Samán de Güere comenzó casi desde los inicios de la revolución. La historia de venganza y rivalidad promovida por Hugo Chávez se tradujo en torturas, cárcel y aislamiento por 13 años hasta su muerte en prisión este 12 de octubre de 2021
La trama para descubrir lo que realmente sucedió, o está sucediendo, con la denominada Operación Gedeón, cada vez se torna más compleja. Mientras EE.UU y Colombia niegan su vinculación en los hechos, Maduro señala que los enfrentamientos en Petare, una de las favelas más grandes de América Latina, forman parte del plan para sacarlo del poder
