El diputado a la Asamblea Nacional por los municipios fronterizos del Táchira, Franklyn Duarte, declaró a medios, entre ellos a El Estímulo, que quienes están al frente de los caminos verdes o trochas que comunican a Venezuela con Colombia son los denominados “Colectivos Armados Fronterizos”.
“Los colectivos le dieron un ultimátum a Maduro: Nos deja las trochas y los puentes cerrados”.
De acuerdo al parlamentario, estos grupos irregulares exigieron estar al frente de las trochas o pasos ilegales porque ya vieron lo lucrativo y la cantidad de dinero que se mueve allí. Situación que ha elevado los costos del contrabando del combustible.
“Si antes un recipiente de 20 litros de gasolina tenía un valor de 20.000 pesos, luego del cierre de frontera los precios oscilan entre 35.000 y 40.000, monto que se eleva por el precio de vacuna (extorsión) que cobran los colectivos”, dijo el diputado.
También denunció el parlamentario que le quitaron “las competencias o matraca” (extorsión) que tenían los guardias nacionales en la frontera y se la entregaron a los llamados “colectivos”.
“Hace cuatro días, 140 guardias nacionales del destacamento 212, que ejercían funciones en los municipios de frontera fueron transferidos al Centro Penitenciario de Occidente, en San Ana del Táchira. Los llamaron traidores porque los guardias se mostraron en desacuerdo al tener que trabajar con los colectivos. Esto lo hizo el comandante del regional por una orden que recibió de Freddy Bernal”, dijo.
Al destacamento de frontera han traído ahora guardias jóvenes, recién graduados, precisó Duarte. Quien además aseguró que ningún cuerpo de seguridad del Estado tiene el control de la frontera porque en la zona operan y mandan son los grupos irregulares, “traídos por Freddy Bernal”.
“Lo que existe es un control absoluto y total por parte de colectivos. El control de trochas se ha convertido en un tema de corrupción, ahora son ellos (colectivos) quienes deciden quién pasa y quién no. Que se pasa y qué no. Donde ellos operan no se puede sacar un celular para hacer una foto, ni grabar un video porque han sido claros en asegurar que teléfono que vean, es teléfono robado”.
Desde el año 2015, cuando Maduro, ordenó el cierre de la frontera con Colombia, el control y la “corrupción” estaban en manos de los militares venezolanos (Guardia Nacional y Ejército), luego del 23 de febrero de 2019, ese control pasa a manos de Freddy Bernal, recién nombrado por Maduro, Ministro de Interior Justicia y Paz y los grupos armados que él dirige, precisó Franklyn Duarte.
“Son bultos de pesos lo que a diario recogen los colectivos en las trochas de San Antonio y Ureña”.
Ante los rumores de una reapertura de los puentes fronterizos en los próximos días, el diputado a la Asamblea Nacional, exhortó al comandante del puesto de la Guardia Nacional en Ureña, a cumplirle al pueblo.
“Después de haber denunciado al capitán de la Guardia Nacional en Ureña ante la Asamblea Nacional por estar inmerso en crímenes de Lesa Humanidad, él bajo la guardia. Lo felicitamos Capitán por hacer el trabajo que ha venido haciendo”
Según se conoció por parte de los habitantes de la población fronteriza, el militar estaría permitiendo de manera intermitente el paso de personas por el puente Francisco de Paula Santander.
“Esperamos que esta semana cumpla su parte y le cumpla al pueblo abriendo los puentes, al menos el que a usted le corresponde, el Francisco de Paula Santander y permita que los venezolanos que van a buscar comida y medicinas a Colombia utilicen esas vías sin tener que exponerse al cruzar trochas, ni pagar”.
“Nos robaron la canaimita”
Un joven tachirense quien pidió mantener su nombre en reserva, viajó junto a su esposa e hijo de apenas ocho meses el pasado fin de semana a la población de San Antonio del Táchira, pretendieron cruzar a Colombia a través de uno de los pasos ilegales, conocido como “la trocha del CDI”. Relató a El Estímulo, la amarga experiencia.
“Le requisaron la pañalera a mi esposa, ahí llevaba la canaimita (una pequeña computadora tableta), nos dijeron que no podíamos pasarla, la obligaron a entregarla. A ellos no les importó que aun estuviéramos en San Antonio. Les dijimos que nos regresábamos, que no pasábamos la trocha y no les importó, igual la sacaron de la pañalera y la dejaron para ellos”, denunció.
Orozco dijo que trató de no hacer mayor escándalo con lo sucedido, mientras pretendía cruzar a Cúcuta para pasar un fin de semana con la familia y aprovechar de regreso traer algo de mercado.
“No quise hacer alharaca porque en el morral que yo cargaba tenía una consola de Xbox (juego) con dos películas. Si hubieran abierto el morral, seguramente también me lo roban”, comentó.
Luego del cierre de frontera ordenado por Nicolás Maduro, durante el pasado 22 de febrero, innumerables son los reportes de robos, cobros ilegales y el amedrentamientos a transeúntes que denuncian los hechos luego de cruzar la frontera desde San Antonio del Táchira hacia el departamento colombiano de Norte de Santander.
Para atravesar “la trocha” de un lado a otro, es obligatorio cancelar una cuota que se cobra, dependiendo la cantidad de equipaje que se pretenda ingresar o sacar del país por esas vías.
Los cobros van desde 1000 pesos hasta 60.000, dependiendo de los artículos (cauchos de automóviles, baterías, otros repuestos) que se pasen a Venezuela.
En cada uno de los pasos ilegales hay entre dos y tres alcabalas, custodiadas por civiles quienes se encargan de recoger el dinero o “colaboración”, exigida a los transeúntes.
Se financian irregulares
Un financiamiento a las células subversivas o grupos irregulares colombianos que operan en frontera colombo venezolana se está produciendo tras el cierre de los puentes internacionales, de acuerdo al director de la fundación Redes (Fundaredes), Javier Tarazona.
“Se cerró frontera para afectar a la población venezolana pero se incrementó la extorsión por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Colectivos de Seguridad Fronteriza que en las más de 50 trochas que hay en la frontera (municipios Rafael Urdaneta, Pedro María Ureña y Bolívar) diariamente desarrollan su actividad ilícita”, señaló el defensor de los derechos humanos.
Los grupos irregulares son los que vigilan los caminos verdes, extorsionan y cobran a las personas dependiendo que tipo de vestimenta utilicen, la cantidad de equipaje o mercado que lleven.
“Todo pasa en las narices de los funcionarios de seguridad: guardias nacionales y Policías Nacional Bolivariana, dijo Javier Tarazona.
De acuerdo al vocero de Fundaredes, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, la policía política) ha intentado en las últimas horas retomar el control o manejo de los pasos ilegales para continuar con la corrupción y no ha sido posible hacerlo.
“Lo que está próximo a pasar en la zona es una masacre, en medio de uno más de los enfrentamientos de los que ya se han escenificado en el lugar”, advirtió.
Fundaresdes recientemente entregó un boletín que detalla la actuación de los grupos irregulares colombianos en la frontera a la Comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que visita el país. En el documento se le solicita a la Alta Comisionada Michell Bachelet, visitar la zona de frontera, los pasos ilegales, para que evidencie la tragedia humana que se vive en territorio fronterizo.
“Será responsable Michell Bachelet, de la tragedia que pueda ocurrir en la frontera”.
Dos escuelas de la zona, Unidad Educativa República de Cuba (San Antonio) y Cipriano Castro (Tienditas), son usadas para el resguardo de grupos irregulares que controlan los pasos ilegales, fue otro de los señalamientos hechos por el representante de Fundaresdes.
“Ana Blanco, directora de la escuela república de Cuba, a través de audios enviados a las redes sociales en donde se identifica plenamente, ha dicho que quienes se atrevan a visitar la escuela no van a recibir caramelos, precisamente”, dijo.
