A pesar de las denuncias, los vecinos no habían recibido el apoyo de las autoridades de manera firme. Fue quizás la muerte del niño Gabriel Vizcaya, de 5 años de edad, quien perdió la vida cuando unos delincuentes lanzaron una granada a una comisión policial, el pasado 11 de mayo del 2016, en la calle La Libertad, cuando los ojos de la opinión pública voltearon a ver qué pasaba en El Observatorio, del 23 de Enero.
Posteriormente el 16 de julio fueron asesinados dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Los oficiales respondían a los nombre de Santos Eduardo Bolívar y Josbert Eduardo Lugo Vásquez, ambos fueron arrollados por vehículo conducido por unos delincuentes y luego masacrados a tiros. Se sospecha que los asesinos forman parte de una de las nuevas bandas delictivas que se instalaron en la zona de El Observatorio.
– Zona roja –
“Desde hace más de dos años veníamos denunciando que en nuestra comunidad se estaban formando grupos delictivos con las mismas características que la Cota 905, El Cementerio y El Valle. Observamos cómo los delincuentes portaban armas de un potente calibre, que nunca habíamos visto, se comenzó a instaurar un toque de queda obligado, dejamos de salir en las noches, para evitar ser víctimas del hampa, pero igual nos atracaban a cualquier hora, a los bodegueros le exigían el pago de vacunas y hasta algunas escuelas cerraron sus puertas ya que no se sabía en qué momento se podrían formar los tiroteos”, dijo una de las vecinas, que pidió mantener su nombre en reserva.
Otra de las residentes indicó que por las acciones del hampa, varios vecinos se vieron obligados a abandonar sus viviendas.
“La situación se tornó insoportable, los atracos se cometían en cualquier momento, horrible era la llegada de las noches y fines de semana, los malandros se montaban en nuestros techos, nos tenían amenazados, en nuestro caso dejamos nuestra vivienda al cuidado de unos vecinos, le prohibimos a nuestros hermanos que vinieran a la comunidad, muchos abuelos también tuvieron que mudarse”, dijo otra de las vecinas.
– Captan niños –
Representantes de un colectivo que hace vida en el 23 de Enero, que también pidieron mantener su nombre en reserva, señalaron que tienen los documentos en los cuales se alertaban a las autoridades de la migración de delincuentes de alta peligrosidad al 23 de Enero.
Los colectivos son organizaciones sociales fomentadas por el chavismo. Muchos de ellos también se han convertido en grupos armados con la misión de defender la llamada «revolución bolivariana». El 23 de enero ha sido su principal santuario y según fuentes confidenciales se encargaban de imponer la paz en la zona.
“Estas bandas delictivas se dedican a captar a niños y niñas entre los 11 y 12 años, desde los liceos, al principio los utilizan como espías, para que canten la zona, para que den información de sus vecinos, también los obligan a vender drogas y los utilizan en videos de pornografía infantil”, dijo uno de los informantes.
Indicaron que entre las bandas se destacan la actuación de «paramilitares», así como también de personas que han pagado condenas en diferentes penales del país, quienes trasladan los modelos de pranatos hasta el barrio.
En la jerga policial, los llamados pranes son los jefes de bandas criminales que controlan los presidios en Venezuela.
“Los niños empiezan a cumplir responsabilidades como gariteros, luego los enseñan a utilizar armas y con el paso del tiempo los convierten en asesinos, les pagan altas sumas de dinero por matar ciudadanos que sean revolucionarios, funcionarios de un cuerpo de seguridad del Estado o en su defecto ciudadanos que pertenezcan a organizaciones sociales”, aseguró este entrevistado.
Indicaron que la situación de violencia se evidencia en mayor grado en todo el eje que se inicia en el bloque tres del sector La Silsa, hasta el bloque 7 de Monte Piedad, especialmente en aquellos espacios en donde se colinda con la zona de El Guarataro, de la parroquia San Juan. Aseguran que estos grupos delictivos tienen un gran poder económico, producto de la venta de drogas, los secuestros, robo de vehículos y el sicariato (asesinatos por encargo).
Aseguran que esta situación tiene varias causales, entre ellos el programa de Zonas de Paz, instaurado por el propio Gobierno, a través del ex viceministro de Seguridad, José Vicente Rangel Avalos, que permitió que líderes negativos se apoderaran de espacios, sin que la policía pudiera ingresar a estos sectores.
“También se cuentan los integrantes de la derecha fascista que tienen conexiones con estas mafias, así como algunos funcionarios policiales corruptos que también reciben dinero por pasar información, proteger y dejar actuar a estos delincuentes”, dijo una de las fuentes.
Aseguran que desde el inicio del año 2016, en la zona de El Observatorio han sido asesinadas unas 60 personas, aunque en los registros policiales solo se pueden verificar unas 10 víctimas. “Esta cifra la manejamos por la información que recabamos en la propia comunidad, con los familiares de los fallecidos, que han muerto al resistirse al atraco, al quedar en la línea de fuego en los enfrentamientos entre las bandas o por las balas perdidas”, señaló otro integrante del colectivo.
Indicaron que la situación ha llegado al punto que hasta los delincuentes han perpetrado atracos a mano armada a los integrantes de la Comités Locales de Alimentación y Producción, Clap, para robarle las bolsas de comida que estaban destinadas a los vecinos.
“Posteriormente estas bolsas de comida fueron vendidas por los revendedores de alimentos en el propio 23 de Enero, estas denuncias nunca salieron a la luz pública porque las víctimas no denunciaron por miedo a represalias”, agregó uno de los informantes.
– Llegó la OLP –
El pasado 16 de julio, ante la arremetida del hampa en la zona de El Observatorio, las autoridades del gobierno llevaron a cabo la primera Operación Liberación del Pueblo, OLP, (redadas a cargo de militares y policías) en donde se informó fueron abatidos cinco sujetos, entre ellos uno de nombre Maickel Villarroel, apodado “El Lagarto”, cabecilla de una de las bandas.
Las opiniones de los vecinos en torno a esta toma armada para combatir la delincuencia se encuentran divididas, un grupo apoya las medidas, “pues es la única manera de combatir a los malandros que se apoderaron de nuestra comunidad”, señaló una de las habitantes, que aseguró haber sido víctima en varios atracos.
Por otra parte, algunos residentes de El Observatorio, señalan que se violentaron los Derechos Humanos y el respeto a la propiedad privada. “Se metieron en las casas sin orden de allanamientos, destrozaron muchas viviendas, maltrataron a mujeres y niños, son unos abusadores”, señaló otra de las habitantes de El Observatorio.
Lo que si estuvieron de acuerdo en señalar los vecinos de esta populosa zona del 23 de Enero, es en que es necesario que las autoridades coloquen puntos de control para minimizar las acciones del hampa desatada en todo el sector.
