El pasado 9 de marzo, 10 funcionarios de la policía municipal de Zamora, en Villa de Cura, estado Aragua, fueron detenidos por estar acusados de cometer varios delitos, entre ellos la extorsión, «cobro de vacunas», robo a mano armada, desvalijamiento de vehículos, además de colocar alcabalas en diferentes vías a para despojar a los choferes de sus pertenencias y cobrar peaje.
Los miembros de esta banda de uniformados también fueron acusados de promover la prostitución forzada dentro de los calabozos, obligando a varias mujeres a ofrecer sus servicios sexuales. Además utilizaban las propias instalaciones policiales para mantener cautivas a las personas que secuestraban, hasta tanto las familiares pagaran el rescate solicitado.
Por este caso en particular fueron detenidos el propio director de Polizamora, Helinay Abimelex Rondón González y el subdirector de este mismo cuerpo de seguridad, Gregoriano Alexander Guevara Pérez. Lejos de cumplir con su deber de ofrecer protección a los ciudadano comandaban a los otros uniformados para que cometieran todo tipo de fechorías.
Cuatro días después, el 13 de marzo, cuatro efectivos de la Guardia Nacional, identificados como Antony Carrizales, Luis Arias, José Ramírez y Manuel Aular, fueron detenidos en el Distribuidor La Araña, en Caracas, acusados de intentar robar dos motos, utilizando para ello sus armas de reglamento.
Uniformes para robar
El 28 de febrero fue desmantelada una banda delictiva que se había dedicado a robar cables del sistema Metro de Caracas. Entre los delincuentes se encuentran cinco agentes de la Policía Nacional Bolivariana, a los cuales les incautaron 750 kilos de cobre.
Los uniformados cometían sus delitos junto con otras cinco personas, que también quedaron a la orden del Ministerio Público.
También en Caracas, el pasado 2 de diciembre fue desmantelada una banda delictiva conformada por 12 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, que se dedicada al secuestro y la extorsión. El grupo de uniformados habían secuestrado a una pareja y solicitaba a los familiares cinco mil dólares por el rescate, dijeron fuentes policiales.
Los familiares de las víctimas no contaban con el dinero solicitado y denunciaron el caso ante las autoridades, quienes rastrearon las llamadas de los policías delincuentes y lograron la captura de dos de los integrantes de la banda, identificados como el supervisor Michael Lozada y el agente agregado Daniel Prieto.
El operativo se llevó a cabo en los alrededores de la estación Teatros, del Metro de Caracas y al momento de la captura fueron decomisados a los funcionarios 150 dólares en efectivo, así como los celulares y otras pertenencias de las víctimas. Por este hecho se encuentran solicitados otros 10 funcionarios que se dieron a la fuga.
Estos son solo unos ejemplos de los muchos casos que diariamente son reseñados en algunos medios de comunicación, o que quedan entre bastidores de los cuerpos del orden público, y en donde funcionarios de seguridad han estado implicados en hechos delictivos. Las cifras van en aumento.
Un problema con mucha antigüedad
El problema de la corrupción policial y los casos funcionarios inmersos en el mundo delictivo no es nada nuevo en Venezuela, lo que si debe ser motivo de preocupación es el auge de estos delitos, señalaron expertos y fuentes policiales consultadas por El Estímulo.
Marcos Tarre Briceño, analista del área de seguridad en Venezuela, realizó una investigación para el Observatorio de Delito Organizado, en 2016, en torno a la corrupción policial en el país. Señala que a partir de a partir del año 1999 comienzan a ascender los índices delictivos y que en busca de una solución el Ejecutivo Nacional ha anunciado tres reformas policiales y ha creado una serie comisiones para su instrumentación, sin obtener hasta ahora un resultado positivo.
Tarre Briceño señala en su investigación que en el año 2006 el para entonces ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, convocó a una gran consulta nacional para diagnosticar el estado del sistema policial venezolano. Invitó a expertos nacionales e internacionales para producir un informe.
El llamado a la consulta fue atendido por 5.429 personas, que dieron su respuesta al cuestionario de los expertos. La investigación también incluyó la recopilación de una serie de informaciones de un total de 24 cuerpos policiales estadales y 99 policías municipales.
En la consulta salieron a relucir las debilidades que los ciudadanos visualizaron en el sistema policial, entre ellas las prácticas delictivas de algunos funcionarios dedicados a la extorsión y violaciones de los derechos humanos, entre otros.
La Comisión Nacional de reforma del Modelo Policial, CONAREPOL, luego de un año de trabajo, presentó su informe con las recomendaciones. Pero en enero del 2007, el nuevo ministro de Relaciones Interiores Pedro Carreño, miembro del mismo gobierno, afirmó que esas recomendaciones no respondían a la “policía socialista” que el país necesitaba.
En junio de 2009, siendo Tarek El Aissami Ministro de Relaciones Interiores, durante el acto de instalación del Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, admitió que 20% de los delitos en Venezuela son perpetrados por funcionarios policiales.
O se es malandro o se es policía
Consciente de los problemas de corrupción dentro de los distintos cuerpos de seguridad, el presidente Nicolás Maduro, el 30 de octubre del 2014, designó al para entonces diputado, Freddy Bernal, como Presidente de la Comisión Presidencial de la Reforma Policial, que tenía como principales metas la revisión, rectificación, reimpulso y reestructuración del Sistema Judicial, en todas sus áreas.
En su momento Maduro exigió celeridad en los procesos para la depuración de los cuerpos de seguridad “no es que van a pasar 6 meses y me van a entregar un informe. No. Cero protocolo, cayendo y corriendo”, dijo pidiendo rápidos resultados.
La comisión fue creada el viernes 14 de noviembre de 2014 por la Gaceta Oficial 40.541, según Decreto Presidencial 1.420. Al asumir sus nuevas responsabilidades Freddy Bernal aseguró que “serían implacables contra la corrupción policial” y que serían intervenidos varios organismos de seguridad.
“Estamos trabajando para que esa policía no se vaya a corromper. Seremos implacables contra la corrupción policial, sea del Gobierno, sea oposición, sea municipal, sea nacional. Y yo pido la confianza de la ciudadanía, pido la confianza de la inmensa mayoría para que trabajemos juntos porque una policía decente la necesitamos todos: Gobierno y oposición”, señaló en una de las tantas entrevistas que atendió.
Igualmente Bernal advirtió a los funcionarios policiales en ejercicio que “o son policías o son malandros, no pueden ser las dos cosas”.
Durante su permanencia en este cargo el actual ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, advertía también a los uniformados homosexuales que formen parte de los cuerpos policiales que no deben manifestar públicamente su “apetencia sexual”, porque eso, dijo, “no va” con la cultura de Venezuela”.
“Sí, puede ser funcionario policial, siempre y cuando no manifieste públicamente su apetencia sexual, porque imagínate un funcionario que quiera ponerse camisa rosada o pintarse los labios”, dijo en otra de sus entrevistas a un medio de comunicación, declaraciones que obtuvieron severas críticas por partes distintos sectores de la sociedad venezolana.
Trabajo a medias
Dos meses después de haber iniciado sus labores en la nombrada comisión, Freddy Bernal, encabezó el allanamiento de la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, ubicado en la parroquia El Valle, en Caracas, en donde fueron detenidos 13 funcionarios acusados del delito de secuestro. Informó en su oportunidad que los uniformados dentro de los calabozos retenían a sus víctimas, especialmente comerciantes, para solicitar rescate a los familiares.
Señalaba Bernal que en sus acciones se había comenzado un estudio para impulsar la seguridad integral del policía “pero al mismo tiempo la ciudadanía pide acciones contundentes contra el hampa y la criminalidad organizada. Hay que asumir que a lo largo de muchos años, se ha ido estructurando mafias entre los cuerpos policiales municipales, estadales, nacionales y el crimen organizado”.
También señalaba en su momento que “hay funcionarios policiales a la orden del crimen organizado y muchos de ellos, de mafias institucionalizadas en los cuerpos de policías, pero estamos decididos a poner mano dura para combatirlos”.
Luego de seis meses de trabajo, de haber intervenido varios cuerpos de seguridad, de haber realizado un nuevo levantamiento de la situación de los cuerpos policiales a nivel nacional (que ya había sido hecho en el año 2006), Freddy Bernal presentó ante las autoridades un informe, con más de 700 páginas, con varias propuestas, resumidas en cinco proyectos de ley.
Proyectiles en el papel
En marzo de 2015, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial, entregó a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional varios proyectos de leyes e hizo un balance de su gestión. Los proyectos de leyes fueron:
Proyecto de Ley de los Órganos de Seguridad Ciudadana: en el que se plantea la creación de la Inspectoría General de los Funcionarios, creando un sistema de régimen disciplinario centralizado y rígido para todos los cuerpos de policías del país.
Proyecto de Ley Especial de Seguridad Social de Policías: el cual contempla viviendas para los funcionarios, seguro médico y otros beneficios de carácter laboral.
Proyecto de Ley para la creación de la Jurisdicción Penal en Materia de Policía: para que los casos de delitos cometidos funcionarios policiales sean llevados por jueces especializados. ·
Proyecto de Ley para habilitar a los cuerpos policiales municipales y estadales en materia de Investigación penal para delitos menores de ocho años: lo que permitirá a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) dedicarse únicamente a las investigaciones de delitos más graves. ·
Proyecto de Ley para la instrumentación del proyecto “Se Busca”: el cual consiste en presentar públicamente la lista de los delincuentes más buscados del país, con el objeto que la ciudadanía y todo el sistema de órganos de seguridad ciudadana puedan conocerla y cooperar con las autoridades para las capturas de los solicitados.
Los tres primeros proyectos, referidos a mejorar las condiciones de los funcionarios policiales y combatir las mafias internas, pero cuyas propuestas fueron engavetadas, y lejos de solventar los problemas de corrupción interna, se agravado y diariamente aumentan los casos de policías delincuentes.]]>
