Bandas armadas y cárteles se fortalecen en Venezuela y en el Caribe

La utilización política de la justicia, una crisis económica que ha llevado a la pobreza a 97% de los venezolanos, la destrucción institucional y los llamados de “armar al pueblo” en defensa de la revolución bolivariana, han sido terreno fértil para el desarrollo y fortalecimiento de los grupos armados. 30 megabandas se han fortalecido, tomado espacios territoriales y algunas se han internacionalizado sin obedecer a ninguna ideología

Bandas armadas y cárteles se fortalecen en Venezuela y en el Caribe

Nuevamente los voceros del gobierno atribuyen la existencia y fortalecimiento de las bandas armadas delictivas como la de «El Koki» y las FARC disidentes, a supuestos enemigos políticos que quieren derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y su revolución socialista. Un argumento que utiliza el chavismo para justificar el deterioro y destrucción de la vida ciudadana y económica del país.

Atribuir a la oposición política, a Colombia y Estados Unidos el financiamiento de “El Koki”, que cierra con la detención y acusación al dirigente opositor Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular, de ser la cabeza de estos grupos armados, es un mecanismo político reiterado que de igual forma no puede ocultar la vinculación histórica que ha tenido el chavismo con el desarrollo de los grupos de delincuencia organizada.

Debemos recordar cómo, a principios de revolución bolivariana, su líder Hugo Chávez, justificó el robo cuando es por hambre. Vimos a muchos jefes del gobierno como José Vicente Rangel Ávalos reunirse con delincuentes y ofrecer perdón a cambio de dejar de delinquir; se formaron las “zonas de paz” en las que se impidió a las fuerzas policiales resguardar la seguridad de las comunidades y las dejaron bajo el control de los grupos irregulares. Junto a estas políticas, Nicolás Maduro ofreció 20 mil fusiles a las barriadas populares supuestamente para “defender a la revolución”.

La exministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, puso en libertad a grupos de prisioneros para ser incorporados como defensores de la revolución y a quienes les impartieron entrenamiento militar. “Los privados de libertad están siendo entrenados para defender la nación. Estas personas están dispuestas a salir a la primera línea de batalla, han recibido formación política y formación de patria dentro de los recintos”, dijo Iris Varela, en julio de 2020.

A esa secuencia de hechos debemos agregar los vínculos históricos de las élites del chavismo con los guerrilleros del ELN y las FARC, a quienes desde la Asamblea Nacional (chavista) y el Foro de Sao Paulo se les declaró como “fuerzas beligerantes” que buscan la liberación de Colombia.

El crecimiento de las bandas armadas y la delincuencia organizada que se ha fortalecido en Venezuela ha sido parte de un proceso de deterioro que importantes investigadores, especialistas en el área del crimen organizado y organizaciones no gubernamentales han venido estudiando desde que el chavismo comenzó a desmontar el Estado de derecho y las instituciones democráticas.

Bandas armadas y violencia

El fortalecimiento de las bandas armadas tiene varios indicadores. Uno de ellos es el haber convertido a Venezuela en uno de los países más violentos del mundo.

“En el año 2020 dos epidemias azotaron al país: la epidemia del Covid-19 y la epidemia de la violencia. La epidemia de la violencia en 2020 resultó once veces más letal que la del coronavirus”, señaló el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), como entrada a su informe de 2020, el cual hace una radiografía de la extrema violencia registrada este último año. Un escenario que en cifras revela el drama que vive el país y la ausencia de un sistema de derecho que pueda corregir y, menos aún, neutralizar el avance de esa violencia.

Ese año cerró con un estimado de al menos 11.891 fallecidos y una tasa de 45,6 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina, según el informe del OVV. Esta tasa es el resultado de los tres tipos de muertes violentas que considera el OVV son los componentes de la violencia letal en la sociedad.

“En 2020 ocurrieron 4.153 homicidios cometidos por los delincuentes, para una tasa de 15,9 víctimas por cada cien mil habitantes. Se contabilizaron 4.231 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 16,2 víctimas por cada cien mil habitantes. Y al menos 3.507 muertes de intencionalidad indeterminada, registradas oficialmente como averiguaciones de muerte, y que consideramos son homicidios que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar, y cuya tasa estimada es de 13,4 víctimas por cada cien mil habitantes”.

En Venezuela y otros países de la región se produjo una reducción de la tasa de muertes violentas en comparación con 2019. Esa reducción está vinculada a la cuarentena generada por la pandemia que ha llevado a una disminución de la criminalidad de las pequeñas bandas y la migración en el caso venezolano. Sin embargo, en toda la región se ha producido un incremento de bandas del crimen organizado.

En 2019 hubo 16.506 muertes violentas para una tasa de 60,3 víctimas cada 100 mil habitantes, que se considera como la mayor crisis social vivida por Venezuela.

“La mayor crisis social de la historia por la destrucción de la economía, la pérdida de capital humano por la emigración, el deterioro del Estado de derecho y el incremento de la desigualdad social”, señala el OVV.

Letalidad policial

“Después del año 2016 las policías han dado de baja supuestamente por haberse resistido a la autoridad a 27.856 venezolanos. Si damos por ciertas las informaciones oficiales sobre estos individuos, que afirman que el 66% de las víctimas de esas acciones tenía un prontuario policial, podemos estimar que la policía ‘abatió’ en esos años a cerca de 18 mil presuntos delincuentes”, precisa el informe del OVV.

300 mil homicidios

Especialistas en el estudio y seguimiento del crimen organizado coinciden con el OVV en cuanto al crecimiento y fortalecimiento de las bandas armadas y crimen organizado según las cifras de muertes violentas que ponen a Venezuela como uno de los países más violentos del planeta.

En los primeros 20 años en el poder de la revolución bolivariana se registraron 300 mil homicidios, documenta el libro Revolución de la muerte de los especialistas Luis Izquiel Bermúdez y Fermín Mármol García. Esta cifra supera la cantidad de personas fallecidas en la Guerra Federal (1859-1863) y en la Guerra de Independencia (1810-1823), según comparan los autores.

Caracas ocupó la tercera posición como la ciudad con mayores índices de homicidios en el mundo en 2018. Bajó al sexto lugar en 2019 y en 2020 se ubicó en el puesto 19, ocupando los primeros lugares seis ciudades mexicanas, de acuerdo al índice que lleva el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una ONG Mexicana que registra anualmente las 50 ciudades más violentas del planeta. En ese estudio destacan en los primeros lugares ciudades de Latinoamérica y el Caribe.

Destaca el OVV que todas las 24 entidades federales de Venezuela presentan una epidemia de violencia. De las 356 unidades subestatales que hay en el país, compuestas por los 334 municipios y las 22 parroquias del Distrito Capital, 286, que representan el 80%, se encuentran en situación de epidemia de violencia.

En opinión del OVV, en este año se ha acentuado la interacción y cooperación entre las bandas grandes del crimen organizado y los funcionarios del Estado, lo cual ha permitido el señoreo de estos grupos sobre amplios territorios urbanos y rurales del país.

La presencia de organizaciones de actores armados no-estatales en la zona del Arco Minero y en las fronteras de los estados Zulia, Apure, Táchira y Bolívar representan unos mecanismos de cohabitación que implican al menos una cesión de la soberanía de la república en esos territorios.

El dominio de esos actores armados en esas zonas no se traduce necesariamente en un incremento de los homicidios, pues existe de parte de ellos un proceso de administración de la violencia que puede permitir un mejor control de la población y que sugiere la existencia de acuerdos con funcionarios del Estado.

La debilidad del Estado es su fuerza

“Los Estados latinoamericanos que miran al Caribe son sustancialmente débiles y tienen una capacidad muy limitada para regular la vida económica y social de sus sociedades. Son estos vacíos los que aprovecha el crimen organizado para asentarse y crecer. Desde esta perspectiva, las economías criminales sobre las que se asientan cárteles, bandas y grupos armados no operan en el vacío, sino que están insertas en el contexto de extensas economías informales, es decir, inmersas en entornos productivos que operan al margen de cualquier regulación estatal”, explica un estudio sobre las bandas criminales en esta región realizado por investigadores pertenecientes al Instituto Español de Estudios Estratégicos, en el documento “Cárteles y bandas en la cuenca del Caribe” de 2019.

Sostienen los investigadores que la ausencia gubernamental crea un entorno de ilegalidad que hace mucho más fácil para los criminales obtener los insumos que necesitan (armamentos de guerra), enmascarar su operación y transferir los beneficios obtenidos a la legalidad. Esta conexión entre informalidad y crimen organizado existe a lo largo de toda América Latina en proporciones mayores o menores.

Los investigadores detallan cómo Colombia resulta un buen ejemplo de las conexiones entre el ámbito legal, informal y criminal. En 2017, el PIB colombiano fue de 309 mil 191 millones de dólares. La economía informal colombiana se estima en 35,1%. En ese contexto, navegan una parte sustancial los 2 mil millones de dólares que valió la cosecha de coca transformada en clorhidrato de cocaína en 2017. Esta misma lógica se puede aplicar en Venezuela donde la economía informal se situaba en 41,7% antes del colapso económico del gobierno de Nicolás Maduro. Sirve también para países como Trinidad y Tobago o Jamaica, en los cuales la economía informal alcanzaba 28,1% y 40,3% respectivamente en 2014.

“En este contexto, el crimen organizado en la región combina tres herramientas para competir con los Estados: ha desarrollado una base económica independiente basada en una extensa panoplia de actividades ilícitas que van desde el tráfico de narcóticos y la minería ilegal, pasando por el contrabando y la trata de personas, el secuestro hasta la extorsión. Todas estas fuentes de recursos ofrecen a los grupos criminales medios para construir una base social y erosionar el control de los gobiernos sobre población y territorio”, señala el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Nuevas bandas

En los últimos años la diversidad de grupos delictivos organizados han ido desplazando el modelo de los viejos cárteles que tenían el control de la producción y distribución del mercado de los narcóticos. Las relaciones entre el crimen organizado y los poderes políticos, la diversidad de productos derivados de la base de coca y heroína, el lavado de dinero ligado también a la corrupción y otros negocios como la trata de personas y tráfico de minerales ilegales han creado esa diversidad de grupos y nuevos mecanismos y rutas de tráfico.

Bloques del crimen en Venezuela

En el caso venezolano, estos grupos tienen disímiles objetivos de acuerdo al territorio ocupado, naturaleza y tipos de negocio ilegal; así como también en su relación con el poder político formal.

Los especialistas en el estudio sobre crimen organizado, Fermín Mármol García y Luis Izquiel clasifican en ocho bloques delictivos a las organizaciones que se han posicionado en el país en los últimos años.

1) Las megabandas criminales
2) “Los pseudosindicatos” de construcción, petroleros y mineros
3) Los colectivos armados y violentos
4) Los pranes y sus organizaciones carcelarias
5) Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN)
6) Holding de la corrupción
7) Tráfico de drogas
8) FARC, ELN, las Bandas Emergentes y Bandas Criminales colombianas (BACRIM).

El Estado delincuente, la investigación escrita en 2013 por Marcos Tarre y Carlos Tablante, identifica unas 30 megabandas en todo el país.

En los últimos meses se ha producido el fortalecimiento del grupo FARC disidente de Gentil Duarte, en el estado Apure. Los sucesos en los que murieron 20 efectivos militares venezolanos y 8 prisioneros de este grupo armado, ofrecen una perspectiva de ese fortalecimiento en el que sus cabecillas siguen sin ser detenidos y ocupan zonas importantes del Alto Apure.

A las FARC y al ELN también asentados en los estados Apure, Bolívar y Barinas principalmente, se les identifica como grupos ideológicos de izquierda provenientes de Colombia, de los cuales un sector ha recibido apoyo político directo desde el gobierno chavista, según declaraciones de los voceros del alto gobierno y del propio Nicolás Maduro. También de Colombia llegaron las denominadas Bacrim, con nombres como Los Rastrojos y Los Uribeños, cuyo origen se remonta a las viejas autodefensas colombianas enfrentadas a la guerrilla izquierdista.

Expansión de “El Koki”

La expansión de la banda de “El Koki” en el oeste de Caracas, desde la Cota 905 y La Vega, El Paraíso y otras parroquias aledañas, es un hecho reconocido.

En esta última operación policial, según los reportes, resultaron muertas 23 personas, de las cuales, al menos 15 no formaban parte de las bandas sino que fallecieron por balas perdidas, con denuncias de “ajusticiamiento”, más los 4 efectivos oficiales que murieron en el enfrentamiento. Este es un resultado que no puede considerarse como exitoso, sobre un grupo con cerca de 300 hombres armados y cuyos líderes ann no han sido ubicados.

Otra organización en crecimiento es “El Tren de Aragua”, dirigido por “pranes” carcelarios. La internacionalización de la banda llegó hasta Colombia y Perú. Se expandió al sur de Venezuela con la denominación de “Tren de Guayana” con ramificaciones en Los Llanos, y la zona noroeste del país.

En el estado Bolívar se han diversificado otras bandas. Allí controlan las rutas del narcotráfico y el tráfico de oro las organizaciones agrupadas en el llamado “Sindicato” que disputan territorio con el ELN. Figuran en el estado Zulia “Los Meleán”. Otros jefes en Caracas que han figurado por sus acciones violentas son “el Wilexis”, “el Conejo” y “el Picure”.

También se han fortalecido las bandas que operan en los estados Sucre y Delta Amacuro en el negocio de drogas y trata de personas hacia Trinidad y la incursión hacia occidente del “Clan del Golfo” y el cártel de La Guajira. En Falcón se habla del cártel de Paraguaná.

En México y el Caribe

En Centroamérica y el Caribe estos dos últimos años se han fortalecido igualmente las bandas delictivas. México, el país con las bandas más poderosas de la región, durante los últimos años estuvo dominado por el cártel de Sinaloa; sin embargo sus organizaciones se fragmentaron a partir de la captura de “el Chapo” Guzmán en enero de 2017. Algunos integrantes de este cártel operarían desde Colombia y Venezuela. Otros grupos mexicanos como el cártel del Golfo, “Los Zetas”, “Caballeros Templarios” se han diversificado. Han surgido otros con gran penetración en el mercado de EEUU como “Jalisco Nueva Generación”.

Según registra el trabajo sobre las bandas en la cuenca del Caribe, el incremento de la criminalidad y la violencia en esa región está asociado estrechamente a la creciente influencia de las “maras”.

Bajo esta denominación se agrupan estructuras de distintos tamaños y con niveles de actividad criminal muy diversos. Se calcula que las “maras” salvadoreñas -MS-13, Barrio 18 y otros grupos menores- vinculan de distinta forma y con distinto nivel de compromiso a cerca de 62.000 individuos.

Un número importante de “maras” más pequeñas han surgido como resultado de divisiones de los grupos principales. Entre las primeras, se encuentra la “MS-503” o “Revolucionarios”, fruto de una escisión de la “MS-13” en El Salvador o los “Vatos Locos”, también derivada de la “MS-13”, pero en este caso en Honduras, en donde también operan “Los Olanchanos” y “Los Parqueros”.

El Instituto de Estudios Estratégicos (IEEE) explica que todas las “maras” o pandillas están involucradas de una forma u otra en actividades de delincuencia organizada. La gran diferencia entre ellas estriba en sus dimensiones y la sofisticación de sus operaciones, que las reducen a la categoría de “amenaza para la seguridad ciudadana” mientras elevan a otras al nivel de “actores criminales transnacionales”.

El calificativo de “El Triángulo Norte” de Centroamérica se le atribuye a una región integrada por tres países: El Salvador, Guatemala y Honduras, considerada como una de las zonas más violentas del mundo.

Una de las principales causas de la elevada tasa de criminalidad que azota a esa región se debe a la actuación de las “maras”, o pandillas, que operan con impunidad.

Uno de los efectos sociales de estas pandillas, al igual que lo que está ocurriendo en Venezuela, es que la única fórmula para escapar del alto nivel de violencia a quienes no obedecen sus normas, es abandonar el país. Médicos Sin Fronteras estima que 500.000 personas abandonan “El Triángulo Norte” cada año con destino a EEUU. Algunos lo logran. Otros fallecen en el camino, son deportados o prefieren solicitar asilo como refugiados en México debido a los peligros de la peligrosa ruta, donde cerca de 7 de cada 10 inmigrantes son víctimas de violencia, destaca el análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Según los estudios de la ONG Crisis Group, las “maras” cuentan con cerca de 54 mil personas entre los tres países que conforman el Triángulo del Norte. Las tasas de homicidios en estos países están cercanas a las de Venezuela. El Salvador tiene el primer lugar con 64 asesinatos cada 100 mil habitantes; y Honduras 41.

En Venezuela no son las acciones de “imperios” ni los factores políticos los que crean y financian estas bandas. Salvo los casos de las FARC y el ELN colombianos, estas nuevas organizaciones delictivas no están ligadas a componentes ideológicos. Su origen y crecimiento está ligado a la debilidad de la democracia, a la impunidad, a la corrupción y a la economía fallida en un país donde el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y el conocimiento es un asunto secundario y hasta marginal.

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