Cierre de frontera con Colombia dejó más de 2.000 víctimas a la espera de justicia

La reapertura total de la frontera y justicia para las víctimas de las deportaciones, desplazamientos forzosos y destrucción viviendas, de acuerdo a estadísticas oficiales de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Unerd), y del Registro Único de Damnificados (RUT) de Colombia, son las exigencias del exdiputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, al cumplirse cuatro años del cierre del paso binacional

A cuatro años del cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado por el mandatario Nicolás Maduro, el exdiputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, pide justicia ante un hecho que, a su juicio, se ha convertido no solo en una de las más grandes violaciones de los Derechos Humanos, sino en un elemento de impunidad nacional e internacional.

«Fueron víctimas no sólo de la represión del gobierno de Nicolás Maduro sino de la impunidad en Venezuela, la impunidad en Colombia y en la Corte Penal Internacional», dijo en un consulta realizada por El Estímulo.

Márquez, solicitó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, una intervención urgente ante la grave violación a los derechos humanos en el caso.

Recordó que luego de las deportaciones forzosas en agosto de 2015, de al menos 1.500 ciudadanos colombianos, se investigó y consignó una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público en el estado Táchira (oeste) que fue elevada al Ministerio Público nacional. El organismo desestimó todos los argumentos y lo envió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien en octubre de 2016 cerró esa investigación.

El exparlamentario resaltó que posteriormente se hizo la denuncia en Colombia en 2017, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también cerró la investigación alegando que Nicolás Maduro tenía inmunidad y privilegios como jefe de Estado. «Según el Estatuto de Roma de la CPI, se prohíbe este tipo de privilegios para quien cometa crímenes de lesa humanidad y existe plena jurisdicción en el vecino país para investigarlo», dijo el defensor de los Derechos Humanos.

«La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de manera negligente e irresponsable también desestimó los argumentos, por lo tanto un hecho que es público, notorio y comunicacional de las deportaciones forzosas como lo estableció una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, se convirtió en una gran impunidad nacional e internacional, por lo que al cumplirse estos cuatro años estamos exigiendo justicia y la reapertura de la frontera», denunció.

Exigen justicia

Junto a un grupo de académicos y representantes de frontera, Walter Márquez envió una comunicación a nombre de Alianza Fronteriza, organismo bajo su coordinación, en conjunto con Leonardo Méndez de Fronteras Abiertas del Norte de Santander, solicitaron tanto a Luis Almagro como a Michelle Bachelet para que intervengan e investiguen los crímenes de lesa humanidad y violaciones de Derechos Humanos ocurridos durante el cierre de frontera.

Los integrantes del Comité de Víctimas de Deportaciones Forzosas anunciaron que el próximo 1 de septiembre se dirigirán a la CPI en La Haya, Holanda, a fin de consignar nuevas pruebas que ratifican de manera irrefutable los crímenes de lesa humanidad cometidos por las deportaciones forzosas, desplazamientos forzosos y la destrucción de viviendas en barrio La Invasión en San Antonio del Táchira.

FOTO WM. FRONTERA

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