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Pareja de venezolanos vive infierno en cárceles de México separados de sus hijos

Una pareja de Venezolanos acaba de cumplir ocho meses presa en México de manera injusta, víctimas de un proceso judicial plagado de vicios y tráfico de influencias, denunciaron allegados al caso mientras inician una campaña de recolección de firmas para pedirle al presidente Enrique Peña Nieto que los libere.

Pareja de venezolanos vive infierno en cárceles de México separados de sus hijos

Los pequeños hijos de la pareja sufren las consecuencias de este engorroso proceso judicial, iniciado cuando los padres  demandaron al colegio Westhill Institute de Santa Fe, donde estudiaba su hijo de 12 años de edad.

Los dueños del colegio, vinculados a las altas esferas económicas y judiciales de México, respondieron con una demanda penal y los llevaron a la cárcel poco antes de Navidad de 2014.

Antonio José Urbina Romero y Coral Rojas interpusieron la acción civil luego de que el niño fuera promovido a tercer grado de primaria a mitad de año, de forma «indebida e inconsulta».

La institución educativa, en lugar de presentar sus alegatos en el juicio civil, transformó el asunto en un caso penal, encarcelando a los padres para obligarlos a quitar la demanda.

La demanda inicial fue  interpuesta cuando el colegio no aprobó la nivelación académica, después de haber cambiado al niño de grado. No entregó boletas de calificaciones de 2°, 3° ni 4° grado. Según fuentes ligadas al caso, la institución educativa llegó a falsificar exámenes para hacerlos pasar como elaborados por el niño, con el fin de obtener una boleta de 4° Grado que no aparece en los sistemas de control escolar del ente gubernamental mexicano Secretaria de Educación Pública (SEP).

La pareja ha ganado dos amparos federales contra la demanda por presunto fraude procesal al Westhill Institute, pero aún así sigue tras las rejas. Esta institución educativa es propiedad del constructor José María Rioboó quien está casado con la Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Antonio está detenido en el reclusorio Oriente y ella en el de Santa Marta. Él es periodista y dirigía los trabajos de desarrollo de los servicios de integración de información del Sistema Nacional de Seguridad Publica de México. Los tres hijos de la pareja -de 12, 5 y 2 años- están al cuidado de la abuela paterna quien tuvo que viajar a México de emergencia desde Caracas para evitar que los niños terminaran en un asilo de menores.

En unas declaraciones escritas para El Estímulo, los abogados de Antonio Urbina explicaron que tuvieron que iniciar para la  madre de éste el trámite de residencia permanente, debido a que los seis meses se le venció su estadía legal en México.

A través de unos vecinos y cajeros electrónicos logran gestionar los gastos diarios de los niños.

La compañía en la que trabaja lo ayudó con un préstamo. «La empresa abonó un bono, pagó los costos de los abogados a manera de préstamo y ha seguido depositando el sueldo, pero él va a tener que reponer» el dinero, contaron los abogados de Urbina.

Actualmente la organización no gubernamental Change recoge firmas para solicitar a Peña Nieto, y demás autoridades que se revise el amparo que permitiría que la pareja salga en libertad y se reúna otra vez con sus hijos.

Según la página www.change.org han recogido 5.000 rubricas.

Además, el matrimonio ha sido víctima de la indiferencia del embajador venezolano en Ciudad de México, Hugo García, a quien se le han enviado infructuosamente al menos 10 comunicaciones y 70 llamadas, según dijo uno de los abogados de la pareja, German Cruz.

Los hechos

El colegio ofreció a la pareja una «promoción anticipada para alumnos con aptitudes sobresalientes» para  su hijo mayor por ser muy inteligente. Este proceso que publica la SEP es un mecanismo para avanzar a los niños, toma un año y comprende una variedad de estudios.

Transcurrido ese tiempo, los padres acudieron a la SEP donde les informaron que el colegio nunca solicitó tal promoción para su hijo y que en el sistema de control escolar el menor aparecía registrado como cursando tercer grado y no cuarto, que era  donde el colegio lo tenía físicamente año y medio después de la supuesta promoción.

El matrimonio dejó de pagar las matrículas de la escuela, a manera de presión, mientras se buscaba una solución.

Durante dos semanas y presentando cuatro exámenes, dos de los cuales no corresponden a la caligrafía del menor, el colegio pidió sin autorización de los padres una acreditación ante la SEP, como si el niño estuviese llegando de otro país. Con ello obtuvieron una boleta de cuarto grado que no aparece en los sistemas del ente gubernamental.

Fue en este momento en que Antonio y Coral contrataron a un abogado. Demandaron al colegio en primera instancia en la vía civil y a la SEP por la ilegal emisión de la boleta de cuarto con la que le querían cobrar las mensualidades. Luego metieron una segunda demanda exclusivamente en contra del colegio por la negligencia con la que llevaron el tema educativo de su hijo.

Según otras fuentes ligadas al caso, el colegio «se ha valido del tráfico de influencias y el abuso de poder en contra de esta familia y están intimidando a cualquier padre que decida reclamar al Instituto Westhill cualquier derecho».

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