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Calabozos policiales son una bomba de tiempo

La arbitraria decisión de la ministra de Servicios Penitenciarios de no permitir el traslado de reclusos a las cárceles hasta que estén en la fase de juicio ha generado hacinamiento grave en las sedes del Cicpc, la PNB y las policías municipales de Caracas.

Calabozos policiales son una bomba de tiempo

Las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los calabozos de las sedes policiales del Área Metropolitana de Caracas han convertido a estos organismos en bombas de tiempo, en las que cualquier descuido de un uniformado puede dar pie a situaciones de conflicto, como la ocurrida el lunes en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana de Catia, cuando los detenidos tomaron como rehén a un policía, como medida de protesta por las condiciones de reclusión.

El problema se ha agravado durante el último año, debido a la negativa de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, de recibir a los detenidos en las cárceles hasta que alcancen la etapa de juicio.

La situación más grave en la actualidad la tienen las subdelegaciones y Divisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en las que se han tenido que habilitar espacios que antes eran los dormitorios de los funcionarios o los archivos y salas de evidencia, como áreas de calabozos, debido a la gran cantidad de detenidos que esperan por cupos en los penales.

De acuerdo con un informe elaborado a finales de marzo, solo en la sede de la División de Aprehensiones, ubicada en El Rosal, hay 169 detenidos en seis calabozos que apenas tienen capacidad para 60 reclusos. Esto quiere decir que hay por lo menos un excedente de 100 personas en las celdas.

Desacato al Poder Judicial

Según lo establecido arbitrariamente por la ministra Varela, entre el momento en que una persona es detenida por la comisión de algún delito y su traslado a una cárcel pueden transcurrir por lo menos 50 días, tomando en cuentas los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que estipula que el detenido debe ser presentado ante un tribunal de Control antes de las 48 horas de su aprehensión, para ser imputado por el Ministerio Público, y que la Fiscalía tiene hasta 45 días para presentar la acusación formal en su contra. Es después de esta fase del proceso que se inicia el juicio.

“Va a pasar lo mismo de siempre. Hasta que no se muera alguien, haya una fuga masiva, un motín grave o le hagan algo delicado a un policía las autoridades no tomarán medidas”, advirtió la abogada Mónica Fernández, quien también fue directora de prisiones.

La experta advirtió que en el país los lapsos procesales cada vez se hacen más largos, debido a la ineficacia de los órganos de administración de justicia (Fiscalía y Tribunales), lo que hace que se incremente el retardo procesal, pero además destacó que es la falta de independencia de los Poderes Públicos lo que agrava la situación, pues la negativa de la ministra Varela de recibir los reclusos en las cárceles es un desacato a lo que ordenan los jueces.

Esta situación propicia situaciones de riesgo para los funcionarios policiales, pues por lo general las comandancias solo cuentan con medias de seguridad y áreas para detención transitoria.

En la comandancia de la PNB en Catia tuvieron que trasladar a 25 reclusos para la cárcel de Puente Ayala para que se calmara la situación.
Una semana antes de que estallara el conflicto, el general Juan Francisco Romero Figueroa, director de la PNB, había mandado una comunicación a la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Servicios Penitenciarios y a la Defensoría del Pueblo, en la que advertía sobre posibles fugas o conflictos, debido al hacinamiento.

Para ese momento, el jefe policial señalaba que en todas las comandancias de la PNB en Caracas había 575 detenidos, cuando la capacidad instalada era de 245 personas. Para el momento en que se originó el conflicto en Catia, esa comandancia tenía 170 detenidos en un espacio diseñado para 50 reos, cuya permanencia allí no debía ser mayor a las 48 horas que establece el COPP.

Radiografía a fondo

En el informe de la situación penitenciaria del Cicpc, las condiciones más delicadas las tiene la subdelegación de El Llanito, donde hubo dos motines recientemente y los funcionarios detectaron un intento de fuga. En esa sede policial tienen un calabozo para hombres, con capacidad para 10 detenidos, pero en la actualidad tienen 25, y un calabozo para cinco mujeres, donde solo hay una detenida.

En la comisaría de Caricuao tuvieron que acondicionar lo que antes era el archivo como dos calabozos. Allí se vieron en la obligación de reforzar los barrotes, porque hubo un intento de fuga. Lo mismo sucede en la subdelegación de La Vega, donde tuvieron que habilitar un área de cubículos de oficinas para los detenidos. En un espacio para 12 personas tienen a 14 detenidos y como no hay espacio para las mujeres, las mantienen esposadas a sillas metálicas. De este recinto se fugaron dos detenidos recientemente.

En El Paraíso la situación no es más alentadora. Lo que anteriormente era el dormitorio de los funcionarios de guardia es ahora el calabozo, que tiene capacidad para 10 detenidos y que en la actualidad tiene 15 presos.

Las mujeres y los adolescentes permanecen esposados en las sillas de visita que ubican debajo de las escaleras que dan acceso a la segunda planta de la sede policial, según el reporte elaborado por los funcionarios.

En la sede del Cicpc de Simón Rodríguez cuentan con tres calabozos para 12 personas y la cantidad de detenidos que tienen en la actualidad es de 20. En ese lugar hubo dos motines en lo que va de año, debido a las condiciones de hacinamiento.

En la comisaría de El Valle tienen 20 detenidos en un espacio para 9 personas. Allí hubo un intento de fuga y en dos oportunidades los funcionarios lograron detectar la construcción de boquetes a través de los cuales los reos intentarían escaparse. La situación ha generado tres motines en lo que va de año.

La casa que utiliza el Cicpc en Santa Mónica, como sede policial tiene los mismos conflictos. Un solo calabozo que tiene capacidad máxima para 10 reos y en la actualidad tienen por lo menos 12 personas. En ese lugar se han producido dos fugas debido al hacinamiento y la falta de mecanismos de seguridad.

Solo las comisarías del Oeste y Chacao cuentan con espacios medianamente óptimos para la cantidad de detenidos que habitualmente tienen. Sin embargo, en el informe se señala que al igual que en el resto de las sedes policiales, los reclusos deben dormir en el piso y en colchonetas o hamacas improvisadas con sábanas y que las instalaciones sanitarias no son las adecuadas.

Todos estos problemas han derivado en situaciones de alteración del orden en los calabozos de todas las dependencias de la policía científica, pues los reclusos se alteran para exigir ser trasladados a los penales, porque les alarguen los tiempos de visita y para pedir que se les permita tener visitas conyugales.

Graves consecuencias

El hacinamiento en los calabozos no es un problema exclusivo del Cicpc y la PNB. Las policías de los municipios Chacao, Baruta y Sucre también han tenido situaciones de conflicto debido a la cantidad de detenidos que tienen y que no les permiten trasladar a las cárceles.

“Lo que puede pasar es que los policías, al ver que están en situación de riesgo y vulnerabilidad en sus propios comandos, entonces dejarán de hacer operativos y no capturarán a nadie, porque simplemente no hay donde meterlos. Ellos dirán no voy a salir a hacer ningún esfuerzo, pero eso además puede generar más malas practicas policiales, porque ahí comenzarán a surgir casos de que lo detengo, y como no tengo donde meterlo, simplemente le cobro para dejarlo en libertad”, advirtió Mónica Fernández.

Otra de las situaciones de riesgo que podrían suceder, según la experta, en que desde el Ministerio de Servicios Penitenciarios se presione para dejar en libertad a más detenidos de las cárceles, para abrir nuevos cupos, lo que podría significar un aumento en la criminalidad en Caracas.

“Ya sabemos que ha pasado en años anteriores, que Iris Varela con su famoso Plan Cayapa comienza a dejar en libertad a presos y también sabemos que los niveles de reincidencia son altísimos. Entonces con ese tipo de soluciones de momento no se corrige el verdadero problema que es la falta de políticas integrales para la prevención del delito y para la adecuación de un sistema penitenciario eficiente”, dijo.