El diputado de la Asamblea Nacional, Ismael León, el expresidente de la Cámara de Construcción, Juan Andrés Sosa y el director de MiCondominio.com, Elías Santana, alertaron sobre los riesgos que podría tener el censo 2019 como lo son la manipulación social y política y para la modificación de los circuitos electorales
En junio de este año, el ministro de Planificación de Maduro, Ricardo Menéndez, anunció que el XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y Geográfico va a ser digitalizado, uno de los mecanismos de control del gobierno de Nicolás Maduro, contará con un código QR «con el fin de facilitar los trámites administrativos».
Para Elías Santana, director de MiCondominio.com, el apuro del régimen chavista en realizar un censo nacional para finales de 2019 es porque: «al tener una data, confiable o no, se pueden modificar los circuitos electorales».
Las personas que están detrás del censo y quienes serán los empadronadores son grupos chavistas: milicianos, simpatizantes de los partidos oficialistas Somos Venezuela y Partido Socialista Unido de Venezuela, y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH).
El diputado de la Asamblea Nacional, Ismael León destacó que el basamento legal del censo nacional dice que toda encuesta estadística de este tipo y bajo el Instituto Nacional de Estadística no debe tener tinte político.
«Este censo no es más que una manipulación social y política», sentenció el diputado de la Asamblea Nacional Ismael León y agregó que la medida busca generar miedo.
Todo inició con el plan Ubica tu Casa, ordenado por el gobierno chavista el cual atiza el miedo en los venezolanos, luego de que se hicieran públicos testimonios y denuncias de que el plan es una estrategia para adjudicar viviendas vacías a nuevas familias. Las denuncias llegaron a la Asamblea Nacional y los diputados aprobaron a principios de octubre un acuerdo que rechaza la aplicación del plan por considerarlo una violación al derecho constitucional a la propiedad.
Sin embargo, el plan Ubica tu Casa y el censo nacional sigue en pie. Los grupos chavistas van y tocan la puerta de tu casa para pegarte la famosa pegatina con el código QR.
León informó que en la parroquia El Valle de Caracas, el 80% de las calcomanías que se pegaron en las viviendas no fueron producto de un censo «per se». En este caso, los grupos chavistas tocaron el timbre de las viviendas y no tuvieron respuesta. Sin embargo, pegaron la pegatina con el código QR.
El Estímulo constató que en la parroquia San José de Caracas un grupo de empadronadores chavistas ingresó a una residencia con el permiso de la junta de condominio para pegar la calcomanía del censo, sin necesidad de responder encuestas ni suministrar algún dato.
La razón, según el diputado León, es que no hace falta responder encuestas porque están basándose en el registro que tienen los consejos comunales, encargados de organizar las entregas de las cajas CLAP, hecho que ha generado miedo en la población.
Juan Andrés Sosa, expresidente de la Cámara de Construcción, dijo durante el Foro Los Riesgos del Censo Habitacional organizado por la ONG Espacio Abierto, que el censo no es necesario y además del factor político que contiene. Agregó que es una amenaza a la diáspora venezolana con patrimonios dentro del país que está pagando impuestos desde el exterior.
La ley de impuestos de grandes patrimonios, aprobada por la asamblea constituyente chavista y desconocida por parte de la comunidad intenacional, afecta a todos. «Hay que leer las letras chiquitas», subrayó el experto.
Dicho impuesto cobrará hasta el 1,5 % a personas naturales con más de 250.000 euros (282.500 dólares) de activos y a empresas cuyo patrimonio sume más de 650.000 euros (734.500 dólares). Del total recaudado en el primer semestre del año, el Seniat cobró por concepto del IVA 787 millardos de bolívares. «El régimen está buscando dinero por donde dé lugar», dijo el diputado León.
«Al no pagar impuestos, se ejecuta la vivienda (…) se trata de una forma de apropiarse de las viviendas», sentenció.
El temor con relación al censo está en todos los estratos. Los ponentes denunciaron que hay información falsa en las redes sociales sobre el censo chavista. Sosa aseguró que en los partidos políticos opositores ha hecho falta un pronunciamiento para difundir la información.
Elías Santana explicó que al ser los mismos vecinos del consejo comunal los que tocan el timbre para llevar a cabo el censo junto, la situación se torna tensa y muchos propietarios se ven obligados a realiza el censo.
Sin embargo, señaló que un censo politizado no es un censo legal. «No hay censo confiable si no hay confianza», sentenció.
El experto citó el artículo 61 de la Constitución venezolana el cual dice: «Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito». En ese sentido, resaltó que toda persona tiene derecho a no responder la encuesta si así lo desea y esto no tendrá repercusiones legales.
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