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¿Cesó la transición en Venezuela?

El "Acuerdo Sobre la Declaratoria de Usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución", emitido el 15 de enero de 2019 por la Asamblea Nacional, parece ser descartado por sectores que califican de autocrático al régimen de Nicolás Maduro // Luis Ernesto Fidhel

El diputado Stalin González concedió una entrevista al diario español La Vanguardia que posteriormente rechazó por “incluir términos y citas” que no reflejaban fielmente su posición sobre la situación venezolana y considerarla descontextualizada. No obstante, aseveraba en ese diálogo que “hablar de transición y a la vez de ruptura es una contradicción”, sin ver una salida a la crisis a través de “la ruptura”.

“El chavismo es una fuerza política. Hay que buscar un espacio para hacer política” afirmó, para añadir que se había intentado quebrar el poder del presidente Nicolás Maduro, pero Juan Guaidó nunca logró ejercer el poder interno. “Perdimos la batalla”, remataba.

La posición de González es coincidente con la del dirigente político y ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski. Este asevera que 2019 fue un año de retroceso para el país, al no poder cumplirse la ruta que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, propuso para un cambio político, empresa que fracasó. Lapidariamente, señalo: “Busquemos un hecho político real en Venezuela. ¿Y cuál es ese hecho? Duélale a quien le duela unas elecciones o, al menos, la búsqueda de condiciones mínimas para decidir si participamos o no en ese proceso”.

El mantra fallido

Las posiciones señaladas no se restringen al ámbito político. El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, sostiene la tesis de que al menos 70% de las transiciones políticas son propiciadas por consultas electorales. También, que la estrategia basada en el “mantra”: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, atenta contra la “necesaria reformulación del discurso político”. Este, considera, debe centrarse en un llamado a la lucha electoral, aunque Nicolás Maduro permanezca en el poder.

Las condiciones electorales habría que construirlas. Concurrir a las elecciones de la Asamblea Nacional debe fortalecernos para ir a presidenciales, porque el dominio de una institución nunca va a ser una desventaja. “El mantra” no se puede convertir en una camisa de fuerza. Ha hecho mucho daño,  porque la gente lo pone como excusa para no ir a votar en las parlamentarias, al no haber cesado la usurpación. Que no puede ser lo primero, porque las cosas cambiaron y hay que jugar distinto. Las sanciones y el aislamiento no ayudan a la democratización”, señala Alarcón.

Sostiene asimismo que entre las dificultades para hablar de “transición democrática” está el hecho de que se parte de la premisa de que “el régimen” de Nicolás Maduro no puede calificarse como democrático. Ni siquiera como democracia electoral o deficitaria, contrariamente al gobierno de Hugo Chávez, que podía calificarse más específicamente como un “autoritarismo competitivo”. El régimen de Maduro ha transitado hacia una “progresiva autocratización”, iniciada con la represión a las protestas de 2014.

Acuerdo y estatuto de la transición

La Asamblea Nacional venezolana promulgó el denominado “Estatuto que rige la Transición a la Democracia”, para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fue aprobado el 5 de febrero de 2019, producto del acuerdo suscrito el 15 de enero del mismo año. Se trata de una medida normativa aún vigente, que aspira a preservar la Constitución de 1999, como pacto de convivencia para la vida cívica de los venezolanos y como fundamento de la transición democrática.

Sostiene el estatuto que durante veinte años de Revolución Bolivariana, se ha impuesto un sistema político alejado de los principios constitucionales y de la tradición republicana del país. El 20 de mayo de 2018, el régimen de facto pretendió simular un proceso comicial presidencial en el que los venezolanos no pudieron ejercer su derecho al voto con libertad. Con él, se sentó las bases para el “escenario de usurpación” que se verifica actualmente.

La definición de “transición democrática” identifica tres fases sucesivas. Primero, el cese de la usurpación. Luego, la instalación de un Gobierno provisional y, finalmente, la realización de elecciones libres, transparentes y competitivas. La Asamblea Nacional ejercería competencias, también de forma progresiva y ordenada, hasta lograr la transición democrática y restablecer el orden constitucional.

El 10 de enero de 2019, cumplido el plazo constitucional en el que un nuevo presidente electo debía juramentarse -articulo 231-, eso no ocurrió, debido que Nicolás Maduro Moros se aferró al Poder Ejecutivo de manera fáctica para ratificar la usurpación. Conforme al estatuto, el presidente de la Asamblea Nacional es el legítimo presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Los actos del presidente encargado están sometidos al control parlamentario.

Posición de José Ignacio Hernández

El procurador general de la República designado por el gobierno interino sostiene que el régimen  de Nicolás Maduro es actualmente un “autoritarismo populista no competitivo”. Actúa en un Estado frágil, cuyas estructuras son cooptadas por organizaciones criminales. Eso se considera un ejemplo de regresión democrática. La democracia constitucional vigente en 1999 fue desmantelada por el populismo autoritario de Hugo Chávez. Luego degeneró en el autoritarismo no-competitivo de Maduro. En Venezuela está en curso un complejo proceso de transición. Este se fundamenta en el “pacto político” adoptado por la oposición democrática, que se materializó en el  Estatuto.

El diputado Guaidó no ha podido tomar “plena posesión” del cargo de “presidente encargado”, pues este se encuentra “actualmente usurpado”. La Asamblea Nacional -desde el 10 de enero, fecha del inicio de la usurpación- como institución representativa del pueblo puede instruir soluciones especiales para atender los problemas no previstos por la Constitución. Juan Guaidó es quien está facultado para actuar como presidente encargado, pero la implementación efectiva esta suspendida. Esto ocurre porque la presidencia del Ejecutivo permanece ocupada por vías de hecho, como resultado de un proceso de desmantelamiento del Estado de Derecho.

Según el Acuerdo, se implementaría un proceso “progresivo y temporal” de transferencias al Legislativo de las competencias del Poder Ejecutivo, mientras dure la usurpación. La Asamblea Nacional debe adoptar las medidas que permitan el cese de la usurpación. Le tocaría al presidente Guaidó ejecutar estas decisiones, para promover el proceso de transición. Entre estas, la representación internacional del Estado venezolano

Colaboracionismo y apaciguamiento

Si bien ambos conceptos se encuentran referidos a la pérdida paulatina y continua de la democracia, formalmente no son idénticos.

El significado del término “colaboracionismo” ha sido caracterizado por la ciencia política y la historiografía como la negación de principios y valores de determinado actor político, que se ve en la necesidad de asumir los métodos y modales del adversario, a pesar de considerarlos ilegales, injustos o perversos. Se trata de una actitud pragmática para asegurar la sobrevivencia política, con base en justificaciones altruistas invocadas para actuar de esa manera.

Se ha estudiado en profundidad este comportamiento respecto de la invasión de Francia por parte de la Alemania nazi y la subsecuente toma de París. A ello le siguió la conformación del “Estado francés” de Vichy. Este surge cuando el derrotado gobierno de Francia inviste al mariscal Philippe Petain –un anciano héroe de la Primera Guerra Mundial– con “plenos poderes gubernamentales”. Petain acordó un armisticio con el triunfante ejército alemán, que se firmó el 22 de junio de 1940.

Enseñanzas ajenas

Tal acción se justificó para evitar mayores penurias a los franceses. El “país” se comprometió a “colaborar” con el régimen nacionalsocialista alemán que ocupaba el norte. Actuó prácticamente como “apéndice” o “extensión” en esta parte del país, manteniéndose así una situación de paz y convivencia. El gobierno de Vichy se vio presionado por Alemania a imponer las directrices nacionalsocialistas en este territorio. Incluso, a combatir la “resistencia francesa”, que luchaba contra la ocupación alemana.

El apaciguamiento es otro concepto surgido en la modernidad. Este designa la progresiva claudicación de los sectores identificados con la “democracia liberal” frente a los retos que imponen los regímenes que las contravienen o amenazan. Dicha claudicación es consecuencia de la perplejidad, la inconsistencia o la satisfacción de intereses inmediatos de quienes llevan las riendas de los sectores democráticos. De esta forma, se ve favorecido el avance de formas políticas que representan un retroceso ostensible de las democracias. O de lo que queda de ellas. La relativa lentitud con que actúan los movimientos antidemocráticos no impide que horaden y destruyan los elementos de la democracia, incluso a través de la propia legalidad del sistema. También se ha interpretado como la preservación de los pocos espacios democráticos o de tolerancia frente a la deriva autoritaria.

El vocablo se utilizó específicamente en relación con la política de Gran Bretaña. Concretamente, en referencia al primer ministro Chamberlain y al ministro de Asuntos Exteriores, Lord Halifax. Ambos fueron los encargados de liderar las negociaciones con la Alemania nacionalsocialista, que se plasmarían en la Conferencia de Múnich el 30 de septiembre de 1938. Allí fue suscrito un pacto  que reconocía las aspiraciones del Tercer Reich de anexarse la región checa de los Sudetes. Esto fue aceptado sin resistencia ni objeción por los gobiernos democráticos de Francia y Gran Bretaña. Se convino en la revisión de las fronteras de Checoslovaquia para adaptarlas a las exigencias alemanas, sin formular siquiera al gobierno checoslovaco una consulta sobre tal acuerdo.

Conclusión

Quedaría por establecer y debatir si la convocatoria a elecciones parlamentarias constitucionalmente establecidas, en un ámbito político calificado por la Asamblea Nacional de “usurpación”, aunado con un progresivo desarrollo  autocrático del gobierno de Nicolás Maduro, como lo manifiestan el Acuerdo y el Estatuto citados, puede constituirse en elemento de “colaboracionismo” o “apaciguamiento” de las aspiraciones y de la reducida institucionalidad democrática  del colectivo nacional. La vigencia de ambas expresiones legislativas pasaría por un debate en el seno de la Asamblea Nacional, como órgano de la transición hacia la democracia. Y por el aval de su presidente, Juan Guaidó, como ejecutor las decisiones del parlamento.

 Abogado UCAB- Internacionalista UCV

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