CIDH condena uso de la fuerza en Chile
El ente autónomo de la OEA condenó las actuaciones de las fuerzas de seguridad, pero también señaló y denunció los actos violentos que algunas manifestantes han realizado en las ciudades del país
Internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este 23 de octubre el «excesivo uso de la fuerza» e instó al gobierno de Chile y a las partes involucradas a entablar un «diálogo efectivo e inclusivo» para abordar «las demandas legítimas de la población».
La CIDH se pronunció en un momento en que las masivas protestas desatadas hace seis días por un aumento del pasaje del metro dejan un saldo de 18 muertos, cinco de ellos por acción de las fuerzas del orden.
Este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó «su condena tanto al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como a los actos violentos cometidos por civiles en el marco de protestas sociales».
La protesta, que comenzó con manifestaciones contra el alza de los precios del transporte, evolucionó hacia un movimiento más amplio, que sigue pese a que el gobierno revirtió al aumento del precio del billete.
Este movimiento de descontento frente a la desigualdad también pide un aumento de las bajísimas pensiones del sistema privado que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La CIDH indicó que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, hasta el momento hay 376 heridos, de los cuales 173 recibieron impactos por disparos de arma de fuego.
«La CIDH expresa su preocupación por hechos de actuación policial y militar en las que se habría hecho un uso desproporcionado de la fuerza contra civiles», sostuvo el organismo con sede en Washington, que también citó reportes de «malos tratos en el marco de detenciones».
En el comunicado la CIDH señaló también su preocupación por los «ataques contra medios de comunicación y periodistas en el marco del Estado de Emergencia» y dijo que recibió informaciones de la detención de al menos dos periodistas, pese a que portaban credencial y salvoconducto para desempeñar sus labores.
«El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma», señaló la CIDH.
