Funcionarios policiales interceptaron en la vía entre Coro y Punto Fijo a Jimmy, de 26 años, y a su tío Ramón, de 42. En el mismo lugar los mataron. Al más joven lo habían hostigado y detenido arbitrariamente varias veces durante 7 meses, como quedó plasmado en seis denuncias diferentes
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, continúa investigando el caso de las ejecuciones extraoficiales a Jimmy Guerrero y Ramón Molina, ocurrido en 2003 en el estado Falcón, en Venezuela.
La Corte recibirá hoy la declaración de familiares de las víctimas, proceso que se cataloga diligencia de recolección de pruebas del caso Guerrero-Molina. Jean Carlos Guerrero responderá las preguntas de la presidenta de la CIDH, Elizabeth Odio Benito, y de los jueces, sobre las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado venezolano, y que ocasionaron el asesinato de su hermano mayor y de su tío en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, en 2003.
Ante los jueces de la CIDH, Jean Carlos Guerrero, hermano de Jimmy Guerrero, deberá informar sobre diferentes aspectos. Entre estos, las amenazas, hostigamiento y detenciones a Jimmy Guerrero y los hechos donde dieron muerte a ambos hombres. También de las gestiones hechas por los familiares para buscar justicia, de la impunidad, de las amenazas de los policías que obligaron a Jean Carlos a irse de Venezuela y de las secuelas emocionales y físicas que todo esto ha causado. Además, deberán hablar de posibles medidas de reparación.
La familia de los ajusticiados cuenta con el apoyo de la Comisión para Familiares de las Víctimas, Cofavic. Es la séptima vez que esta ONG, en alianza con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) acuden a la CIDH «en búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de violaciones a DDHH en Venezuela», según expresan en un comunicado. Esta es la primera vez que la audiencia se hace virtual, debido a la pandemia.
La relevancia del caso Jimmy Guerrero-Ramón Molina vs Venezuela reside en que pondrá en evidencia el patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y la versión oficial de que las muertes violentas ocurren durante “enfrentamientos”.
Desde 1999 se ha hecho conocido este patrón, en ese entonces debido al auge del fenómeno parapolicial o grupos de “exterminio”. Esta actuación fue resaltada durante el reciente informe de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
Jimmy Guerrero fue hostigado por funcionarios policiales del estado Falcón. Lo detuvieron arbitrariamente en varias ocasiones durante 7 meses. Denunció el acoso seis veces.
En 2003 viajó desde Coro a Punto Fijo, ciudades ubicadas a menos de una hora de distancia en automóvil, para acudir al velorio de un primo, hijo de Ramón Molina. En la vía, funcionarios policiales los interceptaron a ambos, que viajaban con un amigo de Jimmy. A Jimmy le dispararon y torturaron. Cuando su tío Ramón salió en su defensa, lo asesinaron de dos disparos. El tercer hombre resultó herido, pero aparentó estar muerto para salvar su vida. Esto sucedió el 29 de marzo de 2003. Jimmy Guerrero tenía 26 años, Ramón Molina, 49.
Desde 2001, Cofavic ha atendido denuncias y documentado las violaciones a los derechos humanos realizadas con ejecuciones extraoficiales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
Entre junio de 2003 y julio de 2004, Cofavic documentó 71 casos de ejecuciones extrajudiciales que involucraron a 103 víctimas totales, procedentes de los estados Anzoátegui, Falcón, Portuguesa y Yaracuy.
Cada uno de estos casos estuvo caracterizado por graves falencias identificadas en casos anteriores por la misma Corte Interamericana, y que van desde resguardar la escena del crimen, preservar las evidencias, identificar a los responsables y sancionarlos.
Desde 1999, el Estado venezolano ha puesto en marcha más de 20 planes de seguridad ciudadana, que de ninguna manera han redundado en el bienestar de la ciudadanía. Por el contrario, han ido consolidando la estructura de violaciones a los Derechos Humanos. Esto ha sucedido en el marco de una tendencia dirigida a la
militarización de las fuerzas policiales de carácter civil, bajo la lógica del enemigo interno, y en medio de una absoluta opacidad.
Cofavic asegura que estos antecedentes resaltan que la ejecución extrajudicial de Jimmy Guerrero y de su tío, Ramón Molina, no fue un caso aislado. Se insertó en un contexto generalizado de violaciones a Derechos Humanos en Venezuela, ya denunciado por distintos organismos internacionales, y que alcanza, desde 2012 hasta 2020, un registro de 12 010 víctimas, las más recientes en el sector La Vega.
La exclusión de Yoris suscitó fuertes críticas no solo de Estados Unidos, sino también de Colombia y Brasil, considerados aliados de Maduro
"Venezuela denuncia, una vez más, el accionar obediente y mercenario de la CIDH en nuestra región, comportándose como vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos", indica un comunicado divulgado por el canciller venezolano, Yván Gil, en la red social X, antes Twitter
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