CIDH: Crisis humanitaria de Venezuela impacta de manera brutal a los niños

Aunque Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Venezolano de Derechos Humanos, negó ante la CIDH que en el país exista una crisis humanitaria,  la comisionada Esmeralda de Troitiño pidió al Estado que permita el ingreso de la comisión al país para constatar la afectación de la niñez por la crisis.
«Solicitamos al Estado de Venezuela la oportunidad de hacer una visita a Venezuela para evaluar directamente, para tener la oportunidad de hacer un contacto con el pueblo y particularmente con niños, niñas y adolescentes», indicó de Troitiño.
Aseguró que «no hay duda de la crisis que vive Venezuela, una crisis económica, social, política, humanitaria, que impacta de una manera brutal los derechos de niños, niñas y adolescentes», por lo que pidió al gobierno nacional un sistema institucional que «garantice la protección integral de los derechos, que incluyen el de la salud, alimentación, vivienda, etc.».

Durante la audiencia Venezuela: niñez y crisis, incluida en el 163 período de sesiones de la CIDH que se desarrolla en Lima, Perú,  Carlos Trapani, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y Katherine Martínez, de la organización no gubernamental Prepara Familia, expusieron la grave crisis que afecta a los niños y adolescentes del país.
La falta de institucionalidad púbica para la protección de los menores de edad fue identificada por Trapani como uno de los aspectos más perjudiciales para la niñez.
«La rectoría en materia de infancia ha transitado por cinco ministerios distintos, pero ninguno de ellos ha cumplido las funciones más básicas que le competen«, dijo el abogado de Cecodap.
Denunció que la inseguridad, que solo en 2016 se tradujo en 21.570 homicidios intencionales, según información del Ministerio Público, ha dejado la tasa más alta de la región de homicidios de adolescentes.
Las muertes de 14 menores de edad durante las protestas opositoras que se desarrollan desde abril, preocupa a la organización. Denunció represión brutal a las protestas a las que se ha visto que asisten niños pues allí consiguen, principalmente, alimentos que no encuentran en sus hogares.

Además, criticó que las autoridades venezolanas acudan al Vaticano o a agencias de la Naciones Unidas para presentar la participación de niños en manifestaciones antigubernamentales «sin asumir sus propias responsabilidades, sin realizar un análisis a profundidad y sin adoptar medidas efectivas relacionadas a las causas estructurales que convierten a la protesta en un espacio de supervivencia y visibilidad social para los niños y adolescentes».
También denunciaron el desabastecimiento de alimentos desde hace dos años, el silencio en cuanto a estadísticas del Instituto Nacional de Nutrición y las cifras de desnutrición manejadas por la organización católica Cáritas que incluyen 11% de malnutridos entre menores de 5 años durante el primer semestre de 2016.
Por su parte, Katherine Martínez expuso la crisis de salud, en especial la que atraviesa el Hospital J. M. de los Ríos desde principios de la década del 2000, y que se ha agudizado a niveles críticos en los últimos cuatro años.
Citó los datos del Ministerio de Salud en los Boletines Epidemiológicos del 2016 que revelaron un aumento de 30,12% de mortalidad infantil, con 11.466 niños menores de un año fallecidos.
«El 7 de junio del año pasado Luisana Melo dio cifras ante la CIDH que eran inexactas. Aseguró que en siete años la mortalidad infantil había tenido una reducción de 6,57%, sin embargo el Boletín Epidemiológico mostró lo contrario», señaló Martínez.
Recordó las medidas de protección que de forma repetida solicitó Cecodap frente al desabastecimiento de medicamentos pediátricos esenciales que fueron negados, incluso, por el Tribunal Supremo de Justicia.
«Alegaron que no hay pruebas suficientes para demostrar la crisis, que son las familias quienes deben garantizar los medicamentos y que el Decreto de Emergencia Económica dictada por el Ejecutivo es una política pública para proteger a la niñez», refirió la abogada.
La debacle del Hospital de Niños J. M. de los Ríos fue expuesta a través de las cuatro muertes por infección de bacterias y los 12 niños que aún siguen infectados en la sala de Nefrología. «Los tres tanques tienen coliformes fecales en valores muy altos. El Estado suspendió la diálisis peritoneal y los trasplantes renales».
Judith Bront, madre de uno de los niños fallecidos por causa de las baceterias, Samuel Becerra, estuvo presente durante la audiencia. Habló sobre la falta de insumos y medicamentos para tratar a los pacientes: “La situación real es que nuestros niños siguen ahí, contaminados”.
Ante esta exposición, Larry Devoe se limitó a asegurar que los hechos del J. M. de los Ríos están siendo investigados y que la crisis económica por la baja del petróleo y la «guerra económica» han generado «dificultades puntuales» en la atención de salud y la alimentación.
Presentó el Plan Quirúrgico Nacional, que arrancó en mayo de este año, y la distribución de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) como las soluciones propuestas por el Estado ante la crisis.

«En lo que corresponde a la mortalidad materna, es un asunto que el Estado ha asumido como un desafío, el presidente anunció la próxima puesta en marcha de un plan para la garantía del parto humanizado», dijo Devoe.
El resto de su tiempo de intervención, casi la mitad, lo dedicó a acusar a dirigentes opositores de atacar centros hospitalarios y de utilizar a menores de edad en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Francisco Eguigure, presidente de la CIDH, recordó que «las acciones estatales del control del orden público o de represión a desbordes de protestas o actos violentos deben mantenerse dentro del estricto uso de la proporcionalidad, el respeto de la vida humana, el no uso de armas letales y que cualquier tipo de violación de los derechos por parte de fuerzas de seguridad es responsabilidad del Estado«.
Así como advirtió a las organizaciones que realizan protestas que deben ser «estrictamente pacíficas» y que no pueden incentivar la participación de menores de edad. «También ahí hay una responsabilidad de quienes ponen en riesgo a estos niños, niñas y adolescentes».
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