CIDH teme que estado de excepción restrinja libertades en comicios del 6D
Venezuela ha declarado el estado de excepción en 24 municipios, casi la totalidad de la zona limítrofe con Colombia en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles su temor porque el estado de excepción declarado en 24 municipios de Venezuela afecte al ejercicio de la libertad de expresión en el marco de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
«El estado de excepción establecido en Venezuela incluye la posibilidad de restringir las manifestaciones y actos públicos, y uno de los elementos clave de las campañas electorales es la difusión de las ideas políticas y la posibilidad de hacer uso de la libertad de expresión», dijo este miércoles a los periodistas Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH.
«Hay que analizar la situación en cada lugar donde se ha declarado el estado de excepción, pero vemos con preocupación que en esos estados se incluya la reestructuración de manifestaciones públicas», añadió el comisionado.
En el mismo sentido se pronunció el comisionado Felipe González, relator para Venezuela, al advertir de las posibles «consecuencias» del estado de excepción en esas zonas.
«Cuando se dan estados de excepción en contextos electorales se suelen producir problemas y abusos importantes, por eso pedimos que se garanticen (en Venezuela) unas elecciones lo más transparentes posible sin restricciones para el ejercicio al voto de las personas», afirmó el comisionado en rueda de prensa en la sede de la CIDH en Washington.
Venezuela ha declarado el estado de excepción en 24 municipios, casi la totalidad de la zona limítrofe con Colombia en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
Esta medida se enmarca en la actuación de Venezuela en la frontera que se inició hace más de dos meses con el cierre del paso entre el país y Colombia como una medida para frenar el contrabando y la actuación del crimen organizado.
«Yo estuve en la frontera para analizar la crisis y ha habido avances en las conversaciones de los gobiernos, pero constatamos que había personas con estatus de refugiados que habían sido deportadas, solicitantes de asilo y colombianos que tenían la nación venezolana que habían tenido que huir del hostigamiento. Es una situación que no se ha solucionado», consideró González.
Las medidas tomadas por el Gobierno de Venezuela dieron inicio a una crisis diplomática que concluyó el pasado 21 de septiembre, cuando los presidentes de ambos países se reunieron en Quito, bajo el auspicio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
En la cita acordaron el retorno de sus respectivos embajadores, «la normalización progresiva» de la frontera y la apertura de una investigación sobre la situación del territorio común, entre otras medidas.
