Ecuador ha sufrido varios días de protestas ciudadanas desde que el presidente, Lenín Moreno, canceló los subsidios al combustible. La decisión desencadenó protestas y episodios de violencia en todo el país suramericano.
La situación ha sido tal que este martes el jefe de Estado comenzó a hacer sus labores políticas desde Guayaquil, mudando así al gobierno desde Quito, donde operaba. La razón: una enorme protesta indígena que se adueñó de la capital.
Moreno anunció la semana pasada que el gobierno suspendería los subsidios que mantenían bajos los precios del combustible, dentro de un paquete de medidas para reactivar la economía ecuatoriana. La noticia provocó una huelga de transportistas que terminó unos pocos días más tarde, pero los choques con jóvenes e indígenas ecuatorianos han mantenido la presión sobre el gobierno.
Los disturbios rampantes reflejan una sensación de alienación de muchos jóvenes ya castigados por las penurias económicas. Los problemas económicos derivan del alto endeudamiento público heredado del gobierno, entre 2007 y 2017, del expresidente Rafael Correa. Su sucesor, Moreno, también ha pedido créditos a agencias internacionales, en especial el Fondo Monetario Internacional.
El presidente ha respondido con firmeza, afirmando que no cederá en la cancelación de los subsidios al combustible e imponiendo el estado de emergencia cuando las protestas se hicieron más caóticas. El gobierno dice haber detenido a unas 350 personas por cortar el tráfico, interferir con los servicios públicos o atacar a la policía.
Puede que Moreno confíe en capear el temporal hasta que las manifestaciones terminen por remitir. Pero la situación ha ido empeorando y a las protestas se han sumado miembros de comunidades indígenas, lo que refleja las crecientes diferencias en el país.
Se han reportado saqueos e indicios de desabastecimiento de comida en algunos mercados del país, aumentando la carga para los que ya subsistían a duras penas.
El gobierno afirma que la parálisis económica debida a las protestas callejeras le cuesta al país 70 millones de dólares al día, una situación que probablemente alimente el descontento ciudadanos cuando más se alarguen.
El lunes, a través de un mensaje por radio y televisión nacional, el mandatario acusó al expresidente Rafael Correa y al gobernante venezolano Nicolás Maduro de estar detrás de un supuesto plan de desestabilización que busca acabar con su mandato.
Moreno se refirió al vínculo político entre el exmandatario, quien estuvo al frente de la nación entre 2007 y 2017, y de cómo varios de sus colaboradores viajaron «al mismo tiempo, hace pocas semanas, a Venezuela». En redes sociales, Correa dijo que «aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos: (…) adelantar elecciones en caso de grave conmoción social, como la que estamos viviendo».
Desde Venezuela, la crisis en Ecuador se mira de cerca. Más allá de tratarse de un país de la región, actualmente ahí hacen vida 350.000 venezolanos, según datos de la OEA, de los cuales 107.000 cuentan con permisos de residencia y estancia regular, esto último de acuerdo con Acnur.
El alto flujo de venezolanos en territorio meridional cayó luego de que desde el 26 de agosto se pusiera en marcha la exigencia de una visa humanitaria para venezolanos, medida que otras naciones de Suramérica como Chile y Perú, adoptaron.
Con información de AP
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