Almagro no olvida las violaciones de DDHH en Venezuela
La represión sistemática en Venezuela es el centro de atención a seis meses de las protestas de 2017. Las violaciones de derechos humanos cometidas en el país son tema de conversación, denuncia y escrutinio en audiencias lideradas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. La duda sobre si son crímenes de “lesa humanidad” está cerca a esclarecerse Seis meses han pasado desde que se registraron las primeras protestas antigubernamentales en Venezuela, tras quebrarse el orden constitucional con las decisiones 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. Seis meses de represión sistematizada de los cuerpos de seguridad del Estado, de las detenciones arbitrarias, de las torturas y los malos tratos, de los heridos, secuestrados y asesinados. Son hechos que, a pesar de que los días se acumulan sin que los afectados encuentren justicia en el país, son escudriñados lejos del territorio nacional.
Portada: AP | Fotografías dentro del texto: AP y OEA
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Desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), el secretario general Luis Almagro lidera un proceso de escrutinio en el que se determinará si lo ocurrido entre abril y julio de 2017 podría juzgarse en la Corte Penal Internacional (CPI). Es inédito. Nunca se había visto que el secretario general de la OEA tuviera la iniciativa para llevar a cabo tal denuncia en algún Estado del continente. Tampoco que Venezuela tuviera una revisión internacional de su comportamiento en su historia.
Las primeras sesiones que se realizaron entre 14 y el 15 de septiembre fueron el punto de partida de un relato público que desnuda las prácticas del régimen de Maduro, con participación de defensores de derechos humanos y exfuncionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Uno de los ponentes entonces fue el Mayor General Hebert García Plaza, exministro de Alimentación y exviceministro de Defensa, que divulgó las estrategias de control social y político del estado a través del suministro de alimentos subsidiados. Detalló que el criterio a personas en condición de pobreza se sustituyó por un criterio político y las parroquias eran políticamente priorizadas en base a dos indicadores: población electoral y nivel de simpatía con el gobierno. Además, García Plaza explicó el funcionamiento del Plan Estratégico Zamora 2017, en el que afirmó que una de las suposiciones del plan es precisamente transformar en enemigos a las personas que “pensaran o fueran disidentes políticos». Califica a civiles disidentes como una amenaza interna.
Las siguientes reuniones, que se desarrollan el 16 y 17 de octubre, abarcan los aspectos judicial y diplomático de la problemática. En la primera participaron jueces y fiscales para analizar cómo funciona el aparato fiscal venezolano, truncado y altamente cuestionado. Entre los ponentes estuvieron presentes Ralenis Tovar, exjueza del área metropolitana de Caracas, quien firmó la orden judicial del dirigente político Leopoldo López, actualmente en arresto domiciliario.
«Me amenazaron preguntándome si quería ser la próxima Juez Afiuni», confesó la exjueza vía Skype desde Canadá. Denunció sentirse «amedrentada» y con la responsabilidad de velar por su hija, quien entonces tenía 15 años. Ante la pregunta sobre si existía un patrón de intimidación a los jueces de forma «amplia y sistemática», Tovar afirmó con un «por supuesto. Hasta que no logran lo que quieren intimidad constantemente».
Ese mismo 16 de octubre, el diputado Armando Armas denunció con apoyo de diapositivas los ataques que sufrieron los legisladores el 5 de julio en la Asamblea Nacional. Un ataque de colectivos armados asedió a los representantes, quienes no encontraron apoyo de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) allí presentes. El mismo Armas sufrió heridas en la cabeza y confesó que pudo haber muerto de no haber sido por la «divina providencia» y la ayuda del también diputado Américo de Grazia, quien fue trasladado momentos después en camilla fuera del hemiciclo tras sufrir convulsiones y contusiones.
El caso de Geraldine Moreno, joven asesinada en febrero de 2014 por un efectivo de la GNB, también resonó a tres años de lo sucedido en la OEA. Su madre, Rosa Orozco narró detalladamente para los expertos cómo, sin piedad, un militar no titubeó al dispararle directamente en la cara a Geraldine, simplemente por participar en una protesta antigubernamental. Orozco, con la voz entrecortada, denunció que «no ha conseguido justicia» con el sistema judicial actual.
Además, se expuso la persecución de los 13 magistrados y 20 suplentes designados por la Asamblea Nacional que instalaron en el exilio el Tribunal Supremo de Justicia «legítimo» y paralelo el 13 de octubre. En la segunda audiencia, miembros del cuerpo diplomático y dirigentes políticos expondrán los enlaces entre la Cancillería nacional y los crímenes de “lesa humanidad”.
Almagro está decidido a restablecer el orden democrático en el país, y así lo ha hecho más que evidente en sus declaraciones. También en sus tres informes sobre Venezuela, el más reciente emitido el 19 de julio de este año, en el que refleja violaciones deliberadas y sistemáticas perpetradas por el gobierno criollo contra su ciudadanía durante las protestas. Aunque es una iniciativa de su secretario general, no representa en sí misma “ni una posición de la OEA ni una propuesta formal”, aclara Karla Subero, abogada y defensora de los DDHH del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic).
No tendría competencias para hablar por la organización, dado que las sanciones de la OEA son políticas, no jurídicas, como podría tomarlas un órgano jurisdiccional como la CPI, explica Subero. Sin embargo, Almagro sí puede hacer una denuncia individual. Es una medida que incluso cualquier Estado miembro podría tomar la iniciativa de presentar una denuncia formal a la CPI. Y Venezuela, por ser parte del Estatuto de Roma, está bajo la jurisdicción de la Corte.
El ente es el brazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene jurisprudencia sobre los delitos más graves, como el genocidio y los crímenes de guerra y agresión, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma, vigente desde 2002. El carácter individual de los hechos exime a figuras jurídicas, instituciones y Estados de sus investigaciones. Aunque podría haber sentencias individuales dentro de un mismo colectivo, como gabinetes ministeriales o policías regionales, siempre y cuando tengan más de 18 años. No basta con que se cometan de forma eventual. Los crímenes de Lesa Humanidad deben darse de forma sistemática para ser considerados por la Corte.
Con todos los hierros
La acusación debe tener sustancia. Casos, investigaciones, interrogatorios, informaciones contrastadas. Mientras que las sesiones se realizan, ya están recopilados expedientes de más de 50 organizaciones que están o han investigado la crisis venezolana, como Foro Penal Venezolano, que denunció la presencia de un patrón sistemático de represión, en el que la persecución política es el fin en sí mismo. Defensores de DDHH también han elevado sus voces, como Tamara Suju, abogada penalista y directora ejecutiva del Centro de Estudios de América Latina (Casla), quien denunció el encierro que sufren los presos políticos: celdas de 2×1 metros, luz blanca prendida las 24 horas del día, temperaturas inferiores a las 8 grados y escaso contacto con sus familiares.
Las sesiones para analizar la situación en Venezuela se desarrollan con pesos pesados en resguardo de los derechos humanos. El facilitador y asesor especial del secretario general de la OEA es Luis Moreno Ocampo, quien fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, aunque se retiró de la tarea antes del segundo ciclo de reuniones de octubre.
Después de terminar las audiencias restantes, tres juristas internacionales se encargarán de evaluar si la situación en Venezuela meceré cruzar el charco y llegar a La Haya –donde se encuentra la sede de la CPI. Los especialistas son el costarricense Manuel Ventura Robles, ex-Juez la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y el canadiense Irwin Cotler, de Canadá, Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y previamente Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá.
La revisión cumpliría con el artículo 15 del Estatuto de Roma, en el que se establece un examen preliminar de la información recibida para identificar situaciones que estén bajo la jurisdicción de la CPI. El resultado final será un informe que determinará si lo ocurrido en Venezuela durante abril y julio de 2017 califica como crímenes de “lesa humanidad”. Cometerlos implica una flagrante violación de los derechos humanos por discriminar, perjudicar, hasta exterminar un grupo o población específicos. “Es una opinión de importante peso jurídico, pero no necesariamente debe concluir que hay lesa humanidad. Mucha gente lo asume como un hecho, y puede no ser así”, sopesa Marino Alvarado, activista de DDHH y excoordinador general de Provea. Si no es la Corte Penal, otros organismos regionales e internacionales podrían intervenir, como el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sin escapatoria
Para Lexys Rendón, investigadora de la ONG Laboratorio de Paz, el simple hecho de discutir las denuncias a escala continental marca un precedente para aquellos funcionarios que piensan que pueden hacer mal y salirse con la suya. “Es una posición adicional para aquellas dictaduras que usan normativas de violar los derechos humanos y que pareciera que nadie puede hacer nada en su contra”, asegura. Es un mensaje claro: siempre habrá responsabilidad de los actos cometidos, tarde o temprano.
Dada la ubicación geográfica de Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –ente adherido a la OEA- debería ser el organismo encargado de investigar dichas violaciones sistemáticas y dictaminar al respecto en países del continente americano. Es un órgano que goza de autonomía cuya función es interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados al respecto sobre los países miembros.
Pero desde septiembre de 2013, Venezuela no es uno de ellos. Tres años atrás, Chávez consideraba a la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un “cuerpo politizado” a merced del imperio estadounidense. “Es una mafia lo que hay ahí. Instituciones como esta nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo menos que hacen es defender los derechos humanos”, soltó en febrero de 2010, y ordenó a su Cancillería a preparar su separación. En 2012 se formalizó la denuncia que tuvo efecto en 2013. Nicolás Maduro, ya en la presidencia, siguió el discurso: “Mientras estemos aquí no dejaremos que nadie mancille a Venezuela”.
El arranque de Chávez dejó sin cumplir 16 sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de DDHH entre 1995 y 2012, acatadas parcialmente. Además, contemplan el pago de más de 9.700 millones de dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas.
Esfuerzos unitarios
El tiempo de la Corte podría haberse acabado, como aseguró Maduro en 2013, pero no la acción de diversas organizaciones internacionales ante la recurrente violación de los derechos humanos, específicamente durante abril y julio de 2017. Las denuncias han arreciado desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En agosto de 2017, emitió un informe dedicado a la situación de las protestas en Venezuela, donde apuntaron la recurrencia en los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que en varios casos constituyeron formas de tortura.
Además, hizo énfasis en un patrón de violaciones graves del debido proceso en los casos de detención documentados, como la falta de órdenes de arresto, la detención en régimen de incomunicación, la falta de acceso a un abogado y el incumplimiento del principio de presunción de inocencia. Las violaciones que se cometieron durante cuatro meses de protestas evidenciaron la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.
A las acciones internacionales se suma la suspensión de Venezuela del Mercado Común del Sur (Mercosur), por un tiempo indefinido en tanto se restaure la democracia en el país. La medida permite la imposición de sanciones de tipo económico y comercial a los países en los que se rompa el hilo institucional. Un espaldarazo más para la iniciativa de Almagro desde la OEA. “Fueron tan graves las violaciones de derechos humanos en cuatro meses que se activaron distintos mecanismos internacionales, para que existiera justicia y los responsables materiales e intelectuales pasaran a manos de la justicia”, afirma Marino Alvarado Betancourt, activista de DDHH y excoordinador general de Provea.
La iniciativa de Almagro, que podría incluso interpretarse como una usurpación de funciones de la misma CPI, ya que redunda en interrogatorios e investigaciones que le confieren a su Fiscalía, sortea los arrebatos de los violadores de derechos humanos más esquivos. Y, como se ha evidenciado, en Venezuela abundan. La Corte se cargaría de ponerles nombre, apellido y un expediente con su identificación.
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