Aló, esto es una extorsión

El mensaje es impactante, en especial cuando ha llegado a tu celular personal en forma de video. Al abrir el archivo, encuentras a veintidós individuos armados hasta los dientes. Fusiles y pistolas exhibidos sin el menor pudor. Ocho de estos sujetos están encapuchados. En primer plano, aparece el líder con la voz cantante. Usa blue jean, sombrero de pajilla y botas negras “monteras”. Ninguno aparenta más de 28 años de edad. Algunos, incluso, podrían ser menores. Como telón de fondo, hay una naturaleza muerta. La hojarasca que también acompaña el miedo. Podría ser algún rincón de Aragua o, como sugiere el líder, un recoveco del sector Concha de Mango del estado Guárico, donde el finado José Tovar Colina, alias “Picure”, se hizo de un nombre en el mundo del crimen al frente de la primera megabanda del siglo XXI venezolano: «El tren del Llano”.
El hombre de unos 25 años habla con tono “malandreado”: “Somos los Picures (…) Busca la manera de ponerte al día con nosotros”. Este video fue enviado en noviembre de 2016 a un comerciante del Distrito Capital, pero fue en enero de 2017 cuando se dio a conocer a través de las redes sociales. Terribe fama. De inmediato, el Ministerio Público inició una investigación.
La víctima había recibido varias llamadas reforzadas por mensajes de texto, todos a un mismo teléfono. Pero no les prestó mayor atención, hasta que llegó el video. El portavoz exigió esta vez el pago de $15.000. “Esto es para que te puedas mover por todo el país”, añadió. De igual forma, sugirió que la víctima había cancelado $50.000 previamente. Para dar solidez a su amenaza, mencionó el nombre de una hermana del comerciante, así como un viaje reciente a Colombia. Parecía un caletre, un libreto aprendido.
Este caso suscitó la atención de medios internacionales, debido a lo impactante de las imágenes.

“Este video fue una innovación”, afirmó el ex jefe de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial, comisario Sergio González. “Antes llegaban incluso a enviar por teléfono fotografías de las casas de las víctimas de extorsión. Pero esto no lo había visto nunca”, añadió. Las extorsiones por teléfono y mensajes de texto tienen por lo menos diez años de historia abierta en Venezuela. Antes, recordó González, el temor era suscitado invocando nombres de organizaciones paramilitares colombianas como las Águilas Negras, los Rastrojos o los Urabeños —ahora el clan Usuga. Pero a partir de 2015, el nombre de Tovar Colina se volvió algo así como una marca registrada de los extorsionadores. Incluso después de que una comisión de la Guardia Nacional lo matara en una vivienda de El Sombrero, en mayo de 2016.
El nombre de “El Picure” resonaba tanto que en esos días algunos comerciantes del Cementerio comenzaron a recibir llamadas de un tal comandante Martín Rodríguez, quien decía ser lugarteniente del mandamás de la banda de Concha de Mango. Eso sí: tal y como sucedió con los secuestradores, a partir de entonces abandonaron las solicitudes de pagos en bolívares. Esta parte de la economía criminal venezolana también se maneja en moneda extranjera.
Virus extorsivo
La extorsión fue sacada de la lista de nueve delitos que usa el Gobierno para medir los vaivenes de la criminalidad. Existe toda una línea dentro de las policías en cuanto a desagregar en lo posible estas denuncias. Los cuadros elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional a través del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) suelen mostrar solamente las denuncias de secuestros recibidas y procesadas.
En el caso de la amenaza de los supuestos “picures” se confirmó que los afectados acudieron a la policía judicial. Allí les dijeron que si no se prestaban para una «entrega vigilada” de dinero no les tomarían la denuncia. Pero en las calles del país la realidad es distinta. Así quedó en evidencia gracias a una encuesta de victimización realizada en hogares de la región centro-norte-costera por un equipo de criminólogos que encabezó el profesor Luis Gerardo Gabaldón.

El académico, conocido por su trabajo al frente de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, determinó que tan solo en un año los residentes de los estados Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y el municipio Libertador fueron objeto de 32.151 extorsiones. Esto da un promedio superior a las 3,5 extorsiones cada hora en los referidos estados.
La tasa de este delito, es decir, el número de casos por cada 100.000 habitantes, se ubicó en 326. Seis veces superior a la tasa que arrojó la encuesta de victimización encargada por el Gobierno en 2006, y muy superior a trabajos similares que también fueron ordenados por el Ejecutivo en 2009. Para ese año era de 71 por 100.000 habitantes y 2012 era 120 por 100.000.
Las extorsiones aprovechan todas las posibilidades para infundir temor. Según González, hay algunas que se llevan a cabo en las calles de forma presencial. Las hacen bandas de antisociales que a veces actúan en complicidad o por órdenes de grupos cuyas cabecillas están en las prisiones. Este fue el caso de una abogada residente del municipio Sucre que, a finales de diciembre de 2016, comenzó a recibir llamadas y mensajes de texto en su celular para exigirle el pago de $50.000 a cambio de no secuestrarle a uno de sus hijos. Los sujetos no enviaron videos, pero sí demostraron haber reunido una cantidad importante de información sobre la víctima y su entorno.
La litigante, cuyo nombre se reserva por razones de seguridad, optó por cortar toda comunicación con el teléfono celular al que le hacían todas las llamadas. Los números desde los que salían las amenazas, por cierto, eran de líneas convencionales registradas en el Este de Caracas. Tres semanas después la víctima formuló denuncia correspondiente ante la Guardia Nacional. En los días previos se mantuvo en alerta sin que nada nuevo ocurriese. Pero un domingo de enero, al regresar de una visita a familiares, el vigilante le informó sobre dos hombres que fueron al edificio preguntando por ella, con el argumento de que iban a “recoger” lo que ella les había dejado, en referencia a un posible pago.
Tentáculos en la calle
“El tren del Llano” es quizá una de las bandas más estudiadas por los cuerpos de seguridad. Informes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros indican que la extorsión fue precisamente uno de los delitos que posibilitaron el crecimiento de esta organización, hasta el punto en que llegó a tener unos 60 integrantes. Pero esas extorsiones, documentadas a partir del año 2012, afectaban esencialmente a los residentes, empresarios, conductores y hacendados de El Sombrero —donde está el sector Concha de Mango—, Barbacoas, Valle de la Pascua e incluso Calabozo.
La muerte del líder de la banda, José Tovar Colina, estuvo rodeada de misterio. El cadáver fue ocultado por las autoridades. La autopsia no fue hecha en ninguna medicatura forense del estado Guárico, como era lo apropiado, sino en la morgue de Bello Monte. Luego, los militares lo llevaron bajo estrictas medidas de seguridad al cementerio de El Junquito, donde lo cremaron. Según la legislación venezolana, los cadáveres producto de muertes violentas no pueden ser transformados en cenizas.

Aunque la organización criminal quedó sin su máximo líder, pronto se reportó en Guárico que los “picures” se habían reorganizado. Comenzaron la reconquista del territorio perdido a manos de otras bandas, como las de “Juvenal” y “El Maloni”. Según fuentes del Ministerio Público, hay denuncias sobre actividad de este grupo en Lara y Yaracuy. Por consiguiente, González recomienda hacer todos los esfuerzos para que los ciudadanos acudan a Cicpc o a la Guardia Nacional y formulen las denuncias relativas a la extorsión. “Los funcionarios de estos cuerpos están entrenados para determinar el origen de las llamadas. Esto es muy importante. Si viene de una cárcel, ya sabemos de qué se trata. Pero si viene de la calle, es más probable que dispongan de gente para ir a cobrar el dinero”, explicó.
En 2016 la Guardia Nacional elaboró un folleto para informar a la ciudadanía sobre las pautas de comportamiento al momento de recibir una llamada extorsiva. En ese documento se recomienda que la víctima haga preguntas clave al extorsionador, para determinar cuánta información verdaderamente posee sobre la persona y su entorno.
Estos diálogos, además, deben ser registrados en lo posible. Por ejemplo, mediante la utilización de aplicaciones que graban las llamadas emitidas y recibidas en el celular. Al revisar estas grabaciones, la víctima puede percatarse de las inconsistencias de los extorsionadores. En un caso denunciado ante Cicpc en mayo de 2016, el extorsionador decía pertenecer a la banda más poderosa de la Cota 905, pero reconocía no estar en capacidad de proveer la protección por la que exigía un pago a la víctima, un comerciante de Cementerio.
González advirtió que la mayoría de los extorsionadores obtiene sus datos de las Páginas Amarillas y portales web donde las personas ponen en venta vehículos o apartamentos. Esta información luego es cruzada con la que se divulga en otros espacios como Facebook e Instagram. Mientras tanto, como medida provisoria, lo mejor resulta apagar el teléfono.

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