Apure: ruta aérea y terrestre del narcotráfico

 La precariedad de las zonas poco pobladas, las amplias extensiones de terreno sin resguardo, el miedo, las amenazas y las complicidades han convertido al estado llanero en lugar predilecto para el delito. Se ha convertido en puente para el negocio millonario de los estupefacientes. Aunque por ahora no se han detectado laboratorios, Apure se cuela en distintos expedientes de investigaciones judiciales sobre narcotráfico

Apure: ruta aérea y terrestre del narcotráfico

Hablar de narcotráfico es sinónimo de miedo. Las jugosas ganancias producto del negocio ilícito pueden sobrepasar cualquier lógica a la hora de actuar por parte de quienes manejan las redes. Por ello muy pocos hablan del tema. El estado Apure, por ser amplio en territorio y con inmensas zonas despobladas, ha sido históricamente presa fácil para el delito. Por otra parte, conseguir testigos, pese a existir, es una tarea complicada no solo por trasladarse hasta sectores intrínsecos, sino también por el comprensible terror que no deja espacio para cooperar con la justicia.

Nadie habla. El miedo reina y gobierna sobre los cuellos y las lenguas. Solo callados, entre amigos, se musitan los tejemanejes de las mafias. Algo así como que es obvio que pasa, pero ya. Chito. “Nadie supo, nadie vio”, reza una frase popular muy conocida en esos lares.

Contactar a las fuentes: sí se conocen pero no hay quien se refiera al tema. La descripción superficial de un afectado directo es de un trabajador o habitante de una lejana zona del municipio Pedro Camejo, por mencionar un ejemplo. Ahí no hay servicios públicos, el alumbrado es con lámparas o plantas a gasoil, que también son usadas para el funcionamiento temporal de percos —principalmente— porque tienen mayor capacidad y tiempo de refrigeración. En otras zonas ya hay electrificación.

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El agua es extraída de pozos profundos, abiertos con una tubería delgada, a la cual se le instala una “bomba” que está compuesta por una especie de tubo de medio metro con mayor grosor y un “mango”, similar al de una máquina de moler maíz, pero no se le da vuelta, sino de arriba abajo. Igualmente se utiliza “el molino de viento”, dinamos o motobombas, estos últimos para quienes tienen poder adquisitivo.

Todos en el municipio Pedro Camejo se conocen. Como en los tiempos de otrora, por las huellas o ruidos, por muy lejanos que sean, se conoce quién pasó, de dónde viene, qué busca en el lugar. Al escuchar un vehículo, hasta por el sonido, los habitantes intuyen de quién se trata, porque todo es de conocimiento de todos. La “convivencia” lo permite.

Los centros poblados están a horas de camino y el surtido de comida se realiza una vez por semana. Antes la provisión se compraba hasta para un mes, pero por la escasez y las alcabalas, más rigurosas con campesinos o residentes de áreas limítrofes, trasladar el alimento en grandes cantidades se ha convertido en un calvario. En las zonas “más allá” del Capanaparo, el terreno es árido. La ganadería no es muy fructífera, porque el pasto no es el más óptimo para las reses —lo que influye en la producción lechera como en la calidad de vida de los animales. Sin embargo, hay excepción de lugares donde hay suficientes bovinos y las condiciones geográficas son menos crueles. Ergo las ganancias son mejores para los propietarios.

Los niveles de desempleo son grandes y las familias son numerosas. He aquí un gran desafío. Algunos jóvenes pueden ser “seducidos” para “trabajitos”, ante la ausencia de oportunidades de desarrollo. La pobreza no justifica ninguna acción al margen de la ley, pero hay realidad de realidades. La gran mayoría son personas honestas y con cierto grado de inocencia. Receptivos, serviciales y generosos.

En los últimos años, en cualquier rincón por muy alejado que parezca, hay un poquito de civilización. Al menos en esas “tierras de nadie” hay Directv; antes la radio era más popular, hasta emisoras de Caracas se oían. Con la aparición de muchas frecuencias no necesariamente las cosas mejoraron: las señales se debilitaron.

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Muchos no caen en las garras del mal, pero sin querer pudieran terminar brindando ayuda a los responsables del tráfico internacional de estupefacientes. Son encargados de grandes extensiones de terreno. Por el espacio no tienen control de ellas, además el factor intimidación opaca cualquier intento de oposición a una acción delictiva.

En algunos casos se trata de “fundacioneros”, así denominan a los responsables de los predios, producción, animales y mantenimiento. Varios dueños residen fuera del estado, solo visitan las zonas en vacaciones, porque verdaderamente sirve para el relax o al menos para estar bien desconectado de la ciudad.

Es vox populi que en determinadas zonas grupos irregulares cobran vacunas. “Por ejercer el narcotráfico no cobran; lo principal es que usan territorios de algunos finqueros para aterrizar avionetas”. En los hatos hay gente común. Los cooperantes, “pueden confundirse con otros trabajadores. Es difícil saber quién está al servicio de los traficantes”. Cualquiera puede ser. Generalizar no es lo correcto. Son algunos. E, incluso, cuando se han conocido incautaciones u otros hechos con aeronaves o cargamentos, la mayoría de los involucrados no son apureños. Vienen con una tarea encomendada de otras zonas.

La droga pasa por Apure. El estado es escondite temporal. No hay laboratorios. Al menos es lo que se sabe hasta ahora. Los tres municipios ubicados en la línea fronteriza son los más proclives a actividades ilegales por la soledad y poca presencia humana. Esto lo certifica el censo poblacional del año 2011, en Pedro Camejo había un promedio de 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado y en Rómulo Gallegos dos por cada mil metros.

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Hay amplio espacio para improvisar trochas y pistas ilegales. He allí parte de las circunstancias que colaboran con el problema. ¿Es una sociedad de cómplices? No. Más bien está en juego la tranquilidad, el territorio, los bienes y la vida. Para quienes moran esos terruños es muy difícil sobreponerse.

En la frontera hay predios que son “puentes”. El gobernador Ramón Carrizalez lo reconoció. “Es necesario atacar otros elementos asociados al narcotráfico, uno de ellos es la legitimación de capitales, la compra de fincas en el eje fronterizo. Eso tiene que investigarse y se tiene que estar encima, porque es una manera de crear plataformas donde aterricen con seguridad aviones del narcotráfico”, declaró.

El mandatario no dio nombres, pero al menos reconoció el problema en enero de 2014. En los medios de comunicación y en pasillos judiciales se ha conocido solo del caso de la finca San Rafael en el municipio Rómulo Gallegos, a varias horas de Elorza. El propietario, Germán Arturo Rodríguez Ataya (50), de nacionalidad colombiana y llamado por algunos como el “Piloto de las Farc”, fue capturado en 2014 acusado de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir con fines de narcotráfico según solicitud de Interpol, y en junio de 2015  la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó su excarcelamiento debido a que la Cancillería colombiana desestimó la solicitud de extradición a ese país, así como la orden de captura. Rodríguez Ataya “forma parte de una organización delictiva liderada por paramilitares colombianos que en territorio venezolano se dedican al cobro de vacunas en la zona, el secuestro y el tráfico internacional de drogas”, señala la sentencia 409 en sus antecedentes donde lo describe como una “persona clave para la organización, ya que es el encargado de obtener el combustible, los automóviles y el reclutamiento de personal para el transporte de drogas y su posterior envío a otros países”, según el diario Últimas Noticias.

En Venezuela el caso aún no ha concluido y se desconoce si el hato fue tomado por el Estado. De acuerdo al Ministerio Público, está relacionado con aterrizajes sin autorización y envío de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

“La anterior Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas garantizaba que todos los recursos, bienes, enseres, naves y aeronaves pasaran a la Oficina Nacional Antidrogas y fueran utilizadas por el Estado venezolano para revertir la lucha antidroga. Hoy hemos visto cómo ha habido confiscaciones pero eso no se siente en la lucha contra el narcotráfico”, cuestionó el diputado Julio Montoya, quien está centrado en investigar temas escabrosos como el lavado de activos.

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“Es muy difícil en el mundo de la mafia encontrar la verdad. En la sociedad apureña, aún más en la frontera, hay miedo a decir las cosas por su nombre y apellido. Hay afectación multidisciplinaria que genera inestabilidad, presencia de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), también de Colombia. En menor escala están las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), paramilitarismo y delincuencia común. Eso genera una inestabilidad social y política muy grave”, explica el parlamentario electo por Apure el pasado 6D para la Asamblea Nacional (AN).

La mano peluda del Estado

Tampoco es solo un tema de hatos y propietarios, hay algo más allá: la colaboración oficial. Sería mucho más complicado que las redes del narcotráfico expandieran sus actividades si funcionarios de las fuerzas armadas de una u otra forma no estuviesen involucrados. “No es posible, como país, tener presencia en puertos y aeropuertos europeos si no hay un nivel de complicidad estructural que garantice el paso de droga”, vuelve Montoya y agrega: “Venezuela ha ido sustituyendo poco a poco a los carteles de Medellín y Cali, por una nueva casta militar”.

Es muy difícil precisar cuántos militares participan del negocio. El Gobierno nacional no ha incoado investigaciones formales al respecto. La justicia local requiere aclarar ciertos puntos. Por ejemplo, “investigar cuál es su proporción y qué características tiene el ‘Cartel de los Soles’ no es atacar a las fuerzas armadas, es ayudarlas y moralizarlas, porque creen que tienen a varios generales metidos en el tráfico de drogas y eso genera desmoralización y desmotivación”, explica el asambleísta.

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Esos sentimientos crecen cuando se evidencia la existencia de una ruta llamada Makled. “Por Walid Makled, quien llegó a tener un carnet de la Guardia Nacional, otro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y concesiones —casi una aduana privada del aeropuerto Michelena en Valencia. También tenía control de casi el 30% de las bodegas de Puerto Cabello y un crédito de concesión de Urea en Pequiven, que utilizaba como precursor en el clorhidrato de cocaína en sustitución del acetona, entre otros”, detalla el legislador.

El parlamentario asegura que la investigación determinó que la ruta era Arauca, Alto Apure —y zonas adyacentes del estado. Por vía terrestre o aérea se llegaba a Valencia y posteriormente a Centroamérica. El propio Makled dijo en una entrevista a Univisión en 2011 que “en San Fernando de Apure diariamente de ahí salen cinco o seis aviones cargados con cocaína hacia Honduras, de Honduras hacia México y de México hacia Estados Unidos”, al tiempo que señaló supuesta complicidades del Ejército venezolano. Para Montoya, “quedó claro que Apure está desguarnecido. La extensión del estado y las condiciones geográficas propician pistas clandestinas en mucha fincas y favorecen el desarrollo de narco-operaciones”.

El Cartel de los Soles

Afirma el diputado Julio Montoya que Apure aparece mencionado en expedientes internacionales al respecto porque es una ruta terrestre que tiende los caminos a Colombia. También es una ruta aérea hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. En menor dimensión hacia Brasil. “Eso ha provocado diversas operaciones como la Clotilde: lavado de dinero que incluyó gente del Banco de Andorra y de la mafia rusa. La DEA, junto al gobierno colombiano y mexicano, investiga la zona por las conexiones con el ‘Cartel de Sinaloa’. Los hechos concluyentes han arrojado una relación estrecha entre el ‘Cartel de Sinaloa’ y lo que se conoce en Venezuela como el Cartel de los Soles, que no se sabe si es un cartel con sus propias características o trabajan para el de Sinaloa”, explicó Montoya, reiterando que “Apure es el sitio de paso”.

El 2 de marzo de 2016 el jefe de delitos especiales de la DIJIN, la policía judicial de Colombia, afirmó haber desmantelado una red de tráfico de cocaína que movía “cerca de dos toneladas y media mensuales hacia los Estados Unidos, vinculados con carteles venezolanos, hondureños y con el cartel de los Zeta en México”. Según el funcionario, fueron capturadas 12 personas, “entre quienes figuran el cabecilla de la red, los socios capitalistas, propietarios de laboratorios, de rutas, medios de transporte y enlaces internacionales”, dijo la DIJIN en un comunicado que detalla que “la organización operaba vía aérea en pistas clandestinas en el estado venezolano de Apure con estupefacientes que partían luego hacia Honduras para ser distribuidos a diferentes carteles”, citó un cable de la agencia AFP.

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Esta aseveración compagina con que “dos fiscalías de New York están investigando casos de venezolanos relacionados con el tráfico de drogas. Uno de ellos es el de los ‘narcosobrinos’, los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores. El otro es el de un empresario y otros ochos casos, en los cuales en la mayoría se menciona al estado Apure”.

Ese sitio de paso es evidente y reconocido aún por las autoridades oficialistas. En el año 2015, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que, desde 2008 a mayo del año pasado, se habían destruido 486 pistas clandestinas, fácilmente habilitadas por las condiciones planas del terreno y sin montañas. Un promedio de 69 anuales. El supuesto logro fue posible por la operación “Boquete”, que consistió en dejar huecos en las pistas, aunque con los meses pueden ser rehabilitadas.

Al momento de ofrecer ese balance, Padrino aseguró que los narcos estaban obviando a Apure de sus rutas, tomando como destino a Brasil. Recientemente se desarticuló la banda de “El Tana”, que estaba al servicio de “El Yuca”, delincuentes colombianos que utilizaban a Apure como ruta terrestre y luego aérea, “pero de fallar tomaban el camino vía fluvial”, aclaró por el jefe de la cartera castrense venezolana.

Un caso reciente

Un caso reciente involucra a cinco altos funcionarios militares, entre ellos al Coronel de la Aviación Rafael Ponce Delgado de 46 años de edad, acusado por el Ministerio Público de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, asociación para delinquir y conformación de grupos armados. Él era encargado del área de comunicaciones de la Torre de Control del Aeropuerto Las Flecheras de San Fernando.

Similares delitos les imputaron al comandante del grupo de la Policía Aérea de la Base Sucre (Maracay), mayor Fernando Antonio Silva (40); al capitán Rafael Vargas Arreaga (37) adscrito al grupo de Apoyo Logístico de la referida base; al teniente Rider José Silva (36); perteneciente a la Dirección de Vigilancia y Control 2911 del Escuadrón de Vigilancia y Control de la Ciudad de San Fernando de Apure; además al teniente Juan José Mujica (24), quien laboraba en esa dependencia.

También están implicados los militares retirados mayor Fernando Alonzo Pereira León (68); y su hermano, el sargento técnico de segunda de la Guardia Nacional Bolivariana, Jonny Alfredo Pereira León (48). Según la Fiscalía 7º nacional y 30º del estado Aragua, a cargo de Marisela de Abreu y Eylin Ruiz, “la investigación data del 18 de mayo de 2015 cuando se denunció ante la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que un grupo de personas pertenecientes a varios componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se prestaban para permitir las salidas y las entradas de aeronaves no autorizadas por el Comando Estratégico Operacional del territorio aéreo venezolano”.

Sin especificar, el Ministerio Público reveló que un funcionario castrense de alto rango, para facilitar vuelos ilícitos sin ser reportados, ofreció pagar una cuantiosa suma en dólares mensual. Ninguno de los funcionarios ha sido condenado y la investigación sigue en marcha. Sin embargo ya hubo sentencia de cinco años de cárcel para los colombianos Juan José Gil Flores (58), León Darío (59) y su hermano Cesar Marín Zapata (42), al igual que para el venezolano José Omar Umaña (49), quienes admitieron los tres citados delitos. Se espera un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, luego Fiscalía se mostrará en desacuerdo con la pena y apelara la decisión.

Pero más allá de lo público, en algunos casos, no toda la verdad siempre se dice. “Hay situaciones que suceden y no quedan en el expediente”, comentó bajo condición de anonimato un abogado, resaltando lo complejo de los casos por los vicios que pueden presentarse desde el momento de un procedimiento. Territorio, entorno y corrupción convierten al estado Apure, principalmente la zona fronteriza, en una tierra fértil a narco-delitos.