Economía

Billetes de 100: desaparecerlos para lavar bolívares

Un conjunto de factores se juntaron entre el martes 13 y el jueves 15 de diciembre para facilitar enormemente operaciones de legitimación de capitales en moneda nacional. Con el anuncio del presidente Nicolás Maduro de extender su vigencia hasta el 20 de enero, luego de sucesos y saqueos que dejaron incluso personas muertas y heridas, la tesis del lavado toma cuerpo

Texto: Javier Ignacio Mayorca | Composición fotográfica: Andrea Tosta
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Es el caos perfecto. El mandato presidencial de sacar de circulación los billetes que hasta ahora tuvieron la más alta denominación generó las condiciones que quizá estaban esperando organizaciones criminales como las que operan en Tocorón o en El Sombrero, para insertar auténticas fortunas en la economía legal.

Esto es, ni más ni menos, lo que se conoce en el argot legal venezolano como legitimación de capitales. En otras partes del mundo le dicen lavado o blanqueo de dinero. Allá y aquí consiste en lo mismo: el conjunto de operaciones para dar apariencia de legalidad a un dinero generado por actividades ilícitas.

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Según el director de Ecoanalítica, economista Asdrúbal Oliveros, como consecuencia de la decisión presidencial, durante los días que corrieron entre el 12 y el 15 de diciembre las agencias de las bancas pública y privada tuvieron que recibir cerca del 48% de la masa monetaria del país. Esto equivale a 5,76 millardos de billetes de Bs 100.

Una operación con estas características tiene muy pocos antecedentes. En agosto de 1961, por ejemplo, Fidel Castro ordenó sacar de circulación los pesos que hasta entonces circulaban en billetes con reminiscencias del régimen de Batista. El dictador, como Maduro, también ordenó el cierre de las fronteras y justificó la decisión en supuestas “maniobras” urdidas desde EEUU para minar la economía nacional. En otros momentos, incluso en Venezuela, la salida de circulación de billetes de distintas denominaciones se ha realizado de forma gradual, una vez que están disponibles las nuevas notas.

Pero la característica compulsiva del mecanismo escogido generó enormes presiones sobre los operadores bancarios, quienes simplemente tenían la orden de recibir todos los billetes que colocaran frente a sus taquillas. Cualquier retardo podía ocasionar desórdenes públicos y riesgos para los propios empleados, como los reportados en Lara y Táchira cuando funcionarios de cuerpos uniformados intentaron saltarse las colas llevando cajas repletas de dinero.

La entrada de dinero a la banca fue masiva. El jefe de la unidad de prevención a la legitimación de capitales de uno de los bancos más pequeños, con menos de diez agencias en todo el país, indicó que solamente el primer día fueron recibidos Bs 150 millones, cuando generalmente son manejados Bs 30 millones en promedio.

En un banco mediano, con agencias en casi todos los estados del país, los montos manejados durante esos tres días también se quintuplicaron, aunque la llamada “transaccionalidad”, que es el número de operaciones en taquilla, no tuvo el mismo incremento. Esto quiere decir que los cajeros tardaban más en recibir los depósitos, debido a los prolongados conteos de dinero, que ya no se realizan en forma manual sino con la ayuda de máquinas especiales.

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Facilitando el lavado

Según la Red de Aplicación contra Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés), el lavado de dinero consta de tres etapas: la colocación, la estratificación y la integración. De todas ellas, la más riesgosa para los delincuentes es la primera, pues implica burlar todos los mecanismos implantados en la banca como barreras para prevenir e impedir la circulación de dinero sucio.

En condiciones de normalidad, los bancos disponen de sistemas informáticos y equipos de analistas que son capaces de detectar y procesar con relativa rapidez los intentos de colocación de dinero de procedencia ilegal. En el caso Makled, por ejemplo, los documentos recabados por el Ministerio Público indican que el Banco de Venezuela emitió reportes de actividad sospechosa sobre este cliente y sus empresas luego de tres meses de realizados ciertos depósitos en efectivo.

“Los primeros reportes son generados automáticamente, cuando se produce una disparidad entre el perfil del cliente y los montos que está manejando en un momento dado. Luego, eso cae en manos de un analista de la unidad de prevención a la legitimación de capitales del banco, que lo revisa, y si considera que hay indicios de actividad sospechosa elabora un informe. Eso luego es remitido a la Fiscalía”, explicó un comisario jubilado de la extinta Disip, actualmente dedicado a la investigación de esta materia.

Pero ese es el mecanismo en condiciones de normalidad. Lo ocurrido en estos tres días, según el ex juez Alejandro Rebolledo, es que debido a las presiones sobre el sistema se relajaron los controles y se facilitó la etapa de colocación de dinero sucio. “Los bancos estaban colapsados, y por esto tuvieron que flexibilizar la manera de ingresar el dinero”, afirmó.

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El anuncio hecho el lunes por el nuevo Superintendente de Bancos, el abogado Leoncio Guerra, iba en este sentido. El funcionario ordenó que las entidades bancarias solo debían exigir la cédula de identidad para abrir nuevas cuentas.

En la práctica fueron eliminados de un plumazo un conjunto de requisitos a los que estaban obligados los bancos en función de cumplir con las normas internacionales de “conocer a sus clientes”. Ya no sería necesario consignar referencias comerciales ni de otros bancos, cartas de trabajo ni los formularios donde se indica hasta el nombre de los padres del interesado en abrir la cuenta.

“Eso es peligroso. Si soy un mafioso buscaré lo típico: 30 tipos para abrir cuentas y meter los bolívares”, explicó el jefe de la unidad de prevención al lavado de dinero de un banco mediano.

A esta modalidad para el lavado de dinero se le conoce como “pitufeo”, una que el nuevo superintendente conoció de cerca cuando era fiscal, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio Público.

Alta impunidad

Según la Fiscalía, entre el martes 13 y el jueves 14 de diciembre fueron presentados ante los tribunales 53 personas de las 177 detenidas mientras transportaban altas cantidades de dinero cuya procedencia no podían justificar. Este fue el caso de los venezolanos Juan Carlos Omaña, Rómulo Montoya y Mirna Escalona, quienes fueron aprehendidos el martes 13 a las 4 am por efectivos de la Guardia Nacional en el puesto de control de La Victoria, Apure, cuando iban hacia San Cristóbal en un camión Mazven con 2,94 millones de bolívares en billetes de diversas denominaciones.

Los militares cumplían una orden emitida el fin de semana anterior en forma conjunta por los ministerios de la Defensa y de Relaciones Interiores, según la cual se debía efectuar el decomiso en los casos que involucraran “grandes cantidades” de efectivo. El mandato dejaba a la discreción de los agentes determinar cuáles eran los montos que consideraban elevados. En Zulia, hubo personas que fueron despojadas de Bs 300.000 sin mayores explicaciones.

En Anzoátegui hubo un caso más notable, pues involucró a cuatro operadores de una agencia bancaria, detenidos por agentes del Sebin el miércoles en la noche cuando supuestamente intentaban hacer depósitos por Bs 31 millones en horas en las que el banco no funciona. Entre los presos figuran la gerente general de la agencia ubicada en Nueva Barcelona y el gerente de Operaciones.

Pero estos constituyen episodios aislados, en los que los dineros manejados no necesariamente fueron originados por una actividad criminal. El lavado de dinero es, en esencia, un delito que debe ser probado mediante investigaciones, algunas de ellas muy complejas. Según Rebolledo, en condiciones de normalidad la capacidad del Ministerio Público para perseguir operaciones de lavado de dinero es mínima con respecto a la cantidad de reportes de actividad sospechosa que emite la banca.

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Un arqueo efectuado en los informes de la Superintendencia de Bancos y del Ministerio Público indica que durante el lapso 2011-2015 fueron remitidos desde la Sudeban a la Fiscalía 11.506 reportes de actividad sospechosa de lavado de dinero. En ese mismo lapso fueron elaborados 7.631 expedientes por este delito, equivalentes al 66,3% de los reportes. Y de acuerdo con Rebolledo en 2015 solamente hubo seis condenas por legitimación de capitales. Esto indica que la impunidad también caracteriza a este delito.

“Con unas condiciones de posible overflow o saturación, estamos en una situación ideal para que los delincuentes metan bolívares en el sistema”, advirtió el ex funcionario de la Disip especializado en investigaciones financieras. Son los bolívares que, según el diario Versión Final, fueron sacados por camiones del Internado Judicial de Tocorón el martes en la noche.

La nueva fase

La fecha de emisión de los ejemplares del nuevo cono monetario son casi un misterio. El presidente Nicolás Maduro anunció el 29 de diciembre la llegada al país de varios millones de billetes de 5.000 y 20.000 bolívares. Sin embargo, las recurrentes extensiones de la vigencia de los billetes de 100 bolívares, nuevamente aplazada hasta el 20 de enero de 2017, oscurecen el panorama. Al momento de elaborar este reporte, había largas colas en las sedes del ente emisor en Distrito Capital, Zulia y Bolívar.

El Banco Central de Venezuela posee una gerencia de Seguridad, con oficinas dedicadas a Investigaciones, Protección y Custodia, Seguridad Industrial, Seguridad de la Casa de la Moneda, Seguridad de la Sede Maracaibo y de Tecnologías de Información. Pero no tiene una unidad de Prevención a la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. Rebolledo advirtió que esta institución carece de oficiales de cumplimiento, que es un personal técnico especializado en la detección y evaluación de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Por lo tanto, indicó, el riesgo de que ingresen dineros de procedencia ilícita en esta nueva fase del proceso sigue siendo alto.

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