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Calabozos de tránsito: hacinamiento que ni las moscan entran

Los calabozos de tránsito de la Gran Caracas albergan a una población de 1.563 detenidos, cuando su capacidad es de 505. La policía científica tuvo que habilitar oficinas para mantener a los capturados hasta que el Ministerio de Servicios Penitenciarios abra cupos en los penales. Mientras tanto, los reclusos tienen que turnarse para sentarse y dormir

Calabozos de tránsito: hacinamiento que ni las moscan entran

En los calabozos de pernocta corta, nadie celebró la llegada del Año Nuevo. Cuando las agujas del reloj se alinearon para darle la bienvenida a 2016, los reclusos solo atinaron el anhelo común: «que este año sí nos asignen cupos en las cárceles del país, que nos corresponda, hermano». Pero ninguno se detuvo en largos aspavientos. Una vez repartidos algunos apretones de manos, todos se volvieron a concentrar en la rutina: vigilar que a ninguno se le pasara el turno para sentarse o acostarse.

Sí, en estas celdas de retención preventiva los reclusos deben organizarse para sentarse a descansar o dormir. Simple: no hay espacio ni para un cuello o codo. «Yo tengo dos años y cuatro meses aquí y nada que me dan el cupo para que me trasladen a Tocorón. Ya yo asumí mi culpa y en el tribunal me condenaron a cuatro años por robo agravado. Y ya tengo la mitad de mi condena lista, pero no puedo optar a ningún beneficio porque no estoy en la cárcel que me corresponde», dice Kenedy desde las rejas de Polimiranda. No quiere dar su nombre completo, «no chama, eso es una raya y tampoco así, pues», dice.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) tuvo que improvisar reclusorios en sus nueve comisarías de Caracas. Existe cupo para unos 505 detenidos repartidos entre sus dependencias y las de Polimiranda, Policía Nacional, Polichacao, Polisucre y Polihatillo. Pero actualmente existen unos 1.563 presos. Es decir, que se calcula un hacinamiento general de 209,5%. «Es un problema grave el que se está viviendo en las celdas de retención preventiva. El agudo problema carcelario se trasladó ahora a los calabozos de tránsito. Desde una Ventana a la Libertad estimamos que en los 400 espacios dispuestos en todo el territorio nacional para recibir detenidos por 48 horas, existen actualmente unas 30 mil personas aprehendidas esperando su traslado para alguna de las 34 cárceles del país. A esto habría que sumarle la población carcelaria que es de 55 mil. Eso nos daría entonces, un gran total de 89 mil personas privadas de libertad que deberían estar, en su totalidad, repartidas en reclusorios formales. Pero, a la fecha, la capacidad instalada de las cárceles venezolanas es de 26 mil», indica Carlos Nieto Palma, abogado y director de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Para Nieto Palma, el problema en los calabozos de tránsito detonó por la falta de nuevos penales en el país. «Actualmente existen 34 penales en Venezuela. Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios, habla de 70, porque cuenta retenes de menores y anexos femeninos. Pero eso no es así. Hay 34 en total. Aquí no se han construido las cárceles que se prometieron, solo se han inaugurado dos en la gestión de la señora Varela y se han remozado otras, nada más; y eso ha traído como consecuencia este desorden. Porque en vista de su ineficiencia, tuvo que ordenar, en junio de 2014, la suspensión de traslados de reclusos recién privados de libertad por un tribunal, hasta que ella no lo autorizara. Luego incluyó en la medida que solo los penados serían trasladados a las cárceles venezolanas. Y la verdad sea dicha: los calabozos de tránsito no están acondicionados para mantener a grupos tan numerosos. No tienen la infraestructura para respetarles su derecho a la salud, recreación, deporte, formación, descanso, comida, visita… Y eso no es culpa de las policías, claro que no. Ellas tienen sus espacios para cumplir con sus funciones: detener y mantener al aprehendido por hasta 48 horas. Nada más», advierte Nieto Palma.

«Yo tengo ya más de dos años. Me agarraron por homicidio y me han llevado cantidad de veces a mis audiencias pero me las han diferido todas o porque no está la juez, o porque el Fiscal o la Secretaria no llegaron… Y hasta ahora no me han sentenciado, así que ya yo estoy para optar a un beneficio procesal y todo… Sería mejor si me mandaran a una cárcel. Allá tendría más espacio, más horas de visita, la conyugal. Aquí claro que me visitan», dice casi en súplica, Andy. Él tampoco consideró prudente dar su nombre completo.

Déficit presupuestario

La medida de no otorgar cupo en las cárceles del país no fue la única que, en 2015, despechó la ministra de Servicios Penitenciarios. En mayo del año pasado, antes de prohibir el traslado sin autorización, se difundió una notificación a todas las sedes policiales del país en la que se les informaba que, para gestionar cupos de reclusos en los penales, era necesario que le armaran, a cada detenido una carpeta con una serie de requisitos, y se le surtiera con un kit obligatorio. La carpeta debía incluir: una copia de la cédula de identidad laminada, el acta policial, la boleta de encarcelación, un examen médico forense actualizado, el acta de derechos del imputado y las planillas con las reseñas dactilares debidamente certificadas por el Saime. Una vez reunidos todos estos documentos, a cada recluso debía surtírsele con un kit que incluiría: colchoneta de goma espuma, dos juegos de sábanas azules, tres uniformes azules para los procesados y amarillos para los penados, un par de zapatos negros sin trenzas y una toalla. También había que dotarlos con los insumos necesarios para el aseo personal: jabón de baño, papel higiénico, pasta y cepillo dental y un desodorante. Si no se cumplía con estas disposiciones, el Ministerio de Servicios Penitenciarios no les gestionaría la admisión.

Pero cumplir con esas disposiciones se tradujo en un gasto que las policías no tenían contemplado en sus presupuestos: 35 mil bolívares por cada recluso. En el caso de Polimiranda, que tiene en sus calabozos unos 217 presos, debe contar, solamente para tal fin, con unos 7 millones 595 mil bolívares; claro, eso si los precios de los productos se mantuvieran en el tiempo. La directiva de la Policía de Miranda, por ejemplo, tuvo que pedir créditos adicionales a la gobernación del estado para poder cubrir con estos requerimientos que parecen haberse convertido en un impuesto indirecto ante la ineficiencia del sistema. Trascendió que en Polichacao recurrieron a la misma solicitud pero ante la alcaldía de ese municipio.

«Y aquí en el Cicpc no es solo el tema presupuestario, que bastante precario es, sino el uso de recurso humano calificado en investigación criminal para servir como custodios de los detenidos: División de Captura, calabozos de la División de Vehículos, calabozos construidos en las 9 comisarías y los improvisados en otras divisiones en las que se han tenido que disponer de oficinas para tener a los presos», dijeron con preocupación varios funcionarios, que han visto disminuido su rendimiento por ocuparse de labores que no les corresponden. Ninguno de ellos quiso que sus nombres fueran revelados. Temen posibles retaliaciones si descubren que alguno declaró a la prensa. No cuentan con autorización para ello.

Motines, muertos y fugas

«Aquí uno está hundido en el ocio y la rabia. Y eso lo que produce es enfrentamiento entre nosotros mismos o te activa la mente para las cosas malas, o sea, para planificarte una fuga, una cosa… Es preferible andar en la calle escondido, que echarle pichón a sobrevivir aquí. Estas no son condiciones. Los pies hinchados de tanto estar parado, falta de aire por la cantidad de personas… Las visitas cortas. Cero conyugal. Esto no es vida. Esto es peor que el infierno, seguro», dice uno que prefiere no dar su nombre y que tiene más de seis meses en la División de Captura del Cicpc.

Quizás sea por esa desesperación que las catarsis obligatorias ante esas precarias condiciones de vida han sido intentos de fuga, evasiones planificadas y hasta pagadas, secuestros a los funcionarios y motines.

De acuerdo a investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en 23 centros de reclusión temporal ocurrieron, durante el año pasado, unos ocho motines, 10 intentos de fuga, siete incidentes de fugas exitosas y siete secuestros a funcionarios. El resultado de tales episodios fue: 90 reclusos fugados, 49 heridos y nueve fallecidos.

Una de las reyertas más sonadas fue la del 21 de diciembre de 2015. Los presos hacinados en los calabozos de la Dirección Nacional de Investigaciones de Vehículos del Cicpc se amotinaron y agredieron a cuatro funcionarios y mantuvieron secuestrado a uno más. Desde la madrugada y hasta la 1:30 de la tarde de ese día se mantuvo la situación. Los privados de libertad exigían traslados a los penales y se quejaban por la falta de espacio y los retardos en sus procesos.

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