Cárceles sin internet ni celular: el final del pran

La falta de liquidez, por la que atraviesa el Estado venezolano, no será una excusa. Tampoco las amenazas que puedan nacer desde las fauces del pranato. Los diputados de la Comisión de Política Interior y también los de Asuntos Penitenciarios están dispuestos a llevar una orden hasta su implementación. Por eso diseñaron la Ley de Limitación de Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Carcelarios para que su ejecución no se viera obstaculizada por la aguda crisis económica que enfrente el país y para que haya, de una vez por todas, una reorientación de la figura del preso.

La idea consiste en trabajar mancomunadamente con las empresas de telefonía para lograr que las siete cárceles, que aún se manejan con régimen abierto, pues no han sido recuperadas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, y también en aquellas con régimen cerrado, se deje de contar con telecomunicaciones abiertas. Claro que para el submundo carcelario, activar la iniciativa significaría una declaración de guerra. Este infierno se rige por un paraestado donde la anarquía es la norma. «Si ellos se atreven a quitarnos el derecho a la comunicación, que se preparen, porque lo que viene es puro plomo del bueno y lluvia de sangre, porque fuerza para eso es lo que nos sobra», advierte un miembro del pranato nacional que exigió no ser identificado, ni siquiera con un remoquete sustituto.

«Nosotros sabemos que nos estamos enfrentando a un monstruo que ha tenido 17 años para crecer y fortalecerse. También se sabe que el costo político, por hacer el trabajo que se debe hacer, será altísimo, pero hay que empezar a poner orden», explicó el criminalista Fermín Mármol García, quien forma parte del equipo de asesores para la materialización de esta ley.

Con este instrumento de 15 artículos, dos disposiciones transitorias y una final, la Asamblea Nacional (AN) busca darle un fuerte golpe a la delincuencia. Las megabandas que operan a lo largo y ancho del territorio nacional, y que son manejadas por pranes, se verán fracturadas al perder comunicación directa intramuros. «Esa estructura ha invadido el tejido social. Ha sembrado el terror en la ciudadanía a punta de extorsiones, secuestros, sicariatos y tráfico de droga. Al quitarles la comunicación, le estaríamos dando coto«, advierte Mármol García.

De acuerdo a la investigación de los expertos, la estructura del pranato funciona gracias a tres vértices: armas, dinero y comunicaciones. La base de todas ellas, la que sustenta a las otras dos, según el mismo estudio, es el tercer tópico. Con las comunicaciones gestionan las negociaciones para adquirir y traficar armas, y para que entre y salga el dinero. Al tomar el control de las comunicaciones, en todas sus formas, se les estaría quebrando la base.

“Y tomar ese control no le costaría al Estado venezolano ni un bolívar. Todo fue diseñado para que la aplicación de la ley sea sustentable. Como ejemplo se tomó la experiencia de países centroamericanos que ya adelantaron una propuesta como esta. Trabajaron directamente con las telefonías que ofrecían allí sus servicios. Ellas se encargaron de toda la operatividad, es decir, de hacer una reestructuración para que la señal en los predios de los centros penitenciarios no se active. Claro, con esto se vieron afectados poblados cercanos, pero para todo hay solución y ahorita, la prioridad, es quitar el servicio de internet y telefonía móvil en todas las cárceles del país. Y tomando en cuenta la aguda crisis económica por la que estamos atravesando como nación, no es viable contar con bloqueadores o inhibidores de señal, pues los equipos son muy costosos», advirtió el criminalista.

Por su parte, el también criminalista Javier Gorriño dijo que el equipo de asesores y las propias comisiones de la AN no están cerradas al tema de los perturbadores de señales para entonces no tener que afectar a las comunidades aledañas. En este sentido, las propias compañías ayudarían en el tema de adquisición de equipos.

Por ello, la ley fue concebida para que las telefonías sean pieza fundamental en este trabajo contra la inseguridad. El pasado 10 de mayo, la Comisión de Política Interior y de Servicios Penitenciarios de la Asamblea Nacional se reunió con representantes de las empresas para explicarles de qué se trata el instrumento y cuánto tiempo tendrían para poner en funcionamiento, finalmente, el bloqueo de la señal en los predios de las siete cárceles que aún permanecen bajo régimen abierto. Esa es la prioridad, luego irán por las demás aunque ya estén bajo el control del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

«Además, las telefónicas del Estado deberán garantizar la misma colaboración que prestarán las privadas y, adicionalmente, deberán garantizar servicio gratuito de telefonía fija para los reclusos. Esas llamadas serán grabadas y cronometradas«, agregó Mármol García.

De entrar esto en marcha, explicó Gorriño, 30% de los delitos como sicariato, secuestro y extorsión bajarían. «En la reunión que sostuvo todo el equipo con empresas de telefonías nacionales e internaciones, que son las que tienen ya experiencia en este tipo de iniciativas, supimos que en México, por ejemplo, se tardaron un año en poder implementar la ley. Fueron muchos los tropiezos y nosotros hoy podemos aprender de esos errores y ganar ese año. Una vez que ellos lograron bloquear la señal en las cárceles de Ciudad de México, que fue por donde empezaron, consiguieron disminuir en 30% la prevalencia de los secuestros», agregó Gorriño.

Las consecuencias

Las comisiones de Política Interior y Asuntos Penitenciarios, junto al equipo de asesores, se han encargado de evaluar, asimismo, cuáles serían las posibles consecuencias de poner en marcha esta ley. «Sabemos que el costo político será muy alto y sabemos que intentarán sabotear el plan. Pero ya incomunicados no será mucho el impacto extramuros. Todo tendrá lugar dentro de las cárceles. Estimamos que puedan organizarse huelgas de hambre, un acto masivo de coserse las bocas, secuestro de la visita. Pero se hace imperativo reorientar la figura del preso en Venezuela. Hay que erradicar la anarquía y el empoderamiento de las cárceles», insistió Mármol García.

Por su parte, la población reclusa está clara que, de eso darse, será tomado como una declaración de guerra. «Aquí deberían seguir con el proceso de pacificación que adelanta la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela. En los centros con régimen cerrado no hay celulares y las llamadas son cronometradas. No pueden venir así a lo loco, a hacer lo que ellos les dé la gana en los penales de régimen abierto, qué va. Ellos no nos pueden tumbar la señal y punto. Eso atenta contra nuestros derechos humanos. Si lo hacen, que se preparen porque lo que vendrá, entonces, será puro plo-plo», dijo el miembro del pranato consultado, quien prefirió no ser identificado bajo ningún alias, así fuera falso.

De acuerdo a lo que esta persona explicó, por violación de derechos humanos se refieren a que el bloqueo de comunicaciones no les permitirá tener contacto frecuente con sus familiares y subalternos. «Perderemos mucho dinero», dijo con furia el presidiario.