Carnet de la patria, ¿requisito de vida o muerte?

Una denuncia corrió como pólvora: están pidiendo carnet de la patria para atender pacientes en los hospitales públicos. Se anunció el nombre de una víctima. La persona sí murió y sí fue consultada por el instrumento, pero no le fue negada la atención. No obstante, el miedo a la exclusión se impone. Las amenazas se concretan en algunos lugares y el control político aumenta

Carnet de la patria, ¿requisito de vida o muerte?

La experiencia no era nueva para Rosbelys Dugarte. Ya había estado hospitalizada, ya había entrado en terapia intensiva y ya había sobrevivido.  Esta vez, sin embargo, fue diferente. Y no solo porque no logró lo último, sino porque a lo que de por sí es una tragedia, en un país con escasez de medicinas e insumos médicos, se sumó una nueva desgracia: la discriminación política. Pasó por cinco hospitales en los que no había insulina. En uno le pidieron el carnet de la patria. No fueron los médicos ni los milicianos que resguardan las entradas de los centros de salud, sino una secretaria, quien se cree cumplía órdenes de la Dirección. Lo mismo les ha sucedido a otros pacientes en los CDI y en instituciones del Estado.
Hace 22 años, la familia Dugarte Quintero comenzó a luchar contra la diabetes de Rosbelys, la segunda de cuatro hermanos. Este 3 de agosto, sin embargo, perdieron la batalla por falta de insulina. Antes hicieron un último esfuerzo. La paciente, de 33 años, acudió a la sede del Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), en Las Adjuntas, Caracas, en búsqueda de la sustancia para tratar su enfermedad. No tuvo suerte. Tampoco la tuvieron sus familiares, a quienes una encomienda desde Mérida, con el medicamento, llegó demasiado tarde.
Rosbelys, quien ya tenía varios días sin inyectarse, estaba cumpliendo su turno como cajera en un supermercado cuando, el martes 1ª de agosto de 2017, comenzó a sentirse muy mal. Decidió ir, por cuenta propia, al hospital Dr. José Gregorio Hernández, mejor conocido como Los Magallanes de Catia. Allí no tenían insulina cristalina, por lo que no pudieron atenderla.
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Se fue al hospital Periférico de Catia. Su madre, Beatriz Quintero, no demoró en llegar, en compañía de sus dos hijos varones, los hermanos de Rosbelys. La consiguieron mal. Le habían suministrado suero y un medicamento, pero tampoco tenían insulina. Les sugirieron que se fueran a otra institución de salud, la tercera del día.
Cuando llegaron al hospital Dr. Miguel Pérez Carreño ya habían pasado las 9:00 pm. Un miliciano que estaba de guardia aquella noche, en la puerta de Emergencias, llevó a Rosbelys, en silla de ruedas, hasta adentro de la institución. El uniformado les dijo a sus familiares que llenaran la historia, mientras Rosbelys ingresaba para recibir atención médica. Entre las preguntas rutinarias que le hizo la secretaria de turno a Beatriz, hubo una que la agarró por sorpresa:
—¿Tiene carnet de la patria?
—No lo encuentro —respondió ella nerviosa. En medio de la angustia, no se le ocurrió otra respuesta.
La mujer no insistió y Beatriz entró, para encontrarse con su hija. A Rosbelys ya la habían bajado de la silla de ruedas y revisado, pero la mantenían sentada en otro mueble. Pasaron unos minutos y se acercó una doctora. De acuerdo con la versión familiar, les informaron que no tenían insulina y que debían trasladarla a otro hospital. Beatriz pidió una constancia médica de que habían estado ahí, pero otra galena les sugirió que se fueran rápido, para que Rosbelys “no se muriera”.
Según explican algunos médicos que estuvieron en la institución esa noche, Rosbelys llegó con hiperglicemia. Beatriz, su madre, estaba “muy agitada”. Como a todos los pacientes que no pueden atender por falta de insumos, con pena les dijeron que no contaban, en este caso, con la insulina; y que debían conseguirla ellos para poder prestarle el tratamiento a la joven en el hospital. “En ningún momento, nosotros, los médicos, les pedimos carnet de la patria. Aquí se atiende a la gente hasta sin cédula de identidad. Jamás hemos rechazado a un paciente, por nada”, asegura una de las doctoras de la institución, quien prefirió no revelar su nombre. “Nunca he escuchado que a nadie se le pida carnet. Quizás fue en ese momento que llegó alguna orden de la Dirección”, acota sorprendida.
En el Pérez Carreño, cuando no tienen los insumos para atender a un paciente, le dan dos opciones: dejarlo hospitalizado hasta que sus familiares lo consigan y ellos puedan comenzar a hacerle el tratamiento –esto puede ser en una silla, si la sala de emergencias está muy llena– o irse a otro centro de salud. A Rosbelys, por su situación, le sugirieron lo último. Sus familiares la llevaron al Hospital Militar. Sus puertas estaban cerradas. Se fueron entonces al Dr. José María Vargas. No tenían insulina. Rosbelys tosía insistentemente y no podía controlar sus esfínteres. Justo cuando su madre decidió llevarla a casa y encomendarse a la voluntad de Dios, a uno de sus hijos se le ocurrió llevarla al hospital general de Lídice Dr. Jesús Yerena.
Allí, finalmente, pudieron atenderla. Tenían insulina, mas no otros medicamentos que hacían falta para su tratamiento. La familia se comprometió a conseguirlos. El doctor que la atendió les dijo que si pasaban diez minutos más en el ruleteo, Rosbelys hubiera llegado muerta. Sobrevivió tan solo unas horas más. Al día siguiente la pasaron a terapia intensiva y el jueves 3 de agosto, a las 8:00 am, falleció.
“Para mí, no fue otra cosa que una tragedia. El solo hecho de yo haber recorrido y haber pasado toda esa angustia de trasladarla (…) uno llega con esperanza de que lo van a recibir y sale con una desesperanza grande de ver lo que está pasando en este país, cómo están dejando morir a la gente”, lamentó la madre de Rosbelys.
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Tuit polémico
Como a Beatriz le robaron el celular, nunca se enteró de que lo que había sucedido con su hija había llegado a las redes sociales. Igual ella estaba demasiado ocupada con los trámites fúnebres y la donación de la insulina, que finalmente pudieron recoger un día después de que falleciera Rosbelys. “Me siento feliz, por una parte, porque les alargué la vida (a quienes recibieron los donativos)”, expresó Beatriz.
Mientras ella repartía los medicamentos entre Caracas, Valencia, Maracay y El Tigre, el lunes 7 de agosto, una mujer, que aseguró ser familiar de Rosbelys, llamó a un programa de radio y contó lo sucedido. “Están pidiendo el carnet de la patria. ¿Cómo es posible que jueguen con la salud?”, dijo, quien se identificó como Iris María Dugarte.

Beatriz aseguró que en la familia de su esposo no hay nadie con ese nombre. Cree que pudo haber sido alguno de los miembros de la comunidad en la que viven, quienes, al enterarse de la tragedia, se solidarizaron con la familia, en especial con Francisco, el hijo de 7 años que dejó Rosbelys. Sin embargo, a quien haya hecho la llamada, no le reprocha: “Lo hizo de buena fe, a lo mejor, para que la gente se enterara. Seguro estaba asombrada, como quedé yo, de ver que nos pidieron en el carnet de la patria, o sea, que sí está pasando”. El fotógrafo Horacio Siciliano hizo un primer tuit con la denuncia de lo que había sucedido a las 9:25 am, del lunes 7 de agosto. Pasadas las 3:00 pm lanzó un segundo tuit, con el audio de la llamada que había hecho la señora a la estación de radio. Ambos acumularon casi 11 mil retuits. La información se regó como pólvora e indignó a muchos, quienes en unos 500 mensajes manifestaron su dolor por lo sucedido.
Al Pérez Carreño llegaron, también, los mensajes de 140 caracteres. Los galenos se defendieron. Argumentaban que era falso que no habían atendido a Rosbelys por no tener el carnet de la patria. “Como médico de aquí (del  hospital), me dolió mucho esa información (…) Con todo y que puede que se lo hayan pedido, cosa que me parece extraña escuchar, a nadie se le  impide el ingreso, ni recibir tratamiento”, dijo uno de ellos, quien insistió que no pudieron atenderla por falta de insulina.
Beatriz, por su parte, desmintió una parte del audio que circuló en redes sociales. En este, la supuesta familiar de Rosbelys dice que irían a la Fiscalía a poner una denuncia por lo sucedido. Sin embargo, Beatriz no le ve sentido a eso: “Imagínate tú, si con estas leyes no hacen nada, con pruebas en la mano, ahora, sin pruebas, ¿cómo hago yo? No van a hacer nada. Uno se queda de brazos atados, con el dolor del alma de perder un ser querido”.
Para este reportaje se intentó conversar con el doctor Daniels Domínguez, director del hospital Pérez Carreño. Las solicitudes telefónicas y por vía digital no fueron atendidas, por lo que se envió una carta pidiendo una cita y explicando los motivos de la solicitud. Al momento de publicar esta nota, la comunicación no había sido respondida.
Otros como Rosbelys
Rosbelys no ha sido la única paciente con un cuadro de cetoacidosis diabética que ha llegado al hospital Pérez Carreño. Como ella, en un día, pueden llegar hasta cuatro personas. No siempre había sido así. Los médicos de la institución aseguran que han notado un incremento en la cantidad de casos.  Dicen que comenzaron a verlos hace unos cuatro años, pero que, de dos años para acá, se ha convertido en un problema grave.
Explican que quienes caen en eso son los pacientes diabéticos que no encuentran el tratamiento, como Rosbelys. En medio del llanto, su madre recuerda todo lo que hacían para conseguir la insulina. Entre otras cosas, recurrieron a la red social Twitter. “Yo estoy sumamente dolida, primero con esta situación de Gobierno que tenemos. No solamente fue mi hija. Me da dolor que siga padeciendo la gente lo que estamos padeciendo. ¿Sabes lo que es que en 22 años primera vez que vivo esto y que, de paso, se me muera mi hija? No puede ser. Yo ya la perdí. Pero, ¿cómo se va a seguir muriendo gente, que son gente joven?”, cuestiona Beatriz. Sin embargo, recuerda que en otras oportunidades Rosbelys había estado en terapia intensiva, por su enfermedad, pero que al final siempre conseguía la insulina.
“Ahora, así uno tenga dinero, no se consigue lo que uno necesita (…) Lo viví en carne propia. Así hubiese sido roja, igualito me hubiese pasado, porque estaba en ese cuadro de que aquí en Venezuela no hay nada”, agrega la madre.
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Instrumento de discriminación
En febrero de este año, el diputado de la Unidad Democrática Eliezer Sirit denunció que el carnet de la patria constituía una “acción discriminatoria” del Gobierno, que violaba los derechos consagrados en la Constitución. “Es una simple réplica del carnet de racionamiento que se utilizó por muchos años en Cuba y que ahora este gobierno quiere aplicar aquí”, expresó.
La confusión en torno a los usos del carnet es generalizada. Se habló, en un principio, de operaciones bancarias e informáticas. En enero de este año, el propio Nicolás Maduro aseguró que permitiría determinar quiénes recibieron las bolsas o cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Más adelante, en mayo, agregó que, con el documento, las personas iban a poder adquirir estos alimentos sin necesidad de ir al banco. Dijo, también, que estaban haciendo pruebas para que servicios del Metro y Metrobus se pudieran pagar con el carnet. En junio agregó que las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela se entregarían con este documento.
Las comunidades, por supuesto, están a la expectativa. A través de una nota publicada el 16 de agosto de este año, por El Nacional, vecinos de La Candelaria, la carretera vieja de La Guaira, Sarría y Simón Rodríguez denunciaron que miembros de los consejos comunales les exigían sacarse el carnet “obligatoriamente” para tener acceso a la compra de las cajas y bolsas de alimentos. También, antes de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, les dijeron que lo necesitarían para comprar pan, además de para recibir las pensiones y ayudas de otras misiones del Gobierno.
Al menos en las comunidades de Las Minas de Baruta, Coche y Lídice las amenazas en cuanto a las bolsas de los CLAP no se han concretado. Pero están a la espera de cuándo comenzarán a implementar su uso. Y muchos, por temor a perder este y otros beneficios, se han sacado el carnet. Donde sí habrían pasado de la amenaza a la acción es en centros de salud, principalmente en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI). En el de Los Valles del Tuy, este mes, atendieron a un señor de unos 70 años con un problema de asma pero le dijeron que, para poder recibir la medicina, debía sacarse el carnet. Algo similar habría sucedido en Barquisimeto, donde a un hombre con una hernia le dijeron que, para poder operarlo, era necesario que tuviera el documento.
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En Caracas, una familia experimentó la discriminación política en un concurrido ministerio, a donde acudieron para intentar canalizar el caso de uno de sus integrantes, quien es paciente renal con tratamiento de diálisis peritoneal. Los atendió un médico de la institución, quien sirvió como puente para tramitar un posible trasplante renal, en Cuba. El doctor los remitió a una parlamentaria que, amablemente, los atendió.
“Nos preguntó si teníamos pasaporte, documentos en regla y todo eso. Pero hubo una pregunta que en este contexto político uno se espera. Nos preguntó si teníamos carnet de la patria; le dijimos que no. Pero también nos pidió, de una manera bastante amable, que le diéramos su firma para la Constituyente. Amablemente también le respondimos que no”, cuenta uno de los familiares de la paciente, quien consideró la petición del documento, en el marco de una solicitud de ayuda médica, un irrespeto.
“La salud no debe ser politizada (…) La Constitución no habla de ese documento por ningún lado, pero entiendo que es un instrumento para condicionar derechos a cambio de favores políticos”, agrega el denunciante, añadiendo que no volvieron insistieron en la ayuda médica. Afortunadamente, la recibieron por otra vía, poco después: “Dios fue generoso, dándonos la fuerza para evitar firmar un proyecto que costó la sangre de muchos venezolanos, y restituyéndonos el tratamiento que hacía falta”.
Lo mismo estaría sucediendo en algunos ambulatorios, entre ellos uno en Palo Negro, estado Aragua; y en jornadas de vacunación, en ciudades como Mérida. Ahora, tras conocerse la historia de Rosbelys, muchos temen que esta práctica se extienda a los hospitales, y que sus vidas dependan de si tienen o no el carnet de la patria.
El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, informó el 6 de septiembre que para acceder a las vacunas de forma gratuita se debe presentar el carnet de la patria. “Se han administrado más de 2 millones de vacunas a 1 millón de personas, esto por el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos de vacunación en todo el país, así que si usted o un familiar necesita una vacuna, de manera gratuita, con el carnet de la patria se le suministrará la vacuna”, dijo en Consejo de Ministros.]]>