Deportados por ser venezolanos

Dos meses y ocho días. Lourdes Mazzucco lleva la cuenta exacta del tiempo que pasó en Broward Transitional Center, una sede de resguardo migratorio en los Estados Unidos; pero de resguardo nada y de prisión mucho. Su historia es la del infortunio. Ya estaba en el país del norte y debió volver a Venezuela por la muerte de su padre. Salió el 15 de octubre de 2015 y regresó el 31 del mismo mes. Esos quince días sellaron su destino.
En el Aeropuerto de Miami, a Lourdes no solo le revisaron las maletas. También miraron con detalle su celular. Seis horas de interrogatorio en “el fulano cuartico”; frente a tres oficiales de inmigración latinos que repetían una y otra vez las mismas preguntas: ¿Por qué salió de EEUU? ¿Por qué volvió en tan pocos días? ¿Qué hacía en los EEUU? Revisaban los mensajes de su teléfono e interrogaban quién era tal o cual persona y por qué le decía lo que le decía. Por más que se explicase, la reacción a sus respuestas siempre era la misma. “Mentirosa”, le gritaban. Una última afirmación terminó de hundirla:
—¿Tiene usted miedo de regresar a Venezuela?
—Sí.
Continuó entonces la pesadilla. “Te van a llevar detenida, pero no te preocupes. Eso es como un hotel; lo máximo que pasarás allí será una semana mientras se completa tu proceso de asilo. No es nada grave”, le dijo el oficial. No devolvieron el teléfono, pero sí hicieron que se quitara todas sus prendas, la correa y los cordones de los zapatos. Eran las 6:00 pm de un sábado. La dejaron esperando, incomunicada, hasta las 11:00 am del domingo. Otro oficial llegó a buscarla. La sacaron del aeropuerto, por la pista, esposada y sentada en la parte de atrás de una patrulla; pero la licenciada en Contaduría de 25 años de edad todavía no se daba cuenta de lo que le esperaba. Al llegar a Broward pensó que el centro no tenía nada que envidiar a una prisión federal, por los altos muros y la cantidad de oficiales. Fue cuando comenzó a caer en cuenta del atasco en el que se encontraba. “Me preguntaron si me quería bañar; pero en vez de entregarme mi maleta, con mis cosas, me dieron una bolsa con todo lo que iba a necesitar. Había dos uniformes —bragas grises para las mujeres, anaranjadas para los hombres, que estaban separados en otro pabellón—; ropa interior, una cobija, cepillo de dientes, zapatos, champú. No me dejaron sacar ni mi desodorante”. No estaba en un hotel, aquello era una cárcel.
Comenzó a vivir con horarios. A las 5:30 am servían el desayuno. El almuerzo a las 11:30 am y la cena a las 4:00 pm. El receso a las 6:00 pm. Trabajaba por un dólar al día planchando cabello —tres veces por semana—, pero hasta para eso debía estar pendiente del itinerario del centro. “Después del almuerzo había que ir a la celda para el conteo. Había cinco al día y cuando ocurrían debíamos estar parados junto a nuestra cama”. El dormitorio lo compartía con otras cinco mujeres, de distintas nacionalidades. Eran tres literas, fijadas al piso, con un colchón de escaso grosor y sin almohada. Cada cuarto tenía un baño. El área debía asearse todos los días. A las 10:00 am, una oficial se encargaba de verificar que la limpieza se hubiese hecho. Así pasaron 15 días. “Me dijeron que me harían una entrevista de ‘miedo creíble’, como parte del proceso de asilo, me asignaron a un oficial deportador y me dijeron que mi primera audiencia en la corte sería el 19 de diciembre; y yo estaba detenida desde el 1° de noviembre. No lo podía creer”.

Antes de la primera corte, supo que podría salir si conseguía a un fiador, y lo hizo: un ciudadano estadounidense que se responsabilizara por completo de ella. Desde darle residencia y comida hasta trasladarla a la corte cuando hubiese alguna de las tres audiencias. “Me llegó la aprobación de la salida bajo palabra con el fiador, pero igual el oficial deportador me informó que debía pagar una fianza de 15.000 dólares”. Lourdes no tenía el dinero, y acudir a un “fiancista” implicaba que le pusieran un grillete en el tobillo, con un GPS para seguir cada uno de sus pasos; más el pago mensual por el alquiler del aparato.
“Me sentía encerrada y sabía que no tenía la capacidad psicológica para aguantar estar detenida por seis o siete meses más. Así que cuando tuve mi primera corte le pedí al juez que me deportara”. No fue tan sencillo. Después de que recibió la orden de deportación, Lourdes fue devuelta al centro. Aunque preguntó, nunca le informaron cuándo saldría su vuelo, hasta el 8 de enero de 2016. Ese día la despertaron a las 3:00 am, y la llevaron a vestirse, esta vez con su ropa: “Me sacaron esposada de manos y pies, hasta una patrulla que me llevó al aeropuerto. Entré por la pista y me llevaron a una oficina. Ahí me tuvieron hasta las 9:00 am y fue entonces que me dijeron que en una hora saldría mi vuelo a Venezuela; pero mi familia no sabía nada. Mi pasaporte y mi celular me lo devolvieron cuando llegué a Maiquetía”. Aún faltaba una cuota de humillación. Cuando estaba en la puerta del avión una oficial de migración intentó requisarla frente a todos los pasajeros que estaban abordando. Peleó para que no lo hicieran, pero lo único que consiguió fue que la bajaran a la pista y la revisaran ahí.
Después de un año, piensa que le pasó eso por falta de información. De haber sabido que la iban a detener, habría pedido su deportación el mismo día que llegó a los Estados Unidos. “Es injusto que te encarcelen por ser inmigrante. No cometí ningún delito. Es importante que la gente sepa que eso puede suceder”. Aunque la deportación no le genera ningún tipo de antecedente criminal, todavía padece las consecuencias de dos meses de detención. Teme a los aeropuertos. Intentó viajar de nuevo a República Dominicana y sufrió un ataque de ansiedad en la autopista Caracas-La Guaira que ni siquiera la dejó llegar a Maiquetía.

Con la lupa encima
Ese “sí” a la pregunta de si temía volver a su país dispara los protocolos internos del gobierno estadounidense. Por un lado, no la podían dejar entrar; por el otro, no la podían deportar inmediatamente porque debían asegurarse de que ese miedo estuviera fundamentado. Julio Henríquez, Director de Refugee Freedom Program, con sede en Boston, explica que desde el 11 de septiembre de 2001, en EEUU cambiaron muchas regulaciones para la admisión de personas, que incluyen chequeos muy extremos de quienes buscan ingresar a ese país. “Es un tema de seguridad y también una política pública, que se propone desincentivar a los que quieren entrar de manera ilegal. Lo que sucede con esos centros es que están adscritos al Immigration and Customs Enforcement (ICE) y al Departamento de Seguridad Nacional, por lo que pueden terminar en manos del mismo agente un venezolano buscando asilo, como algún sospechoso de narcotráfico, terrorismo o el miembro de alguna pandilla”.
Helene Villalonga, presidenta de la Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior (Amavex), se cuenta entre quienes más ha luchado por el (mal)trato que reciben los venezolanos que desean ser admitidos en EEUU. “La entrada de venezolanos desde 2014 aumentó exponencialmente. Se calcula que en 2015 más de 400.000 venezolanos ingresaron por los puertos de EEUU, y de esos un poco más de la mitad permanece en el país. Eso avivó las alertas de los departamentos de Migración y de Seguridad del Estado que se han puesto más minuciosos, aunque no lo dicen públicamente porque no pueden discriminar”. Amavex ha podido recopilar testimonios de interrogatorios en La Nevera —como llaman al “fulano cuartico”— de hasta 17 horas.
En 2016, Venezuela se convirtió en el primer país con más solicitudes de asilo a EEUU. Henríquez obtuvo las cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés): 18.155 solicitudes; quedando por delante de las peticiones de ciudadanos chinos (17.745) y de México (14.643). El abogado explica que aún no se observa una ola de deportados venezolanos, pero no descarta que eso ocurra en el futuro no muy lejano. “Todavía se están revisando las solicitudes de asilo de octubre de 2013, pero el grueso de las peticiones se dio después de febrero de 2014. Lamentablemente, en esas primeras aplicaciones hubo unas asesorías terribles de organizaciones que se aprovechaban de la desesperación de los venezolanos, diciéndoles que calificaban para el asilo, cuando no es así”. Para lograr una respuesta afirmativa a una petición de asilo político hay que probar el riesgo individualizado severo de la vida o la libertad, y el perseguidor debe tener una motivación política: “Para eso no es suficiente mostrar un papel que diga que se pertenece a Primero Justicia o Voluntad Popular”.

Si un venezolano ya ha pasado los controles migratorios de los puertos el riesgo a ser deportado disminuye, explica Villalonga. Afirma que han sido notificados que del 1° de mayo al 1° de junio habrá redadas masivas, pero que no deben afectar a los venezolanos a menos que ya tengan una orden de deportación emitida por un juez de inmigración.
A costillas de la desinformación se puede hacer negocio. Un hombre, que prefiere no identificarse también estuvo en Broward, para él, al igual que para Lourdes y para Villalonga, esos centros son un gran negocio, pues por cada día que un detenido pasa allí el estado norteamericano les paga 200 dólares; y si alguien sale con la fianza, por el alquiler del grillete hay que pagar mensual a los fiancistas hasta 400. “Estaba detenido con 980 personas y 49 eran venezolanos”. Su detención ocurrió desde el 20 de octubre de 2015 hasta su deportación el 8 de enero de 2016. Él y Lourdes también coinciden en la mala calidad de la comida que recibían y en el racismo con el que los trataban los oficiales encargados de su custodia: “Es la experiencia más traumática que yo he podido tener, que te detengan en un sitio que no es tu país por una simple sospecha”. Su intención al llegar a EEUU no era quedarse —aunque admite que tantearía el terreno para hacerlo en el futuro. Su condena fue una chaqueta de invierno que llevaba en el equipaje y que iba a prestarle a un amigo que sí estaba viviendo allá. En su caso ni siquiera le dijeron a donde lo llevarían. “Creía que sería algo temporal. Uno o dos días y luego pedir asilo, pero pasé tres meses comiendo basura. Lo máximo que dormí en una noche fueron cuatro horas”. Al final, pidió su deportación: “Le dije al juez que no concebía cómo una persona que estaba pidiendo asilo recibía el trato que ellos me estaban dando”.
Delcy Rodríguez, ministra para Relaciones Exteriores, se ha pronunciado sobre «las ofensas contra el gentilicio venezolano, producto de las campañas de desprestigio de la oposición violenta», debido a que Francia deportó a Adrián Solano, quien se dirigía a Suecia a entrenar para una competencia de esquí. Anunció además que Venezuela presentará protesta contra el Gobierno francés por discriminación a un deportista.
Sin perfil de turista
Estados Unidos no es el único país que presta más atención a los venezolanos en sus aeropuertos. A Alejandra —que también se niega a dar su nombre real— la deportaron de México junto a su hija de 13 años. No es la primera, el 11 de marzo de 2015, 28 venezolanos llegaron deportados de ese país después de pasar 48 horas en la sala de no admitidos, y ese es solo uno de los casos hecho público. La mira de los oficiales migratorios se posó en ella porque desde 2015 tenía tres entradas a México, donde vivía su hermano, que además tenía una posición económica acomodada.
La primera entrada ocurrió en agosto de 2015. Su hermano le pago un mes de vacaciones a toda la familia allá. La segunda fue en circunstancias más tristes, en abril de 2016, la avioneta en la que viajaba el hermano se estrelló y el hombre falleció. En este caso fue la transnacional que lo empleaba la que sufragó todos los gastos para que los familiares pudiesen asistir al funeral. Esa visita solo duró doce días, Alejandra y su hija regresaron a Venezuela. Sin embargo, había asuntos legales que resolver así que su padre de 83 años y su mamá de 71, se quedaron. En el ínterin al señor hubo que operarlo y la situación de Venezuela se agravó. La salud de los padres y la insistencia de la cuñada hizo que regresaran a México en agosto de 2016, esta vez sí con intención de quedarse pero hacerlo de forma legal. “Estábamos aprovechando la oportunidad que nos dejó mi hermano. Teníamos una casa amoblada, y yo no tenía ni siquiera necesidad de trabajar, así que no le estaba quitando el empleo a ningún mexicano. Soy odontóloga y sé que la reválida en la salud es complicada. El plan era regularizar mi situación y montar un negocio”. Se iban a agotar los seis meses de estadía permitidos, así que el 1° de febrero de 2017, Alejandra y su hija viajaron a Guatemala y tuvieron una semana de vacaciones. El drama comenzó al volver. El 8 de febrero el oficial de migración le dijo: “Señora, usted tiene muchos sellos”. Respondió con las explicaciones de rigor, pero no evitó que las llevaran al “cuartico blanco”, donde lo único que había era una sillita y agua. “Entramos a las 2:00 pm y salimos a las 9:00 pm, solo tomando agua. Los oficiales que estaban ahí nos escoltaban hasta el baño”, recuerda. Les retuvieron teléfonos y pasaportes y al final de todo hicieron que Alejandra firmara un papel que decía que no volvería a México hasta que no tuviera “perfil de turista”. Les exigían una reserva de hotel, aunque habían dado la dirección y el teléfono de la casa donde se estaban alojando. “Delito migratorio no tengo. Simplemente a ellos les pareció que yo tenía muchas entradas a México”.

El drama no terminó con la no admisión. A las 9:30 pm las subieron a un avión con destino a Guatemala, no a Venezuela, pues de ahí venían. Llegaron a ese país de madrugada y todavía sin poder comunicarse con nadie. 200 dólares y una tarjeta de crédito prestada era lo único con lo que contaban. Ni siquiera con maletas. Esas no llegaron sino hasta dos días después. “Mi hija estaba hinchada de tanto llorar. En el avión yo me quebré y lloré también. Ni siquiera entonces nos devolvían nuestros documentos. Se lo dieron a la azafata para que lo guardara en la caja de seguridad del avión, menos mal que ella se compadeció y habló con el oficial de migración de Guatemala para que nos dejaran salir del aeropuerto sin darnos más problemas”.
La cuñada de Alejandra quería contratar un abogado y apelar. La odontóloga ya había tenido suficiente así que se negó: “Me deportaron con lo que tenía puesto, me hicieron pasar vergüenza. Yo a ese país no entró más. A mi papá del susto le dio una crisis hipertensiva. Ahora hasta ellos quieren regresar”. Llegó el 11 de febrero a Venezuela. Ahora está en Río Caribe, el pueblo de Sucre en el que se crió y se dice contenta de estar en su hogar. Sin embargo, sabe que lo que le ocurrió obedeció a su nacionalidad: “Había gente de otras partes que pasaba solo con un morralito y no le decían nada. Eso además coincidió con el reportaje de CNN sobre las estafas con los pasaportes venezolanos, así que había más atención sobre nosotros. Lo que vivió mi hija fue espantoso”.
Sin efectivo y sin estadía
También del otro lado del océano se vive la tragedia asociada a las decisiones de quienes gobiernan Venezuela. María pasó cinco días en la sala de no admitidos en el Aeropuerto de Barajas, en España. Por ley, el máximo de tiempo que se puede permanecer en ese lugar son 72 horas. Cuando se cumplió ese lapso, el avión de Conviasa que la devolvería a Venezuela no pudo despegar. Entre corrillos se decía que era porque el espacio aéreo venezolano estaba cerrado, debido a que el presidente Nicolás Maduro estaba viajando a Cuba al funeral de Fidel Castro. Era el 29 de noviembre de 2016.
Su trago amargo empezó dos días antes, el 27. Lo que debía ser vacaciones con amigos terminó siendo una de las experiencias más desagradables de su vida. Cinco requisitos debía cumplir para entrar a España: pasaporte válido, pasaje de ida y vuelta, reserva de hotel o carta de invitación, seguro de viaje o seguro médico y acreditación de recursos económicos. Le exigían que los 45 días que iba a permanecer en ese país la estadía estuviese completamente paga y tener 65,5 euros diarios —2.948 euros en total— para gastos; pero ni el alojamiento estaba pago, ni el efectivo era suficiente.

Un interrogatorio feroz atizó su situación. “Te voy a hacer tres preguntas. Si sospecho que me están mintiendo no entras y de entrada te digo que no te creo”, le lanzó el oficial de inmigración. No le creían que una mujer viajase sola por 45 días, y menos que fuese a pasar navidades y año nuevo lejos de sus hijos. “Me preguntó si conocía a alguien en Madrid y le dije que no. A lo que respondió ‘si yo sé que alguien allá afuera te está esperando, te voy a buscar hasta debajo de la tierra y te voy a encontrar’”. La enviaron entonces ante un juez de frontera, que también le negó la entrada a España. María continuaba justificándose. No viajó con Cadivi pues tiene una cuenta en dólares, mostró su tarjeta y chequera, pero al no tener un estado de cuenta que la avalara no le sirvió de mucho. Dijo que toda su estadía no estaba paga porque también iría a Barcelona, Toledo, Sevilla y no quería amarrase a ningún hotel, eso tampoco ayudó a su causa. “Si el juez dice que te vas, te vas. Ahí no se mete nadie. Por eso me negué a apelar la decisión, pero eso me dejó desprotegida porque se cerró mi caso y la abogada de oficio que me asignaron ya no podía atenderme”.
Una vez en la Sala de Inadmitidos es que pudo llamar a su familia desde un teléfono público y avisó de lo que le había pasado. “Me hicieron sentir como una delincuente a la que quieren sacarle una verdad que no hay. Me maltrataron psicológicamente”. Tuvo suerte de que le entregaran su maleta, porque en la sala hay hasta ropa para los que se quedan. Cuando se suspendió el vuelo que la traería a Venezuela, le recomendaron hablar con su embajada, pero tampoco fue de ayuda: “Sin mentira, gasté 80 euros en esas llamadas. Marcando las opciones que me indicaba la máquina para que al final me dijera que no podían comunicarme y que volviera a intentar”. Entre sus compañeros en la sala algunos optaron por pedir asilo, pero para ella no era opción: “Es un país en el que no conozco a nadie. Dejas todo, botas toda tu vida a la basura, y además no tengo pruebas”. Al quinto día, seis venezolanos inadmitidos fueron regresados a Venezuela en el siguiente vuelo de Conviasa. Tres del grupo de María y tres de otro vuelo. La humillación aumentó, cuando la discreción de las aeromozas se perdió y comenzaron a gritar “Dónde están los inadmitidos”, al aterrizar en Maiquetía. En Venezuela, su proceso migratorio se completó en una oficina aparte, donde le devolvieron su pasaporte. Lo habían sellado en España, con unas marcas de alerta. Pero para María el asunto se convirtió en un reto personal. Un mes después volvió a viajar, pero no lo hizo por Conviasa, se aseguró de tener una carta de invitación, de llevar impreso el estado de su cuenta en divisas y de entrar por Valencia. Lo logró, aunque no se olvida del miedo que sentía cada vez que veía a un policía español, pensando que la deportarían.]]>