Discapacidades: en la sordera gubernamental

Erick Mijares nunca pensó que hace 15 años correría por última vez. Esa noche corrió por su dinero, su familia y su vida en aquella pasarela de Catia. No permitiría que un antisocial le arrebatara lo poco que ganaba como guacalero en el Mercado de Coche. Sin embargo, fue víctima del hampa criolla. En esa carrera, la bala alcanzó su costado antes de que pudiese resguardarse. Un tiro que rozó su médula ósea bastó para que sus piernas no acatasen más órdenes a cabalidad. En un traspié cayó en una alcantarilla rota, mientras cruzaba la calle un día cualquiera. Salió de ella con fractura en la cabeza del fémur, más otra en la pelvis. Ahora, mira las alcantarillas con recelo desde una silla de ruedas, luego de perder ambas extremidades inferiores. Lleva dos años “dándose coñazos” en la Avenida principal de Santa Eduvigis, municipio Sucre. En lugar de guacales, recoge limosnas.

Mijares se convirtió en parte de las estadísticas: en 2011, 6,4% de la población tenía algún tipo de carencia física o mental, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). “¡Es impresionante! Nosotros no habíamos visto este problema”, confesó el fallecido ex presidente de la República Hugo Chávez el 31 de octubre de 2008 entre reproches y elocuencias profesados en el Teatro Teresa Carreño. Desde su punto de vista, las personas con discapacidades nunca se tomaron en cuenta hasta la llegada de la “revolución bolivariana”. Ese día, los calificó de “invisibles” en cadena nacional. Mijares lo es en la “quinta república”, sin un trabajo estable, ni ayuda gubernamental, a pesar de que el gobierno nacional lleva más de una década, al menos verbalmente, ocupado en atender el asunto. La vitrina más obvia fueron las ventanitas que le sumaron a los canales de televisión nacionales un intérprete de señas traducía en tiempo real las transmisiones. Pero de eso poco queda.

En Venezuela existen unas dos millones 600 mil personas con limitaciones físicas, pero con capacidad de trabajo, explica el presidente del Observatorio Venezolano de Discapacidad (OVD), Luis Torres. “Antes era docente en varios colegios. Luego del accidente, no me daban trabajo en ningún sitio por mi condición. Lo bueno del derecho es su libre ejercicio. Entonces, me hice abogado luego de lo sucedido”, explica Manuel Rodríguez, quien ahora hace asesoramiento legal a personas y compañías. Un arrollamiento hace más de 20 años lo dejó en silla de ruedas, aunque insiste en que “esos tiempos son aguas pasadas”, ya que logró insertarse en el mundo laboral. “Antes éramos el país bandera de Latinoamérica en políticas para estas personas. Ya Colombia está encima de nosotros. Ahora, ni el INE, ni el Conapdis tienen cifras actualizadas”, dice el presidente del OVD. Además, asegura que representan un quinto de los venezolanos aproximadamente: entre cuatro millones y medio y seis millones de personas.

Una meningitis a los cinco años le quitó a Víctor Baute cualquier chance de escuchar el tic toc de su reloj, conciertos de piano o villancicos navideños. Sin embargo, puede comunicarse con cualquier oyente, pues sus cuerdas vocales están intactas. Lento pero seguro se entiende auditivamente, mientras lee los labios de su interlocutor. La gestualidad se convirtió en su principal canal informativo. Sin escuchar ninguna clase magistral, el ahora secretario general de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) es licenciado en Cultura sobre el Lenguaje de Señas, en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, con cátedras que tomó a distancia. Por su preparación y experiencia profesional, no tuvo inconvenientes al trabajar, aunque admite que para dicha comunidad “no hay oferta, ni adaptación del ambiente. No hay acceso adecuado a la educación profesional y crea un problema social como el que estás viendo ahorita. No hay profesionales preparados. La falta de cooperación institucional es un problema”, asevera entre cornetas y frenazos que no lo perturban.

La Ley para las Personas con Discapacidad (LPD) – promulgada en Gaceta Oficial el 5 de enero de 2007 – se divulgó como la esperanza de la normativa pasada y producto del esfuerzo colectivo, indica Baute. La norma especifica en su artículo 28 que “los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, así como las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un cinco por ciento (5%) de personas con discapacidad permanente en su nómina total, sean ellos ejecutivos, empleados, empleadas, obreros u obreras”.

“¿Con qué investigación el Gobierno dice que 5% es suficiente, si no se tienen datos claros? Nadie puede saberlo a ciencia cierta. El primero que debería garantizar el empleo es el Estado y no cumple sus propias leyes”, afirma el presidente del OVD. Los organismos gubernamentales encargados de su educación, preparación y capacitación son el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) y los ministerios pertinentes, indica Torres, aunque bajo su lupa se volvieron “un arroz con mango”.

“Nosotros somos un ente ejecutor de políticas para las personas con discapacidades”, dice Luis García Valor, sordo desde los dos años  y miembro fundador del Conapdis. “Esta prótesis que ves acá me la regaló el comandante Hugo Rafael Chávez Frías”, dice orgulloso el ahora coordinador nacional comunitario de la entidad. Desde inicios de milenio lleva en su oreja derecha el aparato que le permite desenvolverse con mayor soltura fuera de su comunidad. Aunque fue una dádiva del entonces presidente de la institución, Lenin Molina, la interpreta como si fuese del fallecido ex mandatario. “Nosotros hacemos talleres de sensibilización en los que se evalúan la empresa y el perfil de la persona que quiere ingresar a aquella compañía. A los casos más urgentes se les da un empleo que puedan manejar, como ascensoristas, por ejemplo”, asegura. Erick Mijares no tuvo esa suerte. Aún entre los bólidos que toman la avenida Rómulo Gallegos, se mofa del organismo mientras espera a que el semáforo cambie de color: “Yo una vez fui para allá, hice mi currículum y lo entregué a un montón de empresas. Estaban Televén, Farmatodo, McDonalds y otras que no me acuerdo. Te apuesto que ni guardaron mi número de teléfono”, dice. De ir todos los días de la semana, alcanzaría los 7.421,67 bolívares de salario mínimo. Pero en sus idas y venidas entre los carros, extendiendo la mano frente a las ventanas de los vehículos, Erick puede reunir mil bolívares diarios, en promedio.

Víctor Hugo Andrade ha escuchado del Conapdis, aunque prefiere no involucrarse con el Gobierno: “Si aprovechas lo que te dan, después dicen ‘ya te tengo, borreguito’ y esperan que votes por ellos. Prefiero quedarme acá”, dice. Hace falta conversar con él durante un tiempo no tan corto para descubrir su retardo leve. Trabaja en Expanzoo desde 2002 y tiene prácticamente la mitad de su vida limpiando el parque y atendiendo animales. “En otros lugares me dirían inútil porque no sé hacer las cosas que quieren. Acá ayudo como puedo. Tuve que aprender, como todos, y ahora enseño a mis compañeros”, explica mientras limpia una de las jaulas de guacamayas. El zoológico de contacto hace su día a día más llevadero, si no se aburriría, confiesa. Como una pieza de rompecabezas, Andrade encaja mejor allí que en el mundo laboral actual.

Aunque la LPD engloba la condición de Andrade, no se ve representado en ella. “Yo fui afortunado porque mamá me consiguió este trabajo. Antes trabajaba en un taller empastando libros. Tengo suerte de estar acá porque, si no, no sé qué estaría haciendo”. Sin embargo, Baute no concibe que la normativa se quede en papel: “La ley tiene muy buenos términos, pero no se conoce su ejecución. No se hace memoria y cuenta”, comenta el secretario general de la Confederación de Sordos de Venezuela. Entre vocablos y señas, se queja de la falta de voluntad política y sensibilización gubernamental y social que percibe. “Es el Gobierno quien tiene la palanca”, asienta.

Aprovechando estudios nacionales e internacionales que se realizan en el OVD, su presidente alega que el sistema vigente va en contra de las discapacidades y  omite sus problemáticas: “Hemos enviado más de cien cartas a distintos organismos y ninguna nos han respondido. Ni el Conapdis, ni el presidente, ni su despacho. Se desentienden cuando están en la obligación de atendernos y escuchar propuestas que los beneficien”, indica Torres.

A diferencia de la normativa anterior, la LPD tiene carácter sancionatorio y ámbito laboral incluido, explica el abogado Rodríguez. Incumplir la cuota de empleo se castigará con multas de cien a mil unidades tributarias (UT) –hasta 15 millones de bolívares-, mientras las empresas deberán pagar entre 30 y 60 UT por incumplir con el registro del personal –hasta 9 mil bolívares-. Esta facultad diferenciadora queda entre líneas en la práctica. “Aún le estamos dando chance a las empresas para adaptarse. No hemos sancionado a ninguna todavía. Comenzaremos ese proceso como dentro de dos o tres años”, dice el coordinador nacional comunitario del Conapdis a casi un lustro de la promulgación del texto en Gaceta Oficial. “Lo que hace falta es su aplicación. El Estado es el que tiene que obligar a las instituciones públicas y privadas a aplicar la ley. Si no se lo exigen, no lo hacen”, comenta Rodríguez, quien recomienda una coalición entre instituciones gubernamentales, Ministerio Público, Contraloría General, municipios y universidades.

Mientras tanto, Mijares no espera a que eso suceda. No le importan leyes u organismos, solo quiere subsistir en la economía venezolana: “Estoy ahorrando para emprender un negocito de comida rápida por donde yo vivo, en La Guaira. Por más que sea, uno tiene que seguir y dar gracias a Dios por la vida”, apunta, mientras recibe un billete de Bs. 50 y lo guarda en su bolso. Desde su silla y sobre el asfalto, comenzó su lunes con buen pie.