La raya de los venezolanos que se refugian en Cúcuta

“No hay misa hasta que se solucione el problema con los venezolanos”. Las palabras del párroco de Sevilla, el barrio más antiguo de la parroquia La Candelaria de Cúcuta, fueron el detonante para activar protestas y denuncias de cucuteños ante autoridades y medios de comunicación en contra de más de 700 venezolanos que se tomaron los espacios de un complejo deportivo en la ciudad fronteriza con el estado Táchira, al que bautizaron como “Hotel Caracas”.

La iniciativa de albergue empezó como una obra humanitaria ofrecida de manera temporal por el alcalde de Cúcuta, César Rojas, para atender las oleadas de migrantes que huyen de la crisis del socialismo del siglo XXI y que alcanzaron en diciembre de 2015 unas 550.000 personas, según reporte de Migración Colombia. Pero cuando el ritmo de cruce diario de la frontera alcanzó las 35 mil personas, según estimaciones extraoficiales, el asunto se convirtió en una pesadilla para los habitantes de la zona.

Hace aproximadamente un año, cuando inició el éxodo masivo de connacionales a través del puente Simón Bolívar hacía diferentes destinos de Latinoamérica, algunos solo lograron llegar a Cúcuta. Sin dinero, sin proyectos, ni trabajo, empezaron a pernoctar en las calles. Los céntricos parques de la localidad eran los lugares preferidos.

Las plazas La Merced, Santander y La Modelo, entre otras, se convirtieron en refugio habitual de los recién llegados. Pero la aglomeración de personas en el centro de la localidad condujo a la autoridad de Cúcuta a ordenar su desalojo y traslado a una de las canchas del complejo deportivo de Sevilla. “Era la temporada de lluvias y el alcalde mandó a sus representantes para que hablaran con los dirigentes comunales del sector. Nos expusieron la situación y aceptamos que los trajeran en vista de la situación y pensando que uno tiene familia en Venezuela, ha comido de ese país y hasta tenemos cedula venezolana”, explica Freddy Rodríguez, dirigente vecinal de Sevilla, sector ubicado al oeste de la capital norte santandereana.

Al principio no eran más de 100 personas. El grupo lo integraban en su mayoría mujeres embarazadas, niños y personas adultas que fueron acogidos no solo por la comunidad, sino también por transeúntes que a diarios les proveían de desayunos, almuerzos, cenas y otras ayudas, como productos de cuidado personal, ropa y zapatos, en algunos casos.

“Cuando llegaron, me acuerdo que ese día estaba lloviendo, les ayudé bastante a instalarse aquí. De ellos sí no se puede decir nada, todo empezó después”, admite Rodríguez. El hombre especifica cuál es el problema que mencionó el párroco: “se metieron con lo más sagrado, la casa de Dios. Aquí somos católicos y la misa dominical fue suspendida porque en los alrededores de la iglesia dormían, los usaban de sanitarios y los olores nauseabundos ya no se soportaban. Esa fue la gota que derramó el vaso para activarnos y lograr a través de las autoridades sacarlos”.

¿Cuándo cambió todo?

La respuesta está clara: cuando colapsó el lugar, cuando la presencia se hizo masiva, cuando la acumulación de cuerpos abarrotó el espacio. Además, cuando se aprovechó la generosidad cucuteña y, de tomar la mano se optó por asir todo el brazo. “Llego una banda de locos integrada por gente de Caracas, Maracay y Barquisimeto, agarraron el mando de todo y empezaron a robar, extorsionar, consumían drogas, las niñas se prostituían, hacían sus necesidades a la vista de todo el que por aquí pasaba”, el resumen de Freddy Rodríguez espeluca.

A su testimonio se suma el de Raymond Vargas, director del Instituto de Recreación y Deporte de la Alcaldía de Cúcuta, y residente de zonas aledañas al “Hotel Caracas”. Afirma no tener palabras para describir lo que califica con un solo sustantivo: horror.

El complejo deportivo de Sevilla perdió todo valor urbanístico y para la recreación. La grama que bordea las caminerías se convirtieron en sanitarios, los aparatos de hacer ejercicio en tendederos de ropa, las canchas en dormitorios. Lo que comenzó como una cesión de una de las canchas, se extendió hasta transfigurarse en una toma de las seis instalaciones, que pasaron a exhibir colchones e improvisados fogones de leña.

Por si fuera poco, su uso fue privatizado. Su ubicación cercana al puente internacional hizo que algunos vivos vieran una oportunidad de negocio. “A los venezolanos los esperaban en el puente, los traían al ‘Hotel Caracas’ y por un lugarcito en el piso, sin colchoneta pero bajo techo, cobraban 2.500 pesos por noche”, comentó un vecino de la zona. Otros aprovechaban la corta distancia entre las canchas y la central de transporte terrestre de Cúcuta, lugar de llegada de venezolanos y, también, paso obligado de quienes planeaban subir a un autobús hacia otros destinos.

Por eso el complejo fue bautizado como un hotel: nada es gratis. Según cifras extraoficiales, al lugar llegaron a alojarse de manera muy precaria al menos 800 emigrantes, incluyendo a quienes aprovechaban la parada tan solo por días o algunas pocas semanas para esperar procurarse más dinero, o recibirlo de familiares, y proseguir el periplo. Y había de todo, trabajadores, profesionales, estudiantes, madres de familia, niños. Venezolanos tan diversos como su manera de afrontar una realidad común: el deseo de escapar de la crisis.

“Somos seres humanos en estado de necesidad, somos gente buena –aunque también hay gente mala–, en busca de no morir de hambre. Ni siquiera buscamos comida, necesitamos trabajos, los que sean, y respeto”, decía Gladys Sue, una trujillana, a La Opinión en diciembre de 2017. Pero otros no daban cuenta de buenas intenciones.

Hubo quienes asumieron el cobro no solo para los espacios internos del lugar usado como residencias, sino para acceder a las áreas que se mantuvieron para el deporte y hasta los alrededores. Por 10.000 pesos colombianos (unos 350.000 bolívares al cambio en efectivo) se “compraban” tres horas en alguna de las canchas. Y tan solo atravesar el sitio, para recortar camino peatonal, por ejemplo, solo era posible cancelando un peaje de 1.000 pesos por persona.

“Vivo a escasas tres cuadras del lugar y a diario pasaba y observaba la decadencia. Eran cinco personas las que mandaban, cobraban y dirigían. Era algo como lo que en Venezuela se conoce como pranes”, compara Raymond Vargas.

Osmary Ibarra es una venezolana, oriunda de Puerto Cabello, que desde hace seis meses trabaja en un puesto ambulante de chucherías en las afueras del terminal de pasajeros de Cúcuta. Fue testigo de lo que ocurría en el “Hotel Caracas” y ahora afirma que los mandamases del sitio “pasaban todo el día ahí sentados o deambulando a ver a quien fregaban. Estaban cobrando vacuna para que la gente pudiera jugar en las instalaciones”.

Barrio Caracas

Si hay pranes, hay delito. El complejo deportivo Sevilla mutó a centro de operaciones para actividades delictivas y otras que contravenían ordenanzas municipales y “buenas costumbres” de la comunidad. En la zona se comenzaron a registrar atracos “a toda hora”, robos del alumbrado de las canchas y de las afueras de hogares aledaños, sustracción de cables y demás instalaciones eléctricas, desvalijamiento de los sanitarios comunes con sus tuberías y griferías, y “hasta lograron ingresar a algunas casas vecinas a sustraer bienes”, denuncian vecinos del lugar. Además, caminar por allí era exponerse a perder celulares, carteras o dinero en efectivo.

Vargas también relata que la marihuana comenzó a circular entre quienes hacían vida en el “Hotel Caracas”. En las madrugadas el olor se concentraba, mezclado con el de los restos fecales y orines que desbordaron las instalaciones.

También lo más básico se abrió camino. Algunos, según atestiguan los vecinos, dejaron de priorizar la privacidad, inexistente en el sitio, y hacían el amor al descampado. Otros aprovechaban el deseo carnal, como el chofer de una buseta que, relató La Opinión en 2017, “descubrió cómo ganar unos pesos extras alquilando por ratos en la noche la banca trasera. Por 2.000 pesos, que casi siempre le pagan en monedas, las parejas se encierran allí para olvidar el trajín y el cansancio del día”.

Y algunos más consiguieron en el oficio más antiguo del mundo un modo de hacer dinero. Por eso, al caer el sol, se veían a mujeres jóvenes, incluso adolescentes, portando insinuante vestuario y ofreciendo “servicios” a cambio de pesos. “Uno pasaba por aquí y las niñas se paseaban de un lado a otro casi desnudas. Les decían a los hombres ‘venga, papi, se lo hago por 10.000 pesos o se lo chupo por 5.000’. Esto lo hacían algunas para comprarle la droga a los malandros que vivían con ellas. Uno se daba cuenta de todo”, relata Freddy Rodríguez. Raymond Vargas confirma que las drogas corrían de mano en mano en el “Hotel Caracas”.

Y si faltaba una cereza para completar el pastel, “en los últimos días trajeron hasta armamento de Venezuela. Llegaban armados de revólveres, cuchillos y hasta machetes. Esto se parecía a lo que se ve en las cárceles venezolanas. En dos ocasiones vimos heridos, uno apuñalado y el otro de un tiro en una pierna”, suma Rodríguez. El funcionario de la alcaldía, Raymond Vargas, lo confirma. “Hubo un apuñalado mientras dormía, y otro salió tiroteado”.

Hartazgo y desalojo

La comunidad cucuteña no se quedó de brazos cruzados. A la violencia se le respondió con violencia. Pueblo contra pueblo. La noche del 22 de enero de 2018, un grupo de jóvenes lanzó bombas incendiarias en contra de los venezolanos que pernoctaban en la cancha de baloncesto. Ocurrió la misma noche en que 80 muchachos quisieron entrar a la cancha y enfrentarse con los venezolanos pero fueron repelidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Al día siguiente, las autoridades capturaron a tres residentes del barrio Sevilla, señalados como presuntos responsables del ataque que no dejó heridos ni víctimas mortales. “Esto debe ser una convivencia entre comunidades. Somos dos países hermanos y no podemos dar este espectáculo a nivel internacional de agredir a los venezolanos”, escribió entonces en Twitter el alcalde de Cúcuta, César Rojas.

Fue el colofón de una protesta que ocurrió durante el día por parte de la comunidad para reclamar el desalojo del lugar. Hubo bloqueo de calles, pancartas, gritos y ofensas. El alcalde dio un plazo para el desalojo: 24 de enero.

Llegado el día, una comisión integrada por diferentes instituciones de Colombia desalojó a los inmigrantes venezolanos mientras funcionarios de migración afirmaban que no deportarían a nadie que no tuviera antecedentes y, al contrario, brindarían asesoría para estar legalmente en el país. Otros serían trasladados a Ipiales, ciudad fronteriza con Ecuador.

“El día que se llevaron a esta gente (los malvivientes), los demás venezolanos aplaudieron porque sabían que sus mismos compatriotas les estaban haciendo un gran daño”, afirma Raymond Vargas. “Aquí hay venezolanos que viven alquilados y salen en la mañana a trabajar bañados, bien vestidos, oliendo a jabón. Muy diferente a sus paisanos que se encontraban en la cancha y que tristemente siempre estaban sucios, oliendo a mal, tirados en el piso, sin ningún tipo de motivación en la vida”.

Otros vecinos de Sevilla consideran que no hicieron nada malo al expulsar a más de 800 venezolanos. “Si continuamos permitiendo la situación estamos acabando con los valores de una sociedad. Lo que se hizo no es nada en contra del hermano venezolano sino en contra de actitudes negativas que no se pueden permitir”, desliza un residente local.

Incluso la venezolana Ibarra se mostró de acuerdo. “En Venezuela las leyes no existen. Aquí en Colombia las leyes sí se cumplen, y si no tienes una sanción. Aquí hay normas y no se puede pasar por encima de ellas, se deben acatar”. En la comunidad también se escuchan otras voces que aseguran que “se evitó una tragedia”, pues ratifican que grupos armados habían ya notificado a los venezolanos que pernoctaban en las canchas que, de no marcharse, no responderían por sus vidas.

Y llegó la calma

Un mes después del desalojo, los espacios del complejo deportivo Sevilla fueron recuperados parcialmente. Además, los encargados de recoger la basura regresaron, así como la línea de taxi cercana a las canchas reactivó sus operaciones. El dispositivo de atención inmediata de ambulancias también fue recuperado en la zona. Ahora, 200 personas practican deporte diariamente en el lugar, calculan en la comunidad, y la iglesia volvió a celebrar la eucaristía.

Eso sí, en la localidad el gentilicio venezolano quedó maltratado.