El mazo de la Asamblea Nacional: prohibir las ONG

La mayoría chavista de la Asamblea Nacional (AN) discute un anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional que, de sancionarse en plenaria, pondría contra la pared a las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales y extranjeras presentes en el país. El instrumento que está revisando la Comisión de Política Exterior, encabezada por el diputado Yul Jabour —PCV-Cojedes—, incorpora una serie de “prohibiciones, infracciones y sanciones” que aumentan el carácter punitivo de esta iniciativa.

El texto que impulsa el oficialismo impone nuevas condiciones para que las ONG internacionales puedan desarrollar sus labores en Venezuela, al tiempo que refuerza el poder discrecional del Ejecutivo nacional, que tendrá en sus manos la posibilidad de admitir, evaluar y castigar a los representantes de la sociedad civil.

A la cárcel

El anteproyecto tiene 31 artículos. El número 20 se refiere única y exclusivamente a las “prohibiciones”, aspecto que no estaba contemplado en las propuestas anteriores. Allí señalan que estas agrupaciones sociales no podrán “realizar actividades incompatibles ni distintas a las que hayan declarado ante el órgano para la cooperación internacional”, que será creado por el Presidente de la República.

Las ONG tendrán vetado “realizar y financiar, directa o indirectamente, actividades que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado venezolano o que afecten la paz pública”, y su personal extranjero “no podrá realizar actividades de política partidista” ni “actos de injerencia política o proselitista”. En el documento agregan que las “prohibiciones” se ampliarán en “el reglamento de esta ley”.

El capítulo IV del texto está dedicado a las infracciones y sanciones. Hasta diez faltas se tipifican en esta propuesta. Entre ellas figuran “no inscribirse o no renovar inscripción en el Sistema Integrado de Registro”, “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida”, “hacer uso indebido de los recursos y donaciones o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron proporcionados”, y “realizar actividades que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública”.

Quienes transgredan la norma, no solo se exponen a recibir una multa de entre cinco mil y diez mil unidades tributarias —actualmente, entre 750 mil y 1,5 millones de bolívares— y ser suspendidos temporalmente del Sistema Integrado de Registro de ONG, sino que podrán ser llevados ante los tribunales penales. “El órgano para la cooperación internacional, cuando tenga conocimiento de que la ONG tanto nacional como extranjera realiza actividades que puedan revestir carácter penal, debe remitir las actuaciones al Ministerio Público para que inicie la investigación penal correspondiente a los directivos y personas involucradas a los efectos de establecer las responsabilidades a que haya lugar”, plasman en el anteproyecto.

Las asociaciones ciudadanas del mundo deberán entrar por el vernáculo aro rojo. “Además de lo que establezca el órgano para la cooperación internacional, las ONG extranjeras deberán solicitar por escrito su inscripción en el Sistema Integrado de Registro, con indicación expresa de sus fines y las actividades que desean realizar en el país, a los fines de que el órgano para la cooperación internacional autorice su funcionamiento”, indica el artículo 26 del borrador parlamentario. Esta iniciativa concede al Ejecutivo nacional la potestad de “revocar la autorización para que pueda operar” en el país aquella agrupación foránea que, a su juicio, no cumpla con las disposiciones contenidas en la norma y su reglamento.

En el aire

La directora del Comité de Familiares de las Víctimas del “Caracazo” (Cofavic), Liliana Ortega, advierte que la redacción de los artículos sobre las prohibiciones e infracciones está llena de imprecisiones que abren el camino para la arbitrariedad. “Cualquier hecho podría entrar en ese supuesto, cosa que dependería siempre de la interpretación del órgano que impone la sanción”, alerta la abogada.

Ortega cuestiona el filtro que se impone a través del Sistema Integrado de Registro, pues solo las ONG que tengan la bendición del Miraflores podrán desarrollar su trabajo en el país. “Existe una intención del legislador de afectar de manera determinante mediante la sanción, no tan solo a la ONG sino a la directiva que la conforma, amenazando con la investigación penal y su responsabilidad”, apunta la defensora de Derechos Humanos.

“Otro aspecto de suma gravedad es el uso de conceptos de ‘seguridad de la nación o seguridad interna’. Esos conceptos son tan amplios y ambiguos que cualquier documentación de un caso o participar en alguna sesión de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de DDHH podría interpretarse como un asunto que atenta contra la seguridad interna o la paz de la República”, subraya la portavoz de Cofavic.
Las limitaciones a los grupos internacionales preocupan a Ortega. “Se puede detallar en este anteproyecto la intención de establecer nuevos obstáculos para las ONG extranjeras, inclusive, distinguiéndolas de las nacionales y obligándolas a registrarse internamente para su trabajo. En pocas palabras, se estableció que el órgano del Ejecutivo nacional podrá tener facultades muy amplias para dar autorización a quien considere”.

Deuda pendiente

“¿Cómo es que vamos nosotros a permitir que partidos políticos, ONG, personalidades de la contrarrevolución, sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del imperio yanqui y anden por ahí haciendo uso de la plena libertad para abusar y violar nuestra Constitución y tratar de desestabilizar al país. Imploro que se haga una ley muy severa para impedirlo”. Estas palabras fueron pronunciadas por el difunto presidente Hugo Chávez el 22 de noviembre de 2010 desde la AN, en un acto “en defensa de la patria”.

Más que un ruego, aquello fue una orden que la bancada chavista intentó cumplir al desempolvar en diciembre de ese año el proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Calixto Ortega, en ese momento diputado oficialista por el estado Zulia y miembro de la Comisión de Política Exterior, justificó la necesidad de aprobar esa norma para evitar que los recursos de las ONG “se destinen a deteriorar la imagen del país”.
La declaración de Chávez y la respuesta de la mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el parlamento, encendieron las alarmas de la Comisión Interamericana de DDHH, que de inmediato comunicó su inquietud a la opinión pública.

“La vaguedad del lenguaje de algunas disposiciones del proyecto y el amplio margen de discrecionalidad que otorga a las autoridades encargadas de reglamentar la ley generan el riesgo de que esta norma sea interpretada de manera restrictiva para limitar el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión, participación política e igualdad. Esto afectaría seriamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, cuyo rol independiente ha sido fundamental para el fortalecimiento de la democracia venezolana”, manifestó hace cinco años la CIDH.

Al final, la Cámara engavetó el proyecto —que estaba en su agenda desde 2006— y en su lugar terminó sancionando la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que restringe el financiamiento de los partidos y las “organizaciones para la defensa de los derechos políticos”.

¿La fracción chavista completará, por fin, la tarea que en su día le encomendó Chávez? Luego del 6 de diciembre, conocidos los resultados electorales, los diputados del Gobierno decidirán si antes de despedirse, le propinan el último mazazo a las ONG en el país.