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Los muertos de Uribana

Desde el martes 18 de noviembre la cárcel de Uribana protagoniza una historia de sangre. Más de 40 muertos manchan nuevamente sus barrotes. La rebelión, que se prendió por los supuestos abusos de su ex director Julio César Pérez, terminó con un cóctel mortal que ingirieron decenas de reclusos. Mientras el caos se aplaca, el luto, las lágrimas y, sobre todo, la zozobra dan cuenta de la crisis penitenciaria del país

Fotografía: Ángel Zambrano
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El martes 18 de noviembre, Julio César Pérez es nombrado como director del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como la cárcel de Uribana, emplazado al norte de Barquisimeto. Había desempeñado el mismo cargo en la Comunidad Penitenciaria Fénix. Desde que llegó supuestamente comenzó a maltratar a los internos.

El miércoles 19 se metió en el módulo 1, donde hay unos 300 reos, entre ellos, Raúl Emilio Baduel, —hijo del general Baudel— y Alexander Tirado, los llamados presos políticos, quienes fueron detenidos por hacer guarimbas en el estado Aragua.

Teresa Liscano, una de las madres que tiene a su hijo en ese sector, comentó que ese día Pérez sacó a los hombres, los desnudó y los puso boca abajo en la cancha del penal a pleno sol del mediodía, donde estuvieron durante tres horas. “Los golpeó con un palo que cargaba en las manos, pero a quienes más maltrato fue a Baduel y a Tirado, imagino que por cuestiones políticas. Los demás se quemaron los genitales, por eso un grupo de familiares comenzamos a denunciar, porque de esa manera no van a corregir lo que han hecho, se ponen peor”, asegura.

Pérez prosiguió por los demás sectores a hacer lo propio. Los días sucesivos se incrementaban las quejas, por lo que un grupo de personas denunció ante Ministerio Público. Al menos 25 delaciones reposan ante las autoridades competentes.

El jueves 20, los maltratos fueron para algunos custodios, a quienes además habrían sacado de sus dormitorios durante la madrugada. El lunes 24, a las 7:00 de la mañana con el canto del Himno Nacional, se dio la orden para iniciar una huelga de hambre entre los reclusos, a fin de exigir la destitución del director que no tenía ni una semana en el cargo y que había sido protestado en las cárceles de El Rodeo y Mérida, por la misma situación.

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A media mañana de ese día, los reos salieron de sus sectores y tomaron el poder del penal. El personal administrativo del recinto carcelario salió corriendo. La cárcel modelo, era nuevamente con régimen abierto. Hubo una especie de golpe de Estado en Uribana. Los custodios no podían controlarlos.

A los internos se les observaba por la parte trasera de la edificación, encima de los techos, mostraban pancartas pidiendo auxilio. En paralelo, las mujeres desde su anexo gritaban: “no queremos a Julio, no queremos a Zully”, esta última directora del sector femenino.

Algunos de los custodios fueron esposados y los mantenían encuartelados. A los minutos llegaban los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), daban refuerzo pero no podían controlar la situación.

La voz de lo ocurrido iba corriendo, cientos de familiares desesperados llegaban al lugar. Desde afuera pedían información pero no se la suministraban. “Se desbordó el penal”, era lo que les manifestaban.

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Las lágrimas comenzaron a invadir los rostros de los familiares. El desespero los arropaba. Un humo comenzaba a pintarse desde la fachada hacia el cielo. En ese momento, los internos incendiaron el área administrativa, donde se encontraban sus expedientes, lo mismo hicieron con una de odontología que próximamente iba a ser inaugurada.

La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, se pronunció desde Caracas, donde expresó que “lo ocurrido en Uribana es porque se le quitaron los beneficios que tenían”.

María Elizabeth González, una mujer de piel morena, ojos grandes, gruesos labios y de carácter aguerrido, tomó parte del liderazgo. Dijo que la noche anterior, mientras dormían los familiares en medio los matorrales de las adyacencias de la cárcel, fueron arremetidos por los funcionarios de la GNB. “Nos hicieron correr a punta de perdigones y bombas lacrimógenas. Nuestras armas son los corazones como madres, las manos y nuestro sufrimiento”, pedía a gritos la presencia de la ministra Varela, “dale la cara al pueblo (…) estamos contigo pero apóyanos”.

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El coctel que los llevó a la muerte

En medio de la reyerta, los internos se metieron en la enfermería donde encontraron gran cantidad de fármacos: Fernobarbital, Tegretol, Acetaminofen, Paracetamol, Omeprazol, Buscapina, Atroverán, ampollas de Penicilina, entre otros. Los ligaron con alcohol yodado y absoluto para hacer el llamado “coctel de la muerte”, del cual bebieron algunos procesados.

El miércoles 26 se registraron los primeros dos decesos. Comenzaban los rumores de lo que habían tomado, presuntamente, porque fue una manera de drogarse. Ese día, más de 700 hombres fueron trasladados hasta la cárcel de Tocorón en Aragua y a la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) en Guárico. Ocho de ellos murieron: cinco en el primer recinto y tres en el segundo, mientras que más de 20 permanecían recluidos en centros hospitalarios.

Las autopsias daban parte de una intoxicación medicamentosa, además presentaron edema pulmonar extenso agudo y congestión cerebral.
En Barquisimeto fue habilitado el Hospital Central Antonio María Pineda, a donde llegaron en principio 35 internos, según Ruy Medina, director, quien informó que 33 estaban intoxicados y dos quemados. Linda Amaro, directora del Hospital de Seguros Sociales Pastor Oropeza, dio cuenta de 26, de los cuales fallecieron dos. En el Hospital Militar José Ángel Álamo, arribaron otros 20, cuatro de ellos, hoy difuntos.

Sin identificar

Los muertos e intoxicados no podían ser identificados. Sus expedientes estaban quemados y los vivos no habían reaccionado por los efectos secundarios. Los centros asistenciales se llenaban de familiares —querían saber lo que pasaba. La Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Humanos del Ministerio Público tomó la investigación. Pasaban en fila a los parientes hasta la morgue para que reconocieran los cadáveres.

Edilia Teresa Morales, madre de Juan José Morales Hernández, de 32 años, se derrumbó al salir de las cavas que amortajaban a su hijo. Daba gritos acompañados de llanto, no podía creer que estaba muerto y de una vez responsabilizó al Gobierno de lo que pasaba: “Los envenenaron con la comida porque estaban protestando al director”.

Dijo que su hijo estaba privado de libertad por un supuesto robo a un autobús en Caracas. “Él nos decía los malos tratos que le daban y la comida que les proveían parecía para perro. Llegó pesando 80 kilogramos y ahora 42”.

Hay esperanzas

En la sala de espera del hospital aguardaba un grupo de familiares de un joven de Trujillo. Dijeron que hasta el tercer día no conocían el paradero de su allegado, no fue sino hasta que un amigo les escribió para decirles que estaba hospitalizado y muy mal. “Estaba en trauma shock pero ya le quitaron los tubos. Abrió los ojos un par de veces. Mantenemos esperanzas”, expresó Pedro Marcano, quien manifestó que su hijo tiene cinco años privado de libertad, por un supuesto robo.

A él lo condenaron a cuatro años, ya su tiempo en la cárcel pasó. “Pero el retardo procesal en el país y la burocracia en los tribunales no lo han dejado libre. No debió pasar por esto porque ya era para que estuviera en la casa”, se lamenta. A su vástago, —no quiso identificarlo por miedo a represalias— lo tuvieron en El Rodeo, en Barinas y ahora en Lara. “Supuestamente iba a estar mejor por el nuevo régimen pero no es así. Cada vez que veníamos a visitarlo gastábamos hasta tres mil bolívares por los materiales que le traíamos, la comida y los gastos de nosotros”.

Desde Zulia y con su particular acento, estaba Nohelia Rodríguez, quien los primeros días no sabía nada de su hijo, pero al cuarto, su nombre apareció entre los trasladados hasta Tocuyito: “se lo llevaron con los presos políticos», comentaba con aliento la mujer.

Llegó Varela

Los rumores de que la ministra Iris Varela se encontraba en el penal corrían, pero no fue sino hasta el séptimo día, el domingo 30 de noviembre, cuando la jefa de la cartera ministerial, descendió desde una camioneta gris. Llegó vestida con una blusa azul, acompañada por gran cantidad de escoltas que se acercó hasta unos ranchos donde pernoctaban aún algunos familiares.

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“Ella nos pidió perdón por lo ocurrido. Dijo que no era su culpa y para ello comenzaría a hacer el Plan Cayapa”. Para ese momento, la cifra de fallecidos, ascendía a 40: 32 en Lara, cinco en Aragua y tres en Guárico.

Al otro extremo estaba Nancy Rodríguez, de Barquisimeto, quien temía de ir a la morgue a reconocer alguno de los 14 cadáveres que aún estaban sin identificación. No quería ver si su hermano Yonathan Samuel Rodríguez Viaña, de 25 años, era uno de ellos. “No sé nada de él, la última vez que lo vimos estaba descalzo y muy flaco. Nos dijo que en las madrugadas le pegaban. Estaba muy mal porque él también vivió la masacre de 2013 (…) no aparece en ninguna lista de las que han publicado”.

Finalmente, Julio César Pérez, fue destituido del cargo y detenido por el Sebin el jueves 27 de noviembre, por una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 4º de control en Lara, por los hechos acaecidos en la cárcel de Uribana.

Una cruenta historia

En medio matorrales y una laguna de agua, fue construido en 1985 el penal Centro Penitenciario David Viloria. Cuenta con tres hectáreas. Fue inaugurado, sin embargo, en 1999 debido a una masacre ocurrida en “La 13” —como se le conocía entonces a los calabozos de la Comandancia de la Policía del estado Lara.

Ciento diez privados de libertad fueron los primeros en estar detrás de los garrotes de Uribana. Con el tiempo fueron llegando más delincuentes al lugar, donde el hacinamiento ya se hacía común. Con los años, las autoridades iban perdiendo autonomía y eran los llamados “carros” de los internos, los que mandaban en el sitio.

En la antigua Uribana se cometieron cinco masacres: la primera en 2.000, conocida como Los Boliqueso; la segunda en 2.004 llamada Barreto, donde a un sujeto con este apellido le cortaron la cabeza, al igual que a otros reclusos; la siguiente fue la de Ninrro, comenzó el 3 de diciembre de 2.007 durante una visita por el control del penal y la más reciente, quizá la más sangrienta, en enero de 2.013, durante el desalojo del penal a fin de implementar el nuevo régimen penitenciario, donde murieron más de 55 reos, un Pastor evangélico y un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En abril de 2.013, la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, reabrió el recinto carcelario. Con 200 procesados comenzó a poblar los espacios que habían sido recuperados para el momento. También hay un anexo femenino. En la actualidad, hay más de mil mujeres, cuyos parientes han manifestado en diversas oportunidades los malos tratos a los que son sometidas: les cortan el cabello, les pegan, las ponen a hacer orden cerrado en las madrugadas, entre otras. No importa la edad o si están embarazadas.

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