El terror y la sangre de las OLP

Las OLP cumplen su primer año y mes. Allanamientos y ajusticiamientos a la brava por parte de Guardia Nacional (GN), Sebin, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y encapuchados colados en camuflaje de extraña procedencia. Lejos de todo éxito, destrozan, levantan ronchas, recelo y violencia. Hasta la platinada fiscal, Ortega Díaz, objeta los procedimientos

Faena del “madurismo” para limpiar la patria. Otro acrónimo más del socialismo: OLP, que se traduce en Operación de Liberación del Pueblo. Este enreda, bajo guiño panárabe, madruga y espeluzna. Funciona con salvoconducto presidencial y licencia para actuar a domicilio.

Las OLP le ponen la cara pálida a un indio comanche. Allanamientos en cambote, agresiones físicas, muertes, desahucios, hurtos y destrozos componen las hojas de ruta de cada una de estas acciones. Llama la atención la ausencia de órdenes judiciales y de Fiscales del Ministerio Público durante los procedimientos, así como la presencia de diferentes cuerpos policiales y militares, además de otros agentes no identificables. Keymer Avila, abogado y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afirma que “la actuación de diversos grupos especiales de seguridad dificulta la individualización del cuerpo y eso es típico de este tipo de operativos”.

El 13 de julio del 2015 se puso en marcha la primera OLP. Según palabras del Presidente, en una noticia del portal Correo del Orinoco, en esa misma fecha, “el narcotráfico y el paramilitarismo colombiano han intentado instaurar en Venezuela un sistema que le ha hecho mucho daño al país y estoy firmemente decidido a derrotarlo, a desmontarlo”. Y añadió que esto se conquistaría con la siempre axiomática “unión cívico militar”.

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Hechura de desgobierno

Desde 1999, en Venezuela se han implementado 24 operativos para controlar la seguridad ciudadana. No hay uno de ellos que haya resultado ni que haya logrado la “liberación del pueblo” del hampa. Increíblemente, se ha alcanzado todo lo contrario: ser el país más violento de la región y despuntar entre los más peligrosos del mundo.

El tema de la seguridad ciudadana, siempre en el vórtice de las necesidades locales, no fue parte de la agenda de Chávez durante su primer período. Era más importante lograr la inclusión social. Pero a partir del 2006, a través de la creación de CONAREPOL, Comisión Nacional para la Reforma Policial, se diseña un “Nuevo Modelo Policial”, en el que “el Servicio de Policía es de carácter civil y profesional”, según reza el Artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

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Las OLP echan por tierra la revisión “humanista” y de corte civil de la policía, confeccionada y aprobada por el Gobierno en el 2009, y se arrogan procedimientos y lógicas de mano dura, “más de Thatcher o de Reagan”, según Keymer Ávila. “Estas políticas de mano dura no son una novedad en Venezuela. Ya hay una historia de este tipo de operaciones: el Operativo Oriente en 1965, la Operación Vanguardia en los años 70 y el Plan Unión en los 80. Y las OLP son una continuación de estos planes. Son explosiones bélicas esporádicas, pero no efectivas, agravan los problemas en lugar de disminuirlos”, Keymer.

En un video de su programa de televisión, En Contacto con Maduro, Número 27, del 30 de enero de 2016, de nuevo acusa a la derecha internacional de infiltrar a bandas de narcotraficantes y “malandraje”, a su vez vinculadas con la derecha del país y, audaz, revela sus fuentes de información: “Pérez Pirela, Mario Silva y Zurda Konducta, los analistas”. Su think tank. Entre chiste casual y fanfarronada, implora buen proceder, exhorta música, deporte y cultura en los “territorios de paz”, y sin pelos ni sobrinos en la lengua, es tajante: “El que esté metido en delitos y narcotráfico, ¡fuera de los urbanismos! (…) Quiero que se cumpla esta orden.”

Poder sin límites

Provea, Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos, ha elaborado, junto a Human Rights Watch, un informe minucioso que lleva por nombre Poder sin Límites en el que da cuenta de las intervenciones de las OLP desde el primer madrugonazo.

Allí detallan:

  • Asesinatos  y ejecuciones extrajudiciales: “las evidencias que obtuvimos sugieren que las personas que murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad no representaban una amenaza (…) en al menos un caso la víctima estaba acostada en su propia cama”.
  • Detenciones arbitrarias.
  • Desalojos forzosos y destrucción de viviendas: “en dos redadas, cientos de viviendas habrían sido destruidas con topadoras”.
  • Deportaciones arbitrarias, en el operativo en Táchira: “más de 1700 ciudadanos colombianos han sido deportados desde entonces. Muchos indicaron que tenían permiso legal para vivir en Venezuela”.

Asimismo, ofrece testimonios de víctimas de numerosos casos. El informe explica la ausencia de garantías de derechos humanos y formula recomendaciones para el cese de los abusos cometidos por los cuerpos policiales.

El balance desde julio del 2015 hasta diciembre es aterrador: “245 personas asesinadas, 15946 detenciones y 17 mil allanamientos sin orden judicial”, según Rafael Uzcátegui, coordinador general de PROVEA. Según Inti Rodríguez, también coordinador de PROVEA, hasta la fecha, “la cifra de muertes asciende a 440”. Aunque para el mandatario las cifras sean positivas y representen “1490 viviendas recuperadas”, Ávila y Uzcátegui difieren: “Muestran como un éxito la recuperación de viviendas que en muchos casos no tienen ni un año de haber sido asignadas y esas 1490 viviendas recuperadas son 1490 núcleos familiares afectados”.

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En carne viva

El 12 de julio la diputada Delsa Solórzano llevó a tres víctimas de las OLP a la Asamblea Nacional (AN) para que relataran sus historias y denunciaran los abusos cometidos por los cuerpos policiales. A continuación, los testimonios de estas tres mujeres entrevistadas.

Olga Meza, madre de Ángel Joel Torrealba

Vía telefónica, Olga comparte su tragedia. El cariño del saludo comienza a ahogarse en su llanto, pide disculpas porque hiperventila y sigue como puede: “Fue a las 2: 30 am. Eran cinco hombres. Nos sacan de la cama. A mi esposo lo patean y lo golpean en la sala. A mí me inmovilizan con una rodilla en el estómago y un arma en la boca. Como pude les dije que había dos menores de edad en una habitación. Mi hija estaba amamantando a mi nieta de seis meses en su cuarto. Mis hijos varones dormían juntos. Ángel estaba rendido. Había llegado como a las 11 pm de trabajar, trabajaba de mesonero en un restaurant de playa en El Yaque y me había contado cómo le había ido ese día, que estaba muy cansado y que se iba a dormir. Me ayudaba mucho económicamente porque yo tengo cáncer en los huesos. Los policías entraron a la habitación de mis hijos. Mi hijo pequeño vio todo eso. Le dispararon cuatro veces. Estaba bañadito en sangre”.

Aquí ya no puede contenerse y, entre sollozos y pausas para recuperar el tono, sigue: “Y él me miraba con muchísimo dolor pidiéndome ayuda con sus ojitos. Estuvo vivo unos momentos luego de los disparos y yo no pude cubrirlo ni impedir que lo mataran porque me tenían paralizada. Nos sacaron de la casa y oí más disparos y a un policía que gritaba que Ángel tenía un arma. Después de eso, sacaron el cuerpo de mi hijo delante de mí y lo montaron en una camioneta. Nos llevaron a mi hija, a mi hijo de seis años, a la bebé y a mí, en otro carro. A mi esposo ya se lo habían llevado. Nos llevaron por un monte y nos acostaron en el piso, separadas nosotras del niño y de la bebé, pero aún podía verlos”. Olga cuenta que son aún las 3: 30 de la mañana.

“Como a las cinco, cuando los policías se apartaron, agarramos a los niños y nos pusimos a correr”. Un hombre en un carro, en medio de la nada, ofrece llevarlos al hospital. Olga tiene la esperanza de encontrar a Ángel, pero no, estaba ya morgue.

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Brigitte Duarte, madre de Winderlan

Con claridad cinematográfica, Brigitte relata cómo desde que la llamaron por teléfono para que le diera una llamadita a su “negrito” sintió la incisión en sus entrañas. “Estaba haciendo una diligencia en Charallave. Venía en el Ferro y vi a mi tía correr hacia mí con el rostro desencajado, ahí supe todo. Apenas me vio le pregunté: ‘¿qué pasó?’ ‘¿Me lo mataron, verdad?’”.

Winderlan era jugador de basket, tenía 17 años. Luego de una partida en la cancha, en El Guarataro, se fue a comprar un cigarro a la bodega y allí vio bajar a un muchacho herido. Winderlan y Luis Manuel Méndez lo acompañan a casa de este último para ayudarlo, lavarlo, ver dónde tenía la herida y, si podían, curarlo. Justo cuando comenzaron a lavarlo entraron los agentes. Aunque los tres jóvenes elevaron los brazos, señal universal de rendición, los mataron. A Winderlan, de dos impactos, uno en el pecho y el otro en la cabeza.

“Mi hijo era un muchacho bueno. Todavía me pregunto por qué la vida me ha llevado tan lejos. Perder a dos hijos. El primero, también de 17 años, en manos del hampa y Winderlan, asesinado por un policía. No duermo. Todavía espero su llamada. Espero su respuesta. Si yo hubiera estado allí con él, en mi casa, eso no hubiera pasado. Lo vi, te juro que yo vi su cara y su dolor cuando le dispararon, es como si me hubieran despedazado el alma. Son cosas que solo nos pasan a las madres. Tengo mucho dolor y mucha rabia. Me quiero ir de aquí, no quiero vivir más aquí. Me quiero ir a República Dominicana, así pase trabajo. No quiero estar más aquí”. A Winderlan fue asesinado el 27 de mayo de 2016.

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Emily León

La Ensenada es una comunidad que tiene 33 años. El abuelo de Emily fue fundador del sector y ella había vivido 22 años allí. “Un viernes 24 de julio a las 4: 30 de la mañana de 2015, nos rodearon, nos dieron dos horas para desalojar por las buenas o por las malas y nos dijeron que nosotros decidíamos el mecanismo”.

Ellos sí vieron a un funcionario con carnet del Ministerio Público y algunos representantes de la Lopna anotando nombres de menores, pero “estaban más asustados que nosotros. Los GNB, muy agresivos y los PNB, muy retirados de nosotros. Mi abuelo les dijo que tenían que fusilarlo para sacarlo de su casa, tiene 84 años. Los guardias dijeron que si tenían que hacerlo lo harían. Se llevaron a mi hermano, de 16 años, a mi hermana y a un vecino, detenidos por ocho horas en el Poliedrito. Para soltarlos, hicieron que mi mamá firmara un documento que decía que no los habían maltratado. Y por supuesto que los maltrataron, los golpearon. Cuando llegó la Alcaldía de Caracas empezaron a tumbar paredes con mandarrias”.

Esa noche de lluvia, duermen en la mismísima Panamericana hasta que amanece. Emily, sus dos hijos de ocho y seis años, su familia y todas las familias afectadas.

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A las seis llegó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con una bulldozer y comienzan a tumbar las casas. Los agentes, amparados en salvoconducto presidencial, entonaban “Patria querida” mientras perpetraban el desalojo. Camiones de Barrio Tricolor y Barrio Nuevo se llevan lavadoras, secadoras, cocinas, nevera, muebles, comedores, ropa, a un refugio en La Yaguara. En su cabeza estaba la preocupación del abuelo alterado en una emergencia, sus hermanos detenidos y su familia en la calle. Sus vecinos sí fueron a buscar sus pertenencias al refugio. No encontraron nada.

Dos días después, el 26 de julio, les ofrecieron el Poliedrito como posible refugio. Van. Allí les piden documentos para verificar pruebas de domicilio y partidas de nacimiento de los niños. Ella fue a buscarlos a La Ensenada, pero solo había escombros. Un guardia la acusa de ser la dueña de 14 matas de marihuana y la trasladan al Core 5 en Tazón. Detenida. Le dictan privativa de libertad por 45 días bajo investigación por las matas. “Nuestro sector cultivaba, somos agricultores. Los guardias salieron con su mercado de verduras y legumbres. El 10 de septiembre me llega la boleta de excarcelación al INOF. Salí con sobreseimiento de la causa. No había pruebas en mi contra. No había fotos que probaran ni indicios de nada”.

Ahora duermen 18 personas —todos afectados de La Ensenada— en el apartamento de una prima en Casalta. Los ofrecimientos de refugio se han quedado en palabras. Un año y mes sin casa.

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Según el reporte de PROVEA, “100 viviendas —81 en La Ensenada, 7 en Divino Niño y 12 en Bosque Verde— donde vivían 106 familias fueron demolidas por miembros de la Guardia Nacional”. En la comunidad cercana de El Cují, residentes de otros sectores adyacentes dijeron que otras 220 viviendas fueron destruidas de igual modo y en el mismo operativo.

Cajón de sastre

El combate entre OLP y ese amorfo Caballo de Troya que es la Gran Misión Vivienda es solo una fracción del rango de acción que pretende cubrir este proyecto de Maduro. Tanto Rafael Uzcátegui como Ávila piensan que “desde una perspectiva de pragmatismo político es incomprensible perjudicar a quienes han sido beneficiados con políticas de inclusión”.

Las palabras de Emily, la víctima de La Ensenada, retumban: “El sector era 90 % chavista, teníamos UBCH, milicias, consejo comunal. Muchos empezaron como ranchos y se convirtieron en viviendas con ayudas del gobierno. La comunidad inocente, incluso en las elecciones del seis de diciembre, votó por ellos”.

Lo cierto es que la versatilidad y el alcance de estos operativos pasman, así como el apetito del Presidente por administrar justicia y poner orden a punta de OLP. De su boca sale su brainstorming. “Uno: lanzaré una OLP para bachaqueros; dos: activaremos ‘mega jornada’ de OLP; tres: detenidos en las OLP irán a cárceles especiales —curiosamente como en la IV República la Ley de Vagos y Maleantes pretendía enviar a los delincuentes a El Dorado—; cuatro: he preparado una ley orgánica, la ley de las OLP; cinco: hasta el último rincón del último estado; seis: OLP en su tercera fase”.

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Ávila brinda la imagen del “cajón de sastre”. “Los sastres debajo de su mostrador tienen una gaveta con todo: telas, botones, tijeras, parches, cierres, retazos, cualquier cosa”. Estos operativos, como el cajón de sastre, dan para mucho, sobre todo “en este momento de crisis de legitimidad, en diversas esferas del ejercicio de poder, en lo político, económico e institucional”, estas ejecuciones son el modo de demostrar fortaleza y “cuando se reduce el estado social lo llenas con estado penal. Las primeras víctimas son los “nadies”. Estas políticas autoritarias siempre empiezan por los nadies, pero no se sabe dónde terminan”.

La Fiscal y los Derechos Humanos

Todas las intervenciones de las OLP han violado sistemáticamente el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso, a la libertad ambulatoria y al derecho a la vivienda. Desde el Artículo 43 al 50, consagrados a los Derechos Civiles en la Constitución Nacional, han sido vulnerados. De igual modo, estos mismos derechos están en convenios internacionales de Derechos Humanos.

Emily terminó el relato de su desahucio con desesperanza. “Siento mucha decepción. Y mucha impotencia. Me gustaría que el gobierno se pronunciara, por qué en nuestro sector, por qué ese desalojo tan arbitrario. ¡Nos quedamos sin casa! No me parece que las OLP den buenos resultados”. Le queda el sinsabor de una foto que se tomó el Presidente, aún no lo era, cargando a su prima cuando era bebé y tenía casa.

Olga Meza, quien antes ofreció su testimonio, confiesa que ha sido seguida y detenida varias veces desde que denunció en la Fiscalía la injusticia cometida con su hijo, el allanamiento, la muerte, los golpes, el robo. “Mi esposo se niega a contarme lo que le pasó a él, su parte de la historia, porque él estuvo siempre detenido aparte. Yo me vine unos días a Caracas, necesitaba salir de la isla y aproveché para ir al médico. Me hice unos análisis y el médico me dijo que mi enfermedad había avanzado. Con todo esto descuidé mi tratamiento. Mi hijo ya no quiere dormir aquí, tiene miedo”.

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Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, en una entrevista concedida a Venevisión el 20 de julio, con actitud conciliadora y con una rectitud que eriza y esquiva, habla de que los planes de prevención son necesarios para controlar la violencia. Y luego entra en tema: “Nos preocupa las OLP por la cantidad de denuncias que hemos recibido del Ministerio Público, sobre todo de violaciones de Derechos Humanos por parte de los funcionarios”. Habla del caso de la Cota 905, en 23 de Enero y Ciudad Caribia, de destrucción de viviendas, los hurtos, violencia y hasta de “particulares interviniendo en operativos de OLP como funcionarios activos”.

Las que siguen, no son buenas noticias: la tragedia que las OLP llevan consigo, la constante violación de derechos humanos, que se infiltren colectivos o “particulares” en una operación —eterno juego de espejos— que intenta desarticular “bacrim” o bandas paramilitares, y, finaliza Keymer Avila: “el hecho de criminalizar a determinados sectores sociales solo puede tener como resultado el fenómeno de las profecías autorrealizadas, que en determinados grupos etarios, independientemente de que sea real, a la larga puede convertirse en una realidad fáctica”.